La supresión de las PASO y la transparencia electoral

La suspensión o eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), previstas por la legislación electoral vigente, constituiría, de cara a 2023, un auténtico despropósito institucional.

Las reglas de juego electorales, que hacen a la esencia de una democracia representativa, deben ser estables y previsibles. No es factible modificarlas poco antes de un proceso eleccionario en función de las conveniencias de un sector político con capacidad de imponer su número en el Congreso.

Solo mezquinos y espurios intereses políticos, representados por el afán de desarticular a la principal fuerza opositora, pueden guiar el impulso de una reforma electoral, a un año de las próximas elecciones presidenciales, por parte de la coalición gobernante.

En las últimas semanas, desde distintos sectores del oficialismo, se dejó trascender la intención de eliminar o dejar en suspenso las PASO. Más recientemente, el diputado nacional rionegrino Luis Di Giacomo, en representación del interbloque Provincias Unidas, anunció que presentará un proyecto de ley tendiente a eliminar esas primarias abiertas.

El fundamento esgrimido por este legislador es que las PASO “no cumplieron con la función para la que fueron creadas” en 2011 y constituyen “un enorme gasto para el Estado”. Opinó que estas primarias funcionaron como “una gran encuesta, que tergiversa la elección posterior, dado que provocan un efecto de disminución de expectativas por las terceras fuerzas”.

Es cierto que este mecanismo previsto para la selección de candidatos a cargos electivos por parte de las fuerzas políticas fue desaprovechado en numerosas contiendas electorales en las cuales la mayoría de los partidos prefirió concurrir a esa instancia electoral con una lista única de postulantes, elegidos a dedo y entre cuatro paredes por sus cúpulas. Pero resulta llamativo que se propicie en estos momentos su derogación lisa y llana cuando es sabido que la principal coalición opositora se aprestaba a utilizar las PASO para dirimir su lucha interna por la candidatura presidencial y otros cargos electivos entre sus varios aspirantes.

Corresponde puntualizar que si lo que se busca es bajar gastos del Estado, los impulsores de la actual reforma deberían haber reparado hace mucho tiempo en la necesidad de avanzar hacia la instrumentación de la boleta única en papel, que además de generar un importante ahorro en impresión de papeletas electorales, contribuiría a dotar de transparencia al sistema de votación.

El sistema de boleta única facilitaría el trámite electoral, impediría el robo de boletas partidarias y otras trampas asociadas al clientelismo, y le ahorrarían al Estado mucho dinero. Pero, lamentablemente, impera en algunos sectores de la dirigencia política, encabezados por el peronismo, una particular reticencia a instrumentar esta modificación, que terminaría con buena parte de los sucios negocios clientelares y las estafas que algunas de las propias dirigencias partidarias cometen con la impresión de boletas.

Entre los muchos interrogantes a los que deja lugar la eliminación o suspensión de las PASO que se impulsa desde el oficialismo, hay uno central: ¿cuál será el sistema que reemplazaría a las PASO? ¿Acaso se está pensando en volver a las elecciones internas tradicionales, reducidas a los afiliados a un partido político? De ser así, cabe preguntarse cómo se resolverían algunos de los puntos que plantea la ley de las PASO que hasta hoy nos rige; entre otras cuestiones, ¿cuál será el requisito para que una fuerza política pueda participar en la elección general?

La legislación vigente contempla que únicamente podrán participar de las elecciones generales presidenciales aquellas agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las primarias abiertas el 1,5% de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional. Cabe preguntarse, entonces, qué sucedería a partir de ahora si se eliminan las PASO.

Ninguna reforma electoral es completamente inocente, en tanto que siempre favorecerá a unos y perjudicará a otros. Por tal razón, resulta lo más prudente y saludable que cualquier cambio en el sistema electoral, además de ser objeto de un profundo y amplio debate legislativo, solo se aplique para dentro de dos tandas de procesos eleccionarios y no para los comicios más inminentes.