La larga mano demagógica del Estado

El exorbitante e innecesario aumento del sector público durante los últimos años ha sido mayormente clientelístico y militante
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28 de junio de 2014  

Con un enorme descaro, revelador de una gran sensación de impunidad y de una falta absoluta de responsabilidad en la gestión pública, el gobierno nacional viene acrecentando en forma sostenida la planta de sus empleados. Esa nociva propensión, de la que también hacen gala las administraciones provinciales y municipales, marca hoy récords históricos.

Semejante desmesura representa una herencia costosísima para todos los ciudadanos, que son quienes financian esos puestos laborales que, en la mayoría de los casos, no se obtienen por la vía de los concursos.

Son cargos que ni siquiera se logran por haber demostrado mínimas aptitudes. Muy por el contrario, durante los últimos once años, la planta estatal de empleados públicos nacionales se ha ido llenando de personas sin la necesaria preparación, a las que se ubica en puestos jerárquicos con haberes altos, desplazando así, muchas veces, a agentes públicos y funcionarios de carrera.

Está claro que se trata de empleos meramente burocráticos o en nuevos cargos innecesarios, pero con indisimulables intenciones de dominio político o ideológico. No hay más policías en las calles ni más médicos o enfermeras en los hospitales.

No es ninguna novedad que buena parte de ese empleo estatal ha sido colonizada en el último decenio por representantes de la agrupación política La Cámpora. Uno de sus últimos avances se registró en la Cámara de Diputados de la Nación. Mediante una resolución del presidente de ese cuerpo, Julián Domínguez (Frente para la Victoria), se decidió pasar a la planta permanente de empleados una docena de jóvenes camporistas con apenas dos años de experiencia en sus puestos previos.

Esos empleados gozarán de las categorías salariales más altas del escalafón parlamentario, tareas por las que se abona un haber mínimo de 22.000 pesos mensuales. A esa remuneración deben sumarse pagos extras por títulos académicos y por personal a cargo, entre otras cuestiones.

Además, para garantizar esos empleos, no sólo se los ubicó en lugares clave de la Cámara baja, como la Secretaría Parlamentaria, sino que se crearon más áreas administrativas.

Este copamiento del Estado y de empresas con participación estatal por parte de la juventud kirchnerista más próxima a la presidenta de la Nación se viene registrando en numerosas áreas como la Cancillería -donde un sector del oficialismo brega también por aumentar el número de embajadores políticos, el Ministerio de Justicia, el Indec, Aerolíneas Argentinas, la Inspección General de Justicia, el recientemente creado Ministerio de Cultura y muchas otras reparticiones y dependencias estatales, donde La Cámpora no ha dejado de sumar empleados militantes.

Otro ejemplo es la reciente incorporación de un íntimo amigo de Máximo Kirchner en el directorio de YPF, en representación de la provincia de Santa Cruz.

También en el Senado ha crecido significativamente la cantidad de empleados. Desde que el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se incorporó a la Cámara alta, en 2011, se generaron 2000 puestos extras.

Pero es en las vísperas de la retirada del actual gobierno en las que esta situación se ha tornado más grosera. Valga recordar el anuncio revestido de pompa del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hace poco menos de dos meses, respecto de la incorporación a planta permanente de la administración pública nacional de 7500 nuevos empleados para antes de que termine el corriente año. Se trata de trabajadores que se desempeñaban en planta transitoria o que tenían contratos laborales temporarios, muchos de los cuales militan en la agrupación La Cámpora.

Esos 7500 se agregarán a los 376.145 puestos de planta permanente que sumó el kirchnerismo en once años de gobierno y cuya masa salarial para 2014 ronda los 85.000 millones de pesos. Se sabe que más empleo estatal implica más gasto público, algo que el Gobierno no parece decidido a modificar.

Por otra parte, no debe dejar de considerarse que, con el crecimiento del empleo estatal, el Gobierno intenta compensar la baja del empleo privado, lo que le permite seguir manipulando los índices de desempleo.

Según estudios de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en la década del 70, el empleo público creció el 17 por ciento y cerca del 31% en los 80. En los 90, cayó un 11% y, entre 1999 y 2009, subió alrededor del 35 por ciento.

De acuerdo con ese análisis, desde 2003 hasta la fecha, el empleo estatal ha acelerado llamativamente su crecimiento, pero fue desde 2007, momento en que Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer mandato como presidenta de la Nación, cuando la creación de empleo público se intensificó mucho más, incluso por encima del privado.

Conforme los datos de FIEL, entre 2003 y 2007, la economía creó cerca de 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales algo menos de 500.000 fueron en el sector público. Es decir, que este último creó el 20 por ciento del empleo total.

Esos guarismos variaron notablemente entre 2007 y 2013, cuando, según datos oficiales, se crearon un millón de puestos de trabajo, de los cuales 870.000 fueron del sector público, es decir, el 87%. Ese porcentaje aumentó al 92% en 2012 y al 93% el año pasado.

Por otro lado, cabe recordar que cada jurisdicción provincial y municipal tiene su propia plantilla de empleados, muchas de las cuales no se hacen públicas, con lo cual el empleo estatal en el país es mucho mayor.

Por citar sólo un ejemplo, un informe de enero pasado de la consultora NOAnomics, que analiza las economías provinciales, daba cuenta de que las tres provincias donde más creció el empleo público en el período 2003-2013 fueron Tierra del Fuego (106%), Catamarca (80%) y Santa Cruz (66 por ciento).

Entre otros tantos datos que confirman hasta dónde ha llegado la larga mano demagógica del Estado, cabe recordar un informe publicado por la nacion a fines del año pasado, en el que se consignaba que, en la Argentina, más del 45 por ciento de la población mayor de 18 años recibe en forma directa y mes tras mes ingresos que provienen del Estado, lo que incluye subsidios de los más variados.

Lamentablemente, muchos de nuestros dirigentes y de quienes consienten manejos espurios destinados a asegurarse prebendas y puestos a costa de todos los ciudadanos pierden de vista el enorme daño que ello causa al país. Y no se trata solamente de un daño económico, sino moral. Es hora de que se pongan límites a la rapiña del futuro de todos los argentinos.

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