La Corte Penal Internacional en Venezuela

El último informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela concluyó que la justicia del país caribeño ha tenido un papel muy importante en crímenes contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, confirmando la profunda erosión de la independencia judicial bajo el régimen bolivariano.

Entre las múltiples irregularidades que documenta la misión, se cita el hecho que los magistrados emitieron órdenes de arresto con carácter retroactivo para ocultar anteriores detenciones ilegales como así también que, en ocasiones, los fiscales presentaron pruebas obtenidas mediantes torturas.

No menos importante es el hecho de que muchos abogados han sufrido con frecuencia obstáculos para ejercer la defensa y que los detenidos hayan sido a menudo forzados a aceptar a un letrado de oficio, en lugar de uno de su propia elección, vulnerando el principio del debido proceso.

Como bien lo ha señalado Francisco Cox, miembro de la misión que investigó el accionar de jueces y fiscales, la Justicia de Venezuela necesita una reforma urgente para ser liberada de influencias políticas indebidas, de manera que garantice la protección de los derechos de todos los venezolanos.

En el mismo sentido, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karin Khan, anunció el inicio oficial de una investigación por violaciones de derechos humanos que no sólo marca un antes y un después en América Latina, sino que se convierte en el golpe más certero que ha recibido el régimen chavista ya que puede impactar de modo definitivo en el futuro de la República Bolivariana.

Las imputaciones contra el dictador Maduro no son menores. Es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad, que, según el artículo 7° del Estatuto de Roma, constituyen un ataque sistemático y generalizado contra su propia población civil, lo cual incluye asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y el éxodo de más de seis millones de personas.

Recientemente, y en un giro de 180 grados en su política exterior que sorprendió a propios y a extraños, la Argentina votó de manera favorable la resolución surgida de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la situación política y el desarrollo del proceso electoral y solicitó, tras los recientes comicios en Nicaragua, que ese país recupere cuanto antes el diálogo y la convivencia democrática, manifestando su preocupación por la detención de dirigentes opositores, ante lo cual reclamó el respeto de los derechos humanos de toda la población de esa nación.

Es de esperar que ante las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y ocurren en Venezuela desde el inicio de la presidencia de Hugo Chávez hasta el presente, nuestro país ratifique la posición asumida en el caso de Nicaragua y condene de manera inequívoca dichas violaciones, causadas por una tiranía que ha generado una de las más graves tragedias humanitarias, sociales, políticas y económicas de las décadas recientes en América.