La agenda de la venganza y del odio

Casi 37 años atrás, un nutrido grupo de personas condenadas por actividades terroristas fueron indultadas y amnistiadas. Los delitos perdonados incluyeron asesinatos, secuestros extorsivos, privaciones ilegítimas de la libertad, lesiones y robos. No hubo de parte de muchos de quienes así recuperaron la libertad arrepentimiento por los violentos hechos cometidos. Por el contrario, existió en su ánimo la voluntad de reincidir en ellos. Quienes resolvieron la libertad de los condenados -el presidente Héctor Cámpora, que los indultó, y el Congreso recién constituido, que los amnistió- no tuvieron en cuenta ni consideraron siquiera, si el perdón y la libertad que concedían ponía en riesgo a la sociedad argentina.

Los acontecimientos pusieron en evidencia que buena parte de quienes habían sido perdonados se consideraban por encima de la ley, orgullosos de los delitos cometidos y de la lucha emprendida. Y al poco tiempo perpetraron nuevos hechos atroces que privaron de vida o de integridad física o de libertad a civiles, policías y militares; a menores y mayores, a hombres y mujeres, mayoritariamente ajenos a las reivindicaciones pretendidas por aquellos iluminados.

Los jueces que los condenaron en procesos regulares, con todas las garantías constitucionales, fueron hombres de derecho con acreditados antecedentes en el fuero penal. Los servicios que prestaron con riesgos para sus vidas no fueron reconocidos; por el contrario, luego de la amnistía, se los privó de sus empleos y a partir de ello se convirtieron en blancos de atentados. Uno de ellos fue asesinado; otros se salvaron milagrosamente y debieron exiliarse ante la confesión de impotencia de las fuerzas de seguridad que les advirtieron que no podían garantizar sus vidas.

La violencia engendra violencia. Como consecuencia de la reanudación de los crímenes terroristas bajo gobiernos constitucionales, desde el gobierno de Juan Domingo Perón se concibió y organizó la denominada Triple A, que actuó ilegalmente bajo el gobierno de su esposa con el propósito de contrarrestar la actividad terrorista desarrollada por ERP y Montoneros, entre otras organizaciones guerrilleras. Los crueles ataques de que fue objeto la democracia recuperada llevaron al gobierno constitucional a ordenar a las fuerzas armadas que se involucraran en la lucha, ya que las de seguridad estaban superadas. Luego siguieron los excesos en la lucha contra el terrorismo, de los que fueron responsables integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco de una contienda fratricida en la cual tanto terroristas como sus represores incurrieron en actos crueles e inhumanos.

Desde la asunción de la presidencia por Néstor Kirchner, y luego, durante el mandato de su esposa, desde el Poder Ejecutivo se ha procurado idealizar la actividad terrorista desarrollada en la década del 70 y demonizar a quienes la reprimieron. A estos fines, se han impartido cursos en colegios y universidades, se ha promovido la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de pacificación dictadas a instancias de Raúl Alfonsín, y de los indultos dictados por Carlos Menem, en este caso, tan sólo respecto de los represores pero no de los terroristas.

Con el mismo propósito, se designó como secretario de Derechos Humanos al abogado Eduardo Luis Duhalde, protagonista en esa década como apologista, desde la revista Militancia , de muchos de los atroces crímenes cometidos por el terrorismo. La designación de un antiguo promotor de la violencia en un cargo de esa naturaleza sólo podría justificarse si mediara algún arrepentimiento en la persona así designada. Pero no ha sido el caso. El secretario de Derechos Humanos es absolutamente funcional al propósito de reescribir la historia, de perseguir a sus antiguos adversarios y de llevarlos a la cárcel, en condiciones a veces violatorias de los mismos derechos que debiera proteger, despreocupándose de los demás aspectos que hacen a la protección de los derechos humanos en la actualidad. En este sentido, es oportuno y triste recordar que alrededor de un centenar de ancianos han muerto en cautiverio durante prolongados procesos sin que se los haya condenado.

