La boleta única no puede esperar más tiempo

Con insistencia, hemos puesto de manifiesto desde esta columna editorial que no había razones válidas para seguir demorando el tratamiento y la adopción de un sistema electoral que, con la boleta única de papel como pilar, favoreciera la transparencia de los comicios.

Finalmente, después de una larga espera, distintos sectores de la oposición política han llegado a un consenso para impulsar, pasado mañana en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para adoptar la boleta única en las elecciones nacionales, que ponga fin a la corrupción electoral derivada de la posibilidad de llevar a cabo distintas trampas que habitualmente benefician a las fuerzas políticas numéricamente más poderosas.

La modalidad de la boleta única electoral ya rige, con diferentes características, en Córdoba, Salta y Santa Fe, en los comicios municipales de San Luis y en las cárceles, además de ser instrumentada para el voto de los ciudadanos argentinos en el exterior del país. A esta tendencia se ha sumado recientemente la provincia de Mendoza, cuya Legislatura aprobó una norma que, sumada a la ley de ficha limpia –que impide ser candidatos a quienes sean condenados por distintos delitos–, convierte al distrito cuyano en un ejemplo para el resto del país en materia de búsqueda de transparencia institucional.

El proyecto que se tratará en el Congreso de la Nación, propiciado por la Fundación Red de Acción Política (RAP), contempla la modificación del Código Nacional Electoral para permitir la aplicación de la boleta única de papel en la elección del presidente y el vicepresidente de la Nación, de los senadores y diputados nacionales, y de los parlamentarios del Mercosur. Se espera que el proyecto, que cuenta también con el apoyo de legisladores del oficialismo, sea aprobado este jueves en la Cámara baja.

La nueva boleta propuesta, que incluiría todas las categorías de cargos en disputa en cada distrito del país en una elección nacional, estará dividida en espacios, franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Esos espacios deberán contener el nombre del partido o alianza; la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo; el número de identificación de la agrupación; la categoría de cargos por cubrir; los nombres y apellidos y fotografía color de los postulantes a la presidencia y la vicepresidencia y de los candidatos a senador nacional; los nombres y apellidos de los seis primeros candidatos a diputado y las fotos de los dos primeros, y similar formato para quienes se postulen al Parlamento del Mercosur.

Entre las ventajas que posibilitaría el nuevo sistema, pueden mencionarse las siguientes:

• Una mayor equidad, puesto que todos los partidos competirán en igualdad de condiciones de visibilidad y presencia.
• El derecho ciudadano a elegir de manera sencilla y segura, con boletas y listas de candidatos sin adulteraciones, por cuanto el Estado será el único responsable de su impresión.
• Menor demanda de recursos humanos y mejor fiscalización.
• Erradicación de nefastas prácticas clientelistas, como el llamado “voto cadena” y el robo de boletas en el cuarto oscuro.
• El ahorro de al menos 3000 millones de pesos tan solo en la impresión de boletas y el mayor cuidado del ambiente, en virtud de la reducción de papel, tinta y transporte.

El hecho de que 2022 sea un año no electoral lo convierte en una inmejorable oportunidad para debatir una mejora en el mecanismo de selección de nuestros representantes. Es de esperar que la resistencia que durante muchos años opuso una buena parte de la dirigencia política, asociada a prácticas clientelares y fraudulentas, sea esta vez sepultada por quienes han comprendido la tan postergada demanda de transparencia y practicidad en los procesos electorales que ha formulado la sociedad argentina.