La convocatoria del Presidente

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24 de agosto de 2001  

El llamado que formuló anteayer el presidente Fernando de la Rúa a recaudar más, a gastar menos y a luchar a fondo contra la evasión tributaria debe ser celebrado como una señal -saludable, por cierto- de que el Gobierno no está dispuesto esta vez a dejar pasar la oportunidad que se le presenta a partir del nuevo acuerdo que acaba de celebrarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También debe aplaudirse la firme decisión del jefe del Estado de promover una drástica reducción del gasto político, que según se anticipó será motivo de una consulta popular posterior a los comicios del 14 de octubre próximo. Es cierto que, en estricto rigor, la voluntad pública de producir la baja de ese gasto está suficientemente exteriorizada en el país, como lo señalamos en editoriales anteriores, razón por lo cual la convocatoria a un plebiscito sobre ese tema bien podría ser obviada. Pero debe destacarse como un hecho altamente positivo la determinación presidencial de no realizar en un mismo acto las elecciones de autoridades y la consulta popular, como en algún momento se había insinuado. Tal coincidencia de fechas no sólo hubiera estado en pugna con disposiciones expresas de la ley que reglamenta la figura constitucional de la consulta popular sino que, además, hubiera conspirado contra el propio espíritu de la iniciativa de reducir los costos de la política, que no puede ni debe ser mezclada con objetivos electoralistas ni debe aparecer como instrumento de triunfo de una determinada fuerza política sino -muy por el contrario- como prenda de unión de todos los argentinos sin distinción de banderías ni coloraturas partidarias.

La afirmación del Presidente de que conducirá en forma personal la reforma del Estado y de que su gobierno producirá los cambios necesarios en el PAMI y en la Anses para que esos organismos esenciales de la realidad social argentina sirvan a sus auténticos fines hace nacer una nueva esperanza en la población, que tantas veces se vio defraudada por el incumplimiento de tantos anuncios similares formulados en el pasado. Lo mismo cabe decir de la decisión -presentada esta vez con el carácter de una enérgica promesa del primer magistrado de la Nación- de reformar la AFIP y la Aduana "para hacer más eficiente la lucha contra la evasión". La muy gráfica expresión de que se incenvitará a los recaudadores de impuestos "para que dediquen su vida a encontrar a los evasores" apunta, evidentemente, a reforzar la credibilidad pública ante un anuncio que sin duda deberá superar todavía algunos restos de fundado escepticismo.

El doctor De la Rúa anunció también que se unificarán los programas sociales "para priorizar la ayuda por encima del clientelismo político" y que se considerará de crucial importancia la elaboración de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. La ciudadanía ha recibido seguramente con beneplácito estas palabras del Presidente, así como el anuncio de que los países del Mercosur y los Estados Unidos se reunirán para discutir intereses comunes en el libre comercio, lo que en fecha no lejana podría colocar a nuestro bloque regional ante las puertas del mercado más grande del mundo.

Como ha dicho el ministro Domingo Cavallo, "no hay que esperar milagros". Lo que hay que esperar es que los anuncios presidenciales se traduzcan en hechos -cualesquiera que sean los costos políticos que haya que afrontar- y que la sociedad toda asuma como propios los compromisos inherentes a la nueva y decisiva etapa en que la Argentina ha empezado ya a ingresar.

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