La progresiva destrucción del derecho de propiedad

El Estado en la Argentina está dejando de ser la máxima expresión de la juridicidad para convertirse en una suerte de carterista
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30 de agosto de 2009  

El transcurso del tiempo, en su mera dimensión cronológica, puede resultar, a veces, engañoso. Hace casi ocho años que la sociedad argentina protagonizó un colapso en su economía y en su organización política. Desde aquella crisis de fines de 2001 cambiaron muchos actores, se crearon y sucumbieron organizaciones y partidos, y se renovaron los temas de discusión. Sin embargo, en cuestiones fundamentales de su cultura pública, el país sigue detenido en ese año, sin poder salir de aquellas ruinas.

Una de las instituciones que se desmoronaron, y que la Argentina no ha sabido restaurar, es la del derecho de propiedad. Al contrario, se han vuelto cada vez más frecuentes las agresiones a ese principio fundamental, con total negligencia de una parte importante de la ciudadanía.

En el origen de este ciclo turbulento están la incautación de los depósitos bancarios, el incumplimiento de los contratos y el default de la deuda pública. Son anomalías que aparecen en todos los debates que dominan, hoy, la escena pública. Por el mundo sigue circulando una masa de títulos argentinos impagos. Son los que quedaron fuera del canje que realizó el Estado en 2005, cuando entregó otros bonos a cambio de aquéllos. Pero algunos de estos nuevos también fueron sometidos a un default, no tan estridente, mes tras mes, a partir de que se decidió adulterar las estadísticas del Indec para pagar menos a los poseedores de papeles ajustables por la inflación.

El ahogo del gobierno kirchnerista a grupos empresarios concesionarios de servicios públicos, mediante el congelamiento de las tarifas y "aprietes" para obligarlos a abandonar sus negocios en la Argentina, que en la mayoría de los casos pasaron a amigos del poder político o al propio Estado, constituyó otro grave ataque al derecho de propiedad.

El mismo vicio se manifiesta en otro plano. En los últimos años el poder regulatorio del Estado para garantizar la libre competencia ha sido utilizado también para agredir el derecho de propiedad. Con la excusa de evitar supuestos monopolios, se ha forzado la venta de participaciones accionarias a empresarios seleccionados de antemano por el Gobierno.

La prohibición de exportar es otra degradación del régimen de propiedad. Porque impide el acceso a mercados a quienes viven de ese comercio y, también, porque deprecia uno de sus activos principales: la tierra o las máquinas valen menos si se prohíbe la venta de lo que se produce con ellas. La expropiación se completa con un régimen de retenciones regresivo, que no se apropia de las ganancias sino de los ingresos de quienes intentan crear riqueza.

El derecho de propiedad ha perdido tanto valor en la Argentina que, siete años después del citado colapso histórico, el Gobierno incautó los ahorros jubilatorios y encontró como reacción una inesperada apatía. El pasaje compulsivo del régimen de capitalización al de reparto se llevó adelante sin tomar la precaución de un cálculo actuarial; muchos especialistas sostienen que la operación llevará a la quiebra a la Anses en la próxima década. Es la confiscación más cómoda y la más cruel: la que se adueña del futuro.

Se podrá discutir si los fondos estatizados eran o no parte del patrimonio de quienes los habían confiado a las administradoras privadas. Pero el Estado tampoco devuelve el dinero a aquellos que utilizaban el sistema para realizar ahorros voluntarios.

La expropiación previsional se ejerce también de manera menos escandalosa. La movilidad de las jubilaciones ha sido, entre 2001 y 2009, dejada de lado pese a los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia. Es una violación más agresiva de la ley en la medida en que durante esos años el aceleramiento de la inflación se volvió llamativo.

El fisco también se queda con lo que no le pertenece al demorar los reembolsos del IVA a los exportadores. Miles de pymes que venden sus productos en el exterior están asfixiadas por el Tesoro, obligadas a pagar un impuesto que rige sólo para el mercado local.

La Argentina ya ingresó en una nueva crisis fiscal. El relajamiento del principio de propiedad es tal que la opinión pública se pregunta, casi indiferente, de quién será el patrimonio que el Estado incautará esta vez. ¿Será el petróleo y el gas? ¿Meterá la mano, en cambio, en la liquidez excedente de los bancos y hasta en las cajas de seguridad? ¿O se acordará de los activos que acumulan las compañías de seguros para respaldar sus compromisos? Adivinar la próxima expropiación se ha convertido en un triste deporte entre los economistas.

La falta de inhibición frente a lo que le pertenece a otro tiene consecuencias gravísimas. Como siempre sucede cuando las prácticas se ponen al margen de las leyes, los más débiles son los más perjudicados.

Por este vicio, la Argentina paga una tasa extravagante de rendimiento del capital. Es el seguro que se toman los emprendedores ante la eventualidad de perder lo que han invertido. En un país donde el patrimonio privado puede ser expropiado de un momento a otro, los actores económicos tratan de garantizarse la rentabilidad de sus bienes por adelantado. Un régimen tan excéntrico deriva en un deterioro gravísimo de la calidad de vida de la población.

No es la única consecuencia de esta falta de respeto por la propiedad que ha ganado espacio en el país. Existe un hilo bastante visible que enlaza estas condiciones generales de la economía con las agresiones cotidianas que sufre la propiedad individual a manos de la delincuencia común. Es inútil esperar una protección demasiado efectiva en este plano, de un Estado que se ha vuelto carterista.

En un contexto como el descripto, el Estado deja de ser la máxima expresión de la juricidad para transformarse en una facción. Esa defección gravísima convierte a la esfera pública en el campo de batalla de intereses desenfrenados. Toda mediación fenece, todo procedimiento parece superfluo y la argumentación es sustituida por el chantaje. Cuando el sector público desiste de ser árbitro para pasar a ser un actor más, desproporcionado y desigual, de esa guerra primitiva, la frontera de la civilización retrocede hacia las instancias más rudimentarias del orden social y el derecho de propiedad pasa así a ser letra muerta.

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