La escuela, rehén de la política

Las repercusiones de los anuncios presidenciales supuestamente dirigidos a atemperar la “gravedad epidemiológica” en el área metropolitana, que incluyeron la suspensión de las clases presenciales a partir del lunes próximo, no cesaron. Ni fuera ni dentro del oficialismo, donde los cortocircuitos se acrecientan sin disimulo.

Tras dos jornadas caracterizadas por la crispación de buena parte de la ciudadanía, el gobierno porteño presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra las medidas, argumentando que se trataría de una “virtual intervención federal”, violatoria no solo de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, sino también del principio de supremacía federal establecido por la Constitución nacional, además de afectar el principio de razonabilidad, ante la ausencia de datos científicos rigurosos que avalen la medida.

El encuentro que ayer mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a instancias de este último, no arrojó resultados positivos para la petición de las autoridades de la ciudad de que se revea la suspensión de las clases presenciales por 15 días, que podrían prolongarse. Una renovada tragedia que ya vivimos el año pasado.

La vehemencia presidencial al referirse a la defensa del Estado de Derecho se da de bruces con las medidas que solo hablan de intromisión y afectación de las autonomías. Y sus menciones al buen clima que acompañó el encuentro con Rodríguez Larreta omitieron que las resoluciones adoptadas no surgieron precisamente del diálogo. Mucho menos, de la coordinación entre las distintas áreas de su propio gobierno. Ni hablar de cualquier sano intercambio entre el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par porteña, Soledad Acuña, quien lamentó que se hubiera perdido el consenso entre oficialismo, oposición, sociedad, familias y docentes.

El primer mandatario se mostró muy preocupado en su afán por justificar las decisiones comunicadas, hasta el punto de descartar que pudieran ser consideradas actos de altanería o prepotencia, según sus propias palabras. Difícil de creer en el actual contexto, cuando está claro quién ejerce el verdadero poder.

Se intenta instaurar por la fuerza lo que no se pudo lograr obteniendo vacunas

“No soy amigo de judicializar la política”, afirmó también Fernández, pero lo cierto es que la Corte Suprema se convierte, una vez más, en árbitro de disputas políticas que no logran resolverse por la natural vía del diálogo, y que podrían verse multiplicadas si los padres y las instituciones educativas recurren a la esfera judicial para reclamar ante lo que claramente constituye una vulneración del derecho esencial y básico de los niños y jóvenes a educarse, que la Constitución y los pactos internacionales consagran. De hecho, además de presentaciones similares a la porteña por parte de intendentes como Jorge Macri (Vicente López) y Gustavo Posse (San Isidro), también se empiezan a contabilizar anuncios de colegios que convocan a sus alumnos a concurrir el lunes a las aulas, trámites judiciales mediante. El llamado efecto Formosa amenaza con extenderse.

El Poder Ejecutivo insiste en ejercer indebidamente facultades propias del Congreso, como lo hace en la declaración de excepción, y también en afectar las autonomías provinciales al avanzar con medidas que involucran el inviolable derecho a la educación en otras jurisdicciones.

Tampoco conviene mirar para otro lado y pasar por alto que la presión gremial ha sido, una vez más, pieza clave en esta pulseada. Las medidas anunciadas pueden leerse como otra cesión frente a las revanchistas exigencias de un sindicato que proyectaba no volver a las aulas antes de julio 2021 y que debió cambiar de plan forzadamente ante la presión de los padres para retomar la presencialidad.

Lo que nadie discute ya es que el sistema educativo parece haber perdido el control. Solo así se puede explicar, por ejemplo, que se esté reclamando que se mantengan abiertas escuelas que nunca llegaron a reabrirse.

Lograr que el superpoblado e incontrolado conurbano bonaerense cumpla efectivamente cualquier restricción en aras de reducir la expansión de la pandemia es impensado. Poco puede hacer al respecto el gobernador Axel Kicillof para bajar la circulación, y así quedó claro en su eufórico discurso, en ese estilo de campaña que ya lo identifica, apoyando el cierre de 15.000 escuelas en un afán por restringir la circulación del virus, contrariando las evidencias de que lejos estamos de tener una explosión de contagios en escuelas. Una vez más, lo que no se pudo lograr consiguiendo vacunas se intenta instaurar hoy por la fuerza, anunciando incluso para ello el compromiso de las fuerzas federales, en lo que constituiría otra flagrante e injustificada violación jurisdiccional.

Los más perjudicados son, sin duda, los niños y adolescentes que, a este paso, heredarán un futuro sin contar con las herramientas necesarias para su desarrollo. A los escandalosos índices de pobreza e indigencia que seguimos viendo crecer desmadradamente, sumaremos los de afectación de la salud física y emocional de quienes hoy tienen negado el acceso a las aulas.

Mientras tanto, la clase política desenfunda chicanas, los gremios celebran sus triunfos y los padres navegan entre la incertidumbre y la ansiedad sin bajar los brazos. Solo una jugada maestra de la Corte podría sacar a la educación de la encerrona que le plantea este triste jaque mate de predecibles consecuencias.