La lucha contra la corrupción necesita señales claras

Falta de tiempo, agendas cargadas y la fuerte presión por la proximidad de los comicios fueron algunos de los argumentos que dieron allegados a los seis candidatos presidenciales para no expedirse, antes del domingo de elecciones, sobre el Acuerdo Social Anticorrupción, que recibieron de parte de un grupo de organizaciones no gubernamentales, representantes de sectores académicos y especialistas de variadas procedencias.

Desde ya que todavía pueden hacerlo y no solo esos dirigentes, sino los representantes de los tres poderes del Estado, las autoridades electas, los sindicatos, los empresarios y demás actores de la sociedad civil. El acuerdo no ha perdido vigencia. Por el contrario. Resulta imperioso encarar un trabajo serio, profundo y duradero para intentar desterrar la corrupción, que de manera tan brutal afecta tanto al Estado como a la propia democracia.

Se trata de un trabajo de largo plazo. Entre los puntos sobre los cuales hace hincapié el citado convenio figuran la necesidad de una nueva ley de ética pública, con organismos de contralor que sean autónomos, que no dependan de ninguno de los poderes del Estado; la obligatoriedad de información de las declaraciones juradas de funcionarios y la ampliación de los datos que en ellas consten; la regulación de los conflictos de intereses; un nuevo sistema de compras y contrataciones públicas; transparencia en los mercados y flujos financieros; mejoras procesales para la persecución de la corrupción como, por ejemplo, armonizar esos delitos de manera coherente y proporcional con el resto de las figuras tipificadas en el Código Penal y rever la prescripción de algunos de ellos; la sanción de un Código de Ética Judicial y la reforma del sistema de inteligencia nacional.

Dicho acuerdo es impulsado, entre otros, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Poder Ciudadano y Directorio Legislativo. Esas entidades muestran desasosiego ante la falta de interés de los principales dirigentes, pero están decididas a redoblar sus esfuerzos para que el tema no solo siga en agenda, sino que la lucha contra la corrupción se transforme en una política de Estado.

Hace pocos días, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, la ONG más influyente a nivel mundial en temas de transparencia, reclamaba que el presidente electo, Alberto Fernández, dé sin más demora "una clara instrucción" a quienes serán sus funcionarios para que la lucha contra la corrupción sea uno de los ejes del nuevo gobierno.

"Lo importante [sobre esa lucha] se verá durante la gestión de Alberto Fernández, pero mientras tanto hay medidas que se podrían tomar", dijo Ferreira Rubio, y citó como ejemplos el deber de presentar las declaraciones juradas patrimoniales lo antes posible, "no solo para saber cuánto dinero tienen, sino para conocer los intereses vinculados con potenciales conflictos", comprometerse a realizar "menos contrataciones directas y de emergencia" y a disminuir la cantidad de "decretos de necesidad y urgencia que se firman para reformar asignaciones de presupuesto".

Otro de los puntos claves en esa búsqueda de transparencia es la necesidad de contar con una ley de ficha limpia como la que tiene Brasil, que impide que una persona procesada pueda ser candidata.

Es casi una verdad de Perogrullo decir que los más reacios a suscribir ese tipo de normas son quienes tienen un pasado no muy limpio. No resulta tan sencillo, en cambio, explicar por qué han perdido tanto tiempo muchos dirigentes sin antecedentes judiciales que, además, preconizan la transparencia como objetivo primordial de sus carreras políticas.

Ciertamente, nuestro país ha mostrado avances durante los últimos cuatro años en cuanto al índice de percepción de la corrupción, un ranking que elabora la propia Transparencia Internacional. La Argentina pasó de 32 puntos a 40 sobre 100 posibles el año pasado, pero nos encontramos lejos de los estándares aceptables. Conservar lo que se ha hecho bien y avanzar con las tareas faltantes será, sin duda, una de las tantas funciones delicadas e impostergables del gobierno que asume el 10 del mes próximo.

Ferreira Rubio recordaba con pesadumbre que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, del que Alberto Fernández fue jefe de Gabinete, se hubiera dificultado la entrega de información pública, una práctica que Cristina Fernández llevó casi hasta la asfixia cuando le tocó manejar los destinos del país.

Ahora que Alberto Fernández y la señora de Kirchner regresan al poder como presidente y vicepresidenta, es de esperar que no vuelvan a incurrir en ese tipo de acciones y que, por el contrario, pongan a disposición de todos los ciudadanos la información pública de la que se dispone. No es una concesión de las autoridades hacerlo, sino un deber.

Preocupa también que en declaraciones periodísticas, mientras era candidato presidencial, Alberto Fernández haya dicho que hay jueces "que van a tener que dar explicaciones", en directa referencia a magistrados como Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, quienes justamente están al frente de causas que involucran a la expresidenta.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, la dirigencia con responsabilidades en los tres poderes del Estado no desconoce el daño que produce la corrupción. Urge, entonces, generar cambios significativos en los aspectos estructurales que la facilitan. Para que ello ocurra, sin lugar a dudas, es necesario el compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos, ocupemos el lugar que ocupemos en la sociedad, debiendo los dirigentes más encumbrados dar el ejemplo.