La seducción populista

La crisis no se superará con recetas cortoplacistas, como una ley de góndolas, sino con inversión privada, confianza en la moneda y más ahorro en los bancos
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12 de mayo de 2019  

El populismo sabe que no cuenta ni contará jamás con la confianza de los inversores, pues vive un presente que consume el futuro, a la inversa de quien gestiona ahorros. Está habituado a manejarse sin ellos y a enfrentar "a los cachetazos" los problemas argentinos: la fuga de capitales, el déficit fiscal, la falta de competitividad, la corrupción pública, los abusos sectoriales y su corolario final: la inflación, que licua ingresos y sumerge en la pobreza.

El populismo tiene un herramental tosco, pero seductor. Y en ello radica su fortaleza: identifica enemigos, anuncia batallas épicas, declara emergencias y ataca consecuencias, jamás las causas. Arremete contra quienes tienen mayor exposición en la economía cotidiana: las empresas, los bancos, los comercios, las prepagas o los propietarios de viviendas en alquiler. Sin omitir el transporte urbano, la nafta, la luz y el gas. En el caso de los bancos, se ha llegado a la completa nacionalización de su actividad. En materia de salud se regulan las obras sociales y prepagas como si fueran servicios públicos. Y en el caso del comercio, dada la dificultad de estatizarlo, ha sufrido campañas feroces desde tiempo inmemorial, conducidas por el siniestro comisario Miguel Gamboa en tiempos del "agio y especulación" (1950) hasta el violento Guillermo Moreno, sesenta años después.

Los proyectos de ley de góndolas, que son evaluados en la Cámara de Diputados de la Nación, reflejan esa inclinación innata por soslayar causas y usar la coerción para ganar aplausos, aunque la barca veneciana se hunda en el Gran Canal. Con el pomposo título de Programa Nacional de Competencia Minorista, se pretende obligar a los grandes supermercados a modificar sus políticas comerciales para que exhiban en sus góndolas (o en sus páginas web), en los lugares más destacados, una cierta proporción de productos que, de otra forma, no tendrían esa oportunidad.

Se ignora que también los supermercados enfrentan sus propias crisis por la competencia de quienes operan sin factura, además del cambio en los hábitos de consumo de la población, que se aleja de las grandes superficies y opta por los locales de cercanía, dejando a aquellos con sus enormes cargas laborales, sus excéntricos costos logísticos y el insostenible peso tributario que alientan la expansión de las low cost comerciales, con mínimo personal y ventas muchas veces "en negro".

En la redacción de los siete proyectos presentados, subyace la convicción de que las grandes cadenas están en connivencia con los fabricantes más importantes para otorgarles solo a ellos los espacios preferenciales, en desmedro de otras marcas menores que no se ofrecen en los estantes. O bien que el poder comercial de esos elaboradores es tan grande que imponen a los supermercados condiciones para entregar sus productos excluyendo a competidores más débiles.

Es fácil encontrar simpatizantes que compartan esas convicciones, en un contexto de bolsillos flacos y una población predispuesta a las teorías conspirativas. Pero la proyectada ley de góndolas no es la forma adecuada para tratar abusos de posición dominante. Para ello está la ley de defensa de la competencia, que requiere denuncia, investigación, pruebas y respeto al derecho de defensa. Si ese procedimiento no ha sido adoptado y se carece de resolución fundada, no puede obligarse a los supermercados a alterar su libertad contractual, como si se tratase de una presunción legal, con serio agravio constitucional.

Una vez que se abren las puertas de los supermercados, no a través de su gerencia de compras, sino por orden legal (como si fuera una "toma", pero a la inversa, para ocupar góndolas), asistiremos a una fiesta para el hervidero de políticos, dirigentes, empresarios, punteros y activistas, que pelearán por los usos posibles de esos espacios, hasta hoy privados. Así se ha pretendido que en esos anaqueles "estatizados" ad hoc, puedan tener su minuto de gloria o su baile por un sueño los productos de pymes, familias y artesanos que aspiran a "bailar" con las primeras marcas. Desde los frutos de la agricultura familiar, campesina o indígena hasta los resultantes de la economía popular. Los textos compiten entre sí en el detalle de su normativa: desde una suerte de "compre nacional" con porcentajes variables de productos importados, según la capacidad de la industria nacional, hasta los términos y condiciones que deberán respetar los supermercados (intereses, plazos de pago, notas de débito) para favorecer a estos nuevos proveedores.

Como dijimos arriba, poco importa al populismo alterar principios constitucionales ni afectar la seguridad jurídica o el clima de negocios, pues saben que la inversión huye tan pronto los escucha. Ya lo dijo el exministro Axel Kicillof en el Senado en 2012: seguridad jurídica y clima de negocios son "palabras horribles".

Pero la crisis no se supera con más cortoplacismo, aunque las encuestas sean tentadoras. Se supera con crecimiento, para que también crezca el empleo y aumenten los salarios reales. Y ello requiere inversión privada, confianza en la moneda, incremento del ahorro en los bancos, expansión del crédito y disponibilidad de recursos, a tasas bajas y para todas las empresas, incluidas las pymes, las familias y los artesanos que se pretende beneficiar con este nuevo intento de resolver la cuadratura del círculo. Con inversiones también ganarán dimensión esos productores y con inversiones también aparecerán nuevas modalidades comerciales, como en el mundo desarrollado, donde no hay leyes como esta. Nuevamente, se pretende otro atajo, como tantas otras soluciones mágicas, siempre atractivas al comienzo y dolorosas al final.

Si en algo debe distinguirse Cambiemos del populismo cerril es por su capacidad de generar seguridad jurídica y recrear un clima de negocios para crecer sin defaults, confiscaciones o exacciones arbitrarias, propias de quienes son incapaces de lograr inversiones por sí mismos. "Las uvas no están maduras" dice el populismo, pues no puede alcanzarlas. Cambiemos puede alcanzarlas, y no debe ser seducido por quienes no tienen alternativa, para acompañarlos en otra tropelía destinada a ganar votos a un precio que Cambiemos no debería pagar, pues sería el único en hacerlo.

Sostener que una ley de góndolas es contraria a la seguridad jurídica y que afecta la confianza no es un cliché neoliberal ni un axioma del FMI. Es la constatación de algo real y práctico. La Argentina es considerada como un país de altísimo riesgo, con sus ocho defaults a cuestas (incluyendo el mayor de la historia), con su arbitraria "pesificación asimétrica", su incumplimiento de contratos, su incautación de ahorros en fondos de pensión, la confiscación de YPF, el "cepo cambiario", la alteración de índices oficiales, las prohibiciones de exportaciones, etcétera. Además de la corrupción desvergonzada en todos los niveles del Estado.

Los posibles inversores que la Argentina desea y necesita observan con minucia cada gesto, cada pestañeo de todo país receptor de un capital a riesgo o deudor de un préstamo. Cada movimiento brusco es interpretado en el peor sentido aunque luego haya explicaciones. Toda mala señal de Cambiemos y de otros candidatos "racionales" afecta en forma automática la percepción del riesgo país. Y esto no es ideología, sino algoritmos que alteran índices y coeficientes, ante los cuales no hay excusas ni guiños cómplices ni "códigos" vernáculos que los inversores puedan entender.

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