La creación de las policías municipales

La realidad política de las comunas del conurbano debería desalentar los proyectos para crear fuerzas de seguridad en los distritos más poblados
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1 de octubre de 2013  

La creciente preocupación de la ciudadanía por el incremento de la inseguridad y por la falta de reacción de las autoridades ha convertido este grave problema en uno de los temas insoslayables de la campaña para los comicios del 27 de este mes. Esto es así también debido a la fuerte incidencia que tuvo la negación de esa realidad en la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias de agosto.

Fue ésa la razón por la que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli , se vio obligado a cambiar a su ministro de Seguridad , al tiempo que diferentes proyectos para combatir la incesante ola delictiva empezaron a formar parte de las nuevas estrategias, reabriendo los debates sobre la disminución de la edad de imputabilidad de los menores y la conveniencia o no de contar con fuerzas policiales que dependan de las comunas de la provincia de Buenos Aires.

Como tantas otras iniciativas en materia de seguridad, resulta difícil, cuando no imposible, evaluar propuestas sin saber cómo se han de poner en práctica, y una de ellas es la de las fuerzas de seguridad que dependerían de cada comuna. Desde 2006 existe este tipo de policías en distritos que cuentan con menos de 70.000 habitantes. Dependen de cada intendente y de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

En lo que hace a las 35 comunas con más de 100.000 habitantes, existen cuatro proyectos de ley en la Legislatura provincial para la creación de esas fuerzas policiales armadas que estarán dedicadas a la prevención de los delitos, pero no a la investigación, ni a la resolución de casos complejos, ni al mantenimiento del orden público, tareas que, como ocurre hoy, seguirán a cargo de las policías bonaerense y Federal, según el tipo de delitos.

Lo primero que salta a la vista y que es preciso no olvidar para no repetir errores es el fracaso de la policía bonaerense en las últimas décadas. El debate sobre las policías comunales es resultado de ese fracaso, en el que se destacan varios aspectos clave, como la insuficiente cantidad de efectivos de la policía de la provincia destinados en forma directa a la lucha contra el crimen y la cada vez más habitual vinculación de sus efectivos con diferentes tipos de delitos. En segundo término, hay que tener en cuenta que varias comunas del conurbano constituyen feudos gobernados y administrados por caudillos peronistas que se van eternizando al frente de sus distritos en el ejercicio de un poder autocrático, casi carente de controles y a menudo salpicado de nepotismo y hechos de corrupción.

Poner en manos de intendentes fuerzas dotadas de armamento puede constituir un peligro para quienes deberán proteger. Si su función excluyente será la prevención de los delitos, sería conveniente que no contaran con armas de fuego.

Un punto en el que debería alcanzarse la máxima transparencia es en el de la relación que, en caso de prosperar esta peligrosa iniciativa, mantendrán estas fuerzas con las policías bonaerense y Federal, así como con las policías de las comunas limítrofes, relación que debería caracterizarse por la colaboración y complementación y jamás por la rivalidad y la lucha sorda, como ha ocurrido con demasiada frecuencia entre la bonaerense y la Federal.

Recordemos que, por desgracia, las fuerzas policiales constituyen, en manos de los gobernantes, herramientas de poder político. Ésta es una de las principales razones por las cuales el Gobierno no ha cumplido con el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se vio obligado, con numerosos traspiés, a la creación de una fuerza propia, aún incipiente.

La captación de las fuerzas policiales por la política termina fatalmente desvirtuando su finalidad original y poniéndolas en peligro de sucumbir ante la corrupción. También resulta perjudicial la permanente y desvergonzada improvisación de las autoridades nacionales y provinciales en el tema de la seguridad. Centenares de gendarmes y prefectos han sido desplazados a las zonas más pobres de la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires el nuevo ministro de Seguridad, Alejandro Granados, ha proclamado que los casi 60.000 efectivos de la policía provincial son insuficientes y quiere aumentarlos a 100.000. La duda es cómo los pagará. Nuestro país gasta mucho en seguridad, pero la población recibe un muy mal servicio.

Los proyectos de crear policías municipales, aunque sanamente inspirados, son prácticamente imposibles. El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena ha escrito en este diario que, si es riesgoso y se ha rechazado que hombres con funciones en la Justicia aparezcan en las boletas electorales partidarias, cabe plantearse qué ocurrirá con los "comisarios oficialistas" cuando cambie el intendente. ¿Actuarán esos comisarios como el jefe del Ejército, general César Milani, quien decidió embarcar a su fuerza en el proyecto del Gobierno? ¿Cómo será una campaña electoral con la policía manejada por el intendente? El reciente ataque a Sergio Massa en La Matanza es un buen anticipo de un futuro posible si prospera la idea. Además, si bien estas fuerzas no combatirían el narcotráfico, podrían caer bajo su influencia, según advierten especialistas.

Es momento de terminar con la política de parches e improvisaciones en materia de seguridad. El éxito en la lucha contra el crimen nunca obedece a una sola medida, ya sea la creación de nuevas fuerzas o la ampliación de las ya existentes, sino a genuinas políticas de Estado de largo alcance, consensuadas y coordinadas entre la Nación, las provincias y las comunas.

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