La deuda porteña

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26 de noviembre de 2002  

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se apresta a considerar un proyecto del jefe de gobierno, mediante el cual sería aprobada una llamativa renegociación de la deuda comunal. Es necesario que los representantes del pueblo se pregunten todo cuanto, seguramente, se están preguntando sus representados acerca de esa cuestión y, si no obtienen respuestas a los interrogantes dictados por su sentido común, rechacen una propuesta que puede costarles muy cara a los vecinos.

La Argentina entró en cesación de pagos y quedó envuelta en el caos económico generado por la devaluación de su moneda. El valor de los papeles de la deuda argentina se terminó de desplomar, a punto tal que se discute si su precio es del 20 o del 25% del valor nominal. Simultáneamente, las condiciones de renegociación de las deudas son las peores que se puedan imaginar: no se sabe quién va a ser el nuevo presidente, ni cuál será la fecha de las elecciones, ni cuál el mecanismo de selección de candidatos. Tampoco han sido convocadas las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que debe renovar jefe de gobierno y la totalidad de los legisladores. En consecuencia, se ignora cuáles habrán de ser los programas políticos y económicos de cada candidato, como también en qué medida serán viables nuestro país y nuestra ciudad, y sus respectivas capacidades de pago. En esas condiciones, ¿es razonable renegociar deudas por centenares de millones de dólares?

Ante la imposibilidad de los gobiernos de cumplir con sus obligaciones, las renegociaciones consisten, esencialmente, en cambiar deuda anterior por nueva deuda. ¿Es adecuado tomar nueva deuda cuando aquellas incertidumbres impiden que tal renovación sea concedida, ya fuere por los acreedores o por terceros, en condiciones aceptables? La respuesta es evidentemente negativa. Tomar nueva deuda en esa situación no puede sino representar un serio perjuicio para quienes tendrán que pagarla en el futuro y no es para nada improbable que ese procedimiento termine en otro default o en otra renegociación, con los enormes costos asociados que ello implica.

En favor de la renegociación en curso se afirma que es positivo que la ciudad cumpla sus obligaciones. No se puede no estar de acuerdo con ese principio. Sin embargo, la ciudad no respetó obligaciones que había contraído y ahora tendrá que tomar nueva deuda para regularizar esa situación. Se propone no hacer ninguna quita de capital, pagando el 100% de cuanto se debe, lo cual, en una situación de default nacional y con los títulos en un valor de mercado del 20 o 25% de su cotización original, pretende emular un comportamiento similar al que tendría el país más serio del mundo.

Se debiera pensar, entonces, que las tasas de interés aplicables serían las del Primer Mundo, pero aquí aparece la primera sorpresa: mientras en los Estados Unidos las tasas son del 1,5%, aquí se propone pagar otras de alrededor del 7%, lo cual ratifica las pésimas condiciones en que se desenvuelve la negociación.

Sin embargo, eso no es lo peor. Además, el gobierno de la Ciudad les está proponiendo a los tenedores de bonos emitidos en pesos que esos valores sean indexados y tengan una tasa de retorno garantizada. De esa manera, no se trata de respetar las obligaciones asumidas, sino que se está librando a los particulares tenedores de bonos de las pérdidas producidas por el riesgo que asumieron libremente.

Eso es absolutamente injustificable y merece una responsable y exhaustiva investigación. La operación denominada "megacanje" implicó aumentar enormemente la deuda argentina, pagando tasas verdaderamente usurarias, de manera tal que -según algunos analistas- provocó el colapso financiero. Sería deseable, entonces, que las autoridades de la Ciudad procedan en ese tema con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dado que las consecuencias negativas de una intervención irresponsable o apresurada pueden comprometer durante mucho tiempo a la ciudad y a sus habitantes.

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