La feroz represión en el Tíbet

Cientos de personas han muerto en el Tíbet como consecuencia de la represión emprendida por el gobierno chino. Transcurrieron 49 años de la gran revuelta contra la dominación china de ese territorio por la cual el Dalai Lama, líder espiritual de la antigua lamasocracia, debió exiliarse en la India.

Casi en la misma fecha (aquello ocurrió el 10 de marzo de 1959) ha estallado otra protesta contra el poder central, esta vez en vísperas de los Juegos Olímpicos, previstos para agosto en Pekín.

De tal magnitud ha sido la revuelta, que hizo pasar prácticamente inadvertida la reelección por cinco años del presidente de China, Hu Jintao. Esto da una pauta de la preocupación que provocó en el régimen comunista de Pekín la mera posibilidad de que se vieran empañados los Juegos Olímpicos.

Se trata de la vidriera que el régimen quiere utilizar para mostrarse frente al mundo. La imagen, según las autoridades, debe ser impecable.

Ya hubo problemas, sin embargo. Algunos deportistas occidentales no quieren entrenarse en China por temor a la contaminación; otros prefieren llegar a último momento para evitar las comidas, dotadas de esteroides que podrían exponerlos a amonestaciones en pruebas antidoping.

Pekín, también blanco de multitudinarias manifestaciones contra los Juegos Olímpicos en Taiwan, impuso el toque de queda en Lhasa, la capital del Tíbet, de modo de serenar los ánimos. Lejos estuvo de conseguirlo. Desde el exilio, el Dalai Lama, premio Nobel de la Paz de 1989, denunció un genocidio cultural contra su pueblo.

En medio de la creciente efervescencia, la renuncia del cineasta Steven Spielberg a un cargo de asesor para preparar la ceremonia inaugural de los Juegos complicó aún más las cosas, así como la ayuda de Hu al gobierno de Sudán a pesar de su evidente responsabilidad en el desastre humanitario de Darfur.

Las causas del Tíbet y de Taiwan siempre han encontrado eco favorable en Occidente. Ante la elección de Pekín como sede de los Juegos, los Estados Unidos han eliminado a China de la lista negra de los países que violan los derechos humanos.

En verdad, China aún no ha ratificado el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que suscribió en octubre de 1998. La oportunidad es propicia para insistir en que lo haga.

Es el país que aplica con más frecuencia la pena de muerte contra sus ciudadanos. Desde el 1° de enero del año último, la Corte Suprema decide sobre la materia, lo cual evita, al menos, que la pena sea aplicada con ligereza por los tribunales provinciales.

Asimismo, China mantiene detenidos a por lo menos tres decenas de periodistas y a medio centenar de disidentes. Esta oportunidad debería ser propicia para abolir o limitar severamente la pena de muerte; terminar con las detenciones sin juicio previo; mejorar el respeto de los derechos humanos, y asegurar la libertad de prensa, todavía ausente.

Los Juegos Olímpicos deberían servir a las autoridades extranjeras que concurran a ellos para recordarles a las autoridades chinas, sin rodeos, que deben mejorar en varios aspectos ligados con la libertad. Es inaceptable, de hecho, la represión en el Tíbet.

Si bien hay razones para separar el deporte de la política, la historia de los Juegos registra varios boicots contra ellos. Como los de 1956, cuando se produjeron el ataque de Israel a Egipto y la invasión soviética a Hungría. O el de 1980, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, prohibió la participación de los atletas de su país en Moscú en repudio a la invasión soviética a Afganistán.

A lo largo de su historia, los Juegos Olímpicos han sido escenario de no pocas tensiones políticas. No deben considerarse una concesión -en este caso, a China-, sino una oportunidad.

Es la oportunidad, entonces, de que oficien de puente pacífico para acercar a los pueblos y renovar sus valores. Sobre todo, por aquellos que, concluidos los Juegos, esperan un cambio en su propio país. Un país privado, por sobre todas las cosas, de la libertad.