La ley anti barras bravas no debería demorarse más

Los legisladores deberían estar a la altura de las circunstancias y avanzar hacia la sanción de una norma que será acompañada por toda la población
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10 de mayo de 2019  

A la hora de condenar la violencia en el fútbol, siempre se suman todos los dirigentes políticos y deportivos, junto a los comunicadores; sin embargo, cuando se necesita avanzar con leyes o acciones concretas que limiten en forma real el accionar de las barras bravas, esa condena siempre aparece mucho más difusa.

El proyecto de ley anti barras bravas tuvo en diciembre pasado una aprobación en general casi unánime en la Cámara de Diputados. No obstante, sufrió dilaciones y conflictos en el debate en particular, por lo que debió volver a ser analizado en comisión.

A partir de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo, se esperaba un rápido avance en el tratamiento en particular de la norma para que, una vez ajustado, el texto pasara al Senado para su estudio y sanción definitiva.

Desde el gobierno nacional se insiste para que se apruebe la ley y, en este sentido, el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero, afirmó que "la barra brava es un grupo criminal que hay que extirpar como si fuera un tumor".

La iniciativa establece penas por portación y tenencia de armas, agresión o intimidación, financiamiento de las barras bravas, reventa de entradas, generación de avalanchas y entorpecimiento de los traslados, además de prever eventuales sanciones para los dirigentes de los clubes.

Justamente, este es uno de los puntos del proyecto que fue cuestionado por directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes se manifestaron en defensa de los dirigentes deportivos, al sostener que "son quienes hacen el esfuerzo para que los clubes funcionen en todas las regiones del país".

No obstante, directivos como Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, y el extitular de Independiente Javier Cantero se pronunciaron horas atrás, durante un plenario de comisiones de la Cámara baja, en favor de que se avance con el proyecto contra los barrabravas. "Por favor, pónganse de acuerdo y saquen una ley. Necesitamos que se actúe para poder terminar con esto", expresó D'Onofrio. Cantero, en tanto, denunció que "gobiernos, jueces, fiscales y policías son socios de las barras".

En verdad, hace mucho tiempo que se habla en contra de estas mafias ligadas al fútbol, pero es sabido que históricamente han estado vinculadas con intereses políticos y sindicales, y que crecieron al calor del poder, dado que suelen ser fuerzas de choque en ámbitos que no tienen nada que ver con escenarios deportivos.

En lo cotidiano, estos grupos delictivos están asociados con negocios que les aportan sustento para su despliegue territorial, como reventa de entradas, merchandising, servicios de seguridad, manejo de "trapitos" o puestos de comida ilegales.

Sin embargo, los delitos no quedan en eso, sino que, según información suministrada en ámbitos oficiales, dan cuenta de barras vinculadas con el crimen organizado, que tiene ramificaciones en cuestiones de narcotráfico, comercio de armas, trata, robos de bancos y secuestros.

Las mejores leyes no resuelven por sí solas los problemas, porque lógicamente si no son aplicadas como corresponde se transforman en letra muerta, pero sí significan un parámetro imprescindible a la hora de tipificar los delitos e impulsar un cambio real en las conductas desviadas.

Erradicar la violencia en el fútbol y romper esa red mafiosa que nada tiene que ver con lo deportivo no es una cuestión simple. Pero los legisladores deberían estar a la altura de las circunstancias y dejar de lado conveniencias políticas y disputas electorales para avanzar, de una vez por todas, con una norma que será sin duda acompañada por la gran mayoría de la población.

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