Justicia: no agravar el actual colapso

Cuando falta apenas un día para la reapertura de los tribunales judiciales en la Argentina, a punto ya de concluir el periodo anual correspondiente a la feria de verano, existe preocupación en algunos sectores ante la perspectiva de que el servicio de administración de justicia se vea enfrentado a una sobrecarga de trabajo que exceda su ya colapsada capacidad de respuesta.

Ya en otras oportunidades nos referimos a los gravísimos problemas que afronta el Poder Judicial, que en muchas jurisdicciones debe hacer frente a un abultado número de causas con una infraestructura técnica y administrativa notoriamente insuficiente. En esta oportunidad existe el temor de que esas dificultades se agraven por la multiplicación de situaciones litigiosas que podría provocar la suma de conflictos generados por las restricciones impuestas a la disponibilidad de los depósitos bancarios y por los sistemas de revisión de contratos entre particulares establecidos en la ley de emergencia pública.

Esa limitación funcional de los órganos de la Justicia para atender y resolver en tiempo y forma los múltiples reclamos de quienes acuden a sus estrados con la esperanza de obtener el reconocimiento de sus derechos se traduce inevitablemente en un factor de perturbación que conspira de manera notoria contra la eficiencia del sistema judicial.

A superar esos problemas apunta, fundamentalmente, el proyecto de decreto de emergencia judicial que tres reconocidas instituciones del sector privado –el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba)– presentarán en los próximos días al ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con el objeto de contribuir a la reconstrucción institucional de la Nación y al fortalecimiento de la hoy deteriorada seguridad jurídica.

Entre las medidas coyunturales que se proponen para dinamizar el funcionamiento del servicio de justicia figura, en primer término, la extensión de la jornada judicial de trabajo con miras a asegurar un continuo servicio de justicia, que satisfaga los requerimientos de la ciudadanía. Se menciona como antecedente de esta aspiración un acuerdo reglamentario del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, que en 1997 dispuso que los funcionarios y empleados judiciales cumplieran jornadas de 45 horas semanales.

Al fundamentar esta modificación del régimen de trabajo tradicional del sector judicial, los representantes de Fores, IDEA y Cacba manifiestan que “un tribunal cerrado constituye una muestra de insensibilidad ante las dificultades que vive la población” y comparan esa situación con la que se plantearía si los hospitales y las comisarías permanecieran inactivas durante un prolongado período.

El proyecto propone, además, que se consagren como principios de rigurosa observancia legal el cumplimiento obligatorio del horario de trabajo para los agentes del Poder Judicial, la eliminación de toda medida que disponga el cierre uniforme de los tribunales y la prohibición de que se declaren paros laborales en el ámbito de la Justicia.

Se propicia, asimismo, la reorganización del Consejo de la Magistratura con el fin de que se reduzca el número de sus integrantes y se atenúe el peso de los núcleos representativos del sector político. Esta última propuesta coincide con la que La Nacion defendió desde esta columna cuando se creó el consejo. Sostuvimos, en esa oportunidad, que en el organismo debía tener mayor gravitación la representación de los sectores profesionales y, especialmente, de las asociaciones de jueces y abogados.

La iniciativa incluye la supresión del Jurado de Enjuiciamiento como órgano institucional permanente. Se recuerda, en ese sentido, que durante el año 2000 ese órgano ocasionó un gasto de dos millones de pesos, a pesar de lo cual su actividad fue prácticamente nula. Entre otras novedades que se proponen figura la derogación de todas las cláusulas laborales que impidan el normal funcionamiento de los tribunales y una reglamentación específica que consagre la dedicación exclusiva de los magistrados judiciales a su función. Con el fin de cumplir todos estos objetivos, el proyecto incluye un artículo por el cual se declara en estado de emergencia la prestación del servicio de justicia.

Además de estas medidas de coyuntura, la propuesta propicia la creación de una comisión integrada por el ministro de Justicia, un representante del Poder Legislativo y un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de llevar adelante un plan general de reforma judicial que tenga por objetivo fundamental superar la morosidad de los tribunales, lo que en muchísimos casos constituye una verdadera denegación de justicia, asegurar la independencia de la Justicia y otorgarle niveles de eficiencia acorde con el presupuesto del que dispone el área y con las circunstancias que vive el país, a los efectos de recrear la confianza de la ciudadanía en la Justicia como requisito básico del fortalecimiento de nuestras instituciones.

En los considerandos del decreto propuesto se hace notar que el Poder Judicial se encuentra actualmente cuestionado desde diversos ámbitos de la población y que esa situación tiene su origen en el ineficiente funcionamiento de diversos fueros, “provocado por un exceso de trabajo y por objetables criterios de división de funciones, así como por episodios aislados de corrupción que han sido percibidos por la ciudadanía como obstáculos insalvables a la confianza que deben suscitar los tribunales”. En el párrafo siguiente se afirma que, a pesar de ello, “el Poder Judicial cuenta con excelentes magistrados, funcionarios y empleados que brindan, con vocación y entrega, todos sus esfuerzos para cumplir con sus elevadas responsabilidades”. Sería muy difícil no coincidir con esos juicios y esas opiniones.

Luego de hacer referencia a la saludable decisión del actual Poder Ejecutivo de respetar la independencia y la estabilidad de la Corte Suprema, se señala –con acierto– que, sin perjuicio del debido reconocimiento a esos principios, la situación actual del Poder Judicial requiere un plan de reforma que contemple medidas de coyuntura y otras de mediano y largo plazo que tiendan a recrear la confianza pública en la Justicia.

En momentos en que existe un fuerte reclamo popular en favor del mejoramiento de nuestro colapsado sistema judicial, las autoridades deberían prestar especial atención a este valioso aporte institucional proveniente del sector privado a fin de lograr que su aplicación contribuya a recuperar el funcionamiento de un servicio de justicia eficiente y confiable en toda la extensión de la República.