Desafortunadamente, varios de los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia también han sido funcionales al propósito oficial de perseguir a integrantes del gobierno militar y de dotar de impunidad a los de las organizaciones guerrilleras, declarando delitos de lesa humanidad a los actos perpetrados por los primeros más no así, a los cometidos por los segundos. Esta distinción, que lleva a la persecución de unos y a la impunidad de otros, no tiene cabida en los tratados internacionales incorporados a la Constitución a partir de 1994 y también invocados como fundamento para declarar inconstitucionales las leyes pacificadoras de Alfonsín, previamente reconocidas por la Corte como válidas, y los indultos de Menem, excepto los concedidos a terroristas.

Desde organizaciones que merecieron respeto por su coraje y por las actitudes que adoptaron para localizar a sus seres queridos durante la década del 70, como las Madres de Plaza de Mayo, y que hoy reciben múltiples beneficios del gobierno nacional, actúan ideólogas como la señora Hebe de Bonafini, que han extendido su mensaje de odio allende nuestras fronteras, regocijándose públicamente por los actos terroristas que provocaron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y de las muertes resultantes del atentado en la estación Atocha de España.

Diversos ex integrantes de Montoneros o del ERP que desempeñan funciones en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, también procuran venganza respecto de sus adversarios de la década del 70.

Como consecuencia de estas actividades, hoy hay algunos pocos condenados y centenares de procesados. La mayoría de estos últimos se encuentran privados de su libertad sin que aún medie condena. En virtud de los tratados internacionales, ello no procede, sin perjuicio de cuál sea el delito imputado, salvo que el tribunal que ordena el encerramiento tenga fundamentos, que debe explicitar en forma concreta y específica, para temer que el procesado pueda fugarse, entorpecer las investigaciones o reincidir. Estos supuestos no son aplicables a muchos de los procesados, que fueron integrantes del gobierno militar, de las fuerzas armadas o de las de seguridad, y que superan los 70 años, particularmente cuando han estado a disposición de la justicia y no tienen posibilidad de entorpecer investigaciones de hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Hoy es lamentable que se insista, como lo hacen Eduardo Luis Duhalde y Estela Carlotto, en que ancianos procesados pero no condenados se alojen durante el proceso en cárceles comunes. Como es bien sabido, éstas distan mucho de satisfacer el requerimiento constitucional de que sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas.

La actitud de quienes procuran ese tipo de detención respecto de no condenados también vulnera el principio constitucional que a continuación de la disposición ya citada establece que toda medida que bajo pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. En este caso, cabe subrayar la obstinación del juez Norberto Oyarbide en detener en un instituto carcelario al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, no obstante sus 84 años de edad y su delicado estado de salud, constatado por los facultativos que lo atienden y los médicos forenses. La medida del juez contrasta con su decisión de permitir la salida del país del ex funcionario del gobierno kirchnerista Ricardo Jaime, acusado de enriquecimiento ilícito. Esta detención carcelaria en vísperas del Bicentenario debe satisfacer al Gobierno y en particular a Néstor Kirchner, quien desde 2006 viene reclamando lo que Oyarbide acaba de resolver con Martínez de Hoz.

El Bicentenario debería ser la fecha del reencuentro y la reconciliación de los argentinos. ...sta no se logrará mientras exista un tratamiento judicial desigual respecto de quienes estuvieron enfrentados durante la triste década del 70. La persecución de unos provocará nuevos resentimientos y sed de venganza en los otros. Y así continuará esta historia sin fin.

El futuro argentino requiere tener presentes ejemplos dados por grandes personalidades que sufrieron persecuciones y encarcelamientos, y que tuvieron la magnanimidad de perdonar. La figura más destacada en el ámbito mundial es Nelson Mandela. Pero también cabe destacar la actitud del ex guerrillero uruguayo que hoy ejerce la primera magistratura de su país y que se ha comportado con similar grandeza. Son estos ejemplos y los sentimientos que los inspiran -la caridad, que hace posible el perdón recíproco- los que se deben emular si pretendemos encontrar la paz y la concordia entre argentinos en el tercer siglo de nuestra existencia como nación.