La mayor infraestructura pendiente: la institucional

Al cabo de diez años de ejercicio populista, no sólo hay que esperar una normalización de los mercados, sino un profundo saneamiento del Estado
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12 de enero de 2014  

Se llama infraestructura al conjunto de servicios necesarios para que un país funcione correctamente. La Argentina presenta importantes carencias y fuertes deterioros, acentuados en la última década, en el desempeño de las cuatro principales áreas de infraestructura económica: transporte, energía, agua y telecomunicaciones. Para mejorarlas, tal como lo han señalado estudiosos y expertos, el país requiere proyectar las inversiones indispensables y las obras prioritarias en el corto y en el mediano plazo.

De la dificultad para proveer bienes públicos infraestructurales hay ejemplos sobrados en estos días. Un golpe de calor dejó a una cantidad muy importante de gente sin servicios esenciales durante más de dos semanas. Los cortes de luz se extendieron a mansalva, sin la menor planificación, y las autoridades se mostraron completamente impotentes para lidiar con el problema. Las consecuencias de la insuficiencia de infraestructura se traducen muy rápidamente en un daño concreto hacia la población, en particular la más vulnerable, como ocurrió con los miles de ancianos y enfermos que quedaron atrapados en los pisos superiores de sus viviendas durante días.

Esos problemas tienen un efecto directo y diario sobre la vida de la población. Para resolver esas cuestiones necesitamos técnicos especializados y no el primer funcionario que se le ocurra designar a la Presidenta por razones de lealtad, corriente política, apego personal o nepotismo.

Ahora bien, cabe notar que, a los problemas de infraestructura física que padece el país, debe agregársele una carencia todavía más grave y urgente, que es la infraestructura institucional. Constituye un área que necesita de una atención colectiva prioritaria y que, en muchos sentidos, es todavía más importante que la anterior, ya que sólo la infraestructura institucional hace posible y sustentable un proyecto de vida comunitaria en la que imperan la ley y la justicia, virtudes cardinales de la democracia.

En efecto, la infraestructura institucional, que se encuentra desde hace años gravemente dañada, en esta década ha sido directamente dinamitada. En la misma crisis energética se puso en evidencia este déficit. Los funcionarios denuncian a las empresas por las malas prestaciones, cuando deberían haber sido ellos, a través de organismos de control independientes y competentes, los encargados de evitar el colapso. Máxime teniendo en cuenta que el Estado tenía y tiene sus representantes en los directorios de esas compañías.

Las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF, por citar sólo dos ejemplos, se justificaron en incumplimientos empresariales que el Estado fue incapaz de detectar y corregir en el momento en que se estaban produciendo. Es difícil que un sector público que no sabe controlar sea capaz de gestionar.

De modo que no sólo la infraestructura material ha comenzado a colapsar. También están deteriorados los tejidos administrativos que deberían garantizar su calidad.

Es llamativo que en un país que registra una de las tasas de inflación más altas del planeta siga sin abrirse una discusión sobre la necesidad de contar con un Banco Central independiente. Lo mismo cabe esperar de otras instituciones públicas que deben gozar de autonomía y que el kirchnerismo ha convertido en parte de un aparato de dominación y persecución faccioso. La Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Investigación Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual están entre esas agencias que demandan una terapia republicana.

Sin embargo, frente a esta grave degradación de la infraestructura institucional hay otra todavía más importante. En los últimos años, el país asistió a un deterioro creciente de los dispositivos encargados de que se cumplan las grandes promesas de la Constitución Nacional y las leyes: el Poder Judicial y el Ministerio Público, encabezado por la Procuradoría General de la Nación.

Ha sido menoscabada la separación de poderes y, en consecuencia, la ausencia de frenos y contrapesos necesarios entre ellos. En este sentido, para comenzar a recuperar la independencia de la Justicia deben derogarse leyes recientemente sancionadas, como la del Consejo de la Magistratura, la que limita la interposición de medidas cautelares ante decisiones arbitrarias del Estado y la de creación de nuevos tribunales de casación.

Es casi imposible que este Gobierno escuche la demanda institucional, ya que sería como pedirle a un experto en demoliciones que construya un edificio. Por esa razón, la comunidad debería exigir a todos los potenciales candidatos presidenciales en 2015 un compromiso firmado para la derogación de esas leyes que buscan someter a la Justicia al Poder Ejecutivo. A esa agenda deberían agregarse políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas, segunda clave necesaria para una adecuada infraestructura institucional. Para ello, una de las principales medidas es el acceso irrestricto a la información pública.

Sería saludable también un acuerdo en torno a otras cuestiones que no pueden demorarse si la Argentina quiere desarrollarse. Necesitamos una sociedad civil fuerte, que haga oír su voz y que sea escuchada en los períodos intermedios entre los actos eleccionarios. Requerimos mejorar la efectividad y la calidad regulatoria del Estado, que es hoy bajísima. Y, esencialmente, para que la infraestructura institucional exista, necesitamos mejores mecanismos de control de la corrupción, dado que ésta afecta en forma directa al desarrollo y los derechos de las personas.

El robo de recursos públicos es completamente inaceptable y no puede seguir siendo naturalizado en una sociedad que se pretende civilizada. La agenda pendiente supone, entre otras cosas, el trabajo en la prevención, la revitalización de los organismos de control, que hoy están totalmente desarticulados, y la protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción.

Lo mismo cabe demandar respecto del sistema de seguridad, por cuyas carencias clama la sociedad entera en cada elección. La función policial ha sido menospreciada, fuerzas encargadas de tareas específicas, como la Gendarmería, se utilizan para combatir el delito corriente, y las Fuerzas Armadas comenzaron a ser empleadas para tareas de inteligencia y seguridad interior que están por completo al margen de la ley.

Una atención especial requiere, como viene observando la Iglesia Católica, el combate contra el narcotráfico. La secretaría encargada de esta materia, la Sedronar, estuvo vacante durante meses. Cuando se subsanó esa falta, designando al frente de ella a un sacerdote especializado en la atención de adictos, se anunció que el organismo renunciaría a una de sus funciones principales, que es la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En adelante, se dijo, la Sedronar se especializaría en programas asistenciales. Olvidó el Gobierno que un año antes esos programas habían sido derivados desde la misma Sedronar al Ministerio de Salud. De modo que hoy, desde el punto de vista reglamentario, el organismo que debería diseñar una política contra el narcotráfico tiene desdibujados sus objetivos y funciones.

Las herramientas y la experiencia internacional están a la mano, pero hace falta la voluntad política de aplicarlas. Porque al cabo de diez años de ejercicio populista no sólo hay que esperar una normalización general de los mercados. También hace falta un saneamiento profundo del Estado.

Un papel decisivo en la reconstrucción de las instituciones lo debería jugar una dirigencia empresarial que, salvo honrosas excepciones, ha optado la mayoría de las veces por el silencio cómplice frente a los recurrentes abusos de poder.

Sería imperdonable para la Argentina perder dos años más hasta 2015, cuando se produzca el cambio de gobierno, para empezar a trabajar en pos de tener la infraestructura física e institucional necesaria. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no debería condenar a la sociedad al lujo de esperar para crear las bases que necesita hacia el futuro.

Y aunque es una quimera seguir pidiéndoselo a quien ha hecho todo lo posible por destruirla, a pesar de haber declarado, alguna vez, que deseaba que su país se pareciera a Alemania, la población no puede dejar de demandarlo, a los actuales gobernantes y a los que vienen, porque en ello se juega, inevitablemente, el futuro de todos los argentinos.

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