Las barbas de la vecina

Las similitudes entre lo que está ocurriendo en Brasil y lo que sucede en nuestro país deben ser una alerta para quienes asuman el poder en diciembre
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22 de febrero de 2015  

Un antiquísimo proverbio español advierte que "cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las propias a remojar". Pues, aunque las damas carecen de pilosidades en el cutis, es difícil no evocar el refranero castizo cuando se observan los sobresaltos, desmadres y oscuros panoramas que afectan a las dos presidentas populistas del Mercosur.

Avergonzada, Dilma Rousseff esquivó la mirada de Evo Morales cuando éste sostuvo, en la inauguración de su tercer período presidencial, que en Bolivia "no mandan los Chicago Boys, sino los Chuquiago Boys", refiriéndose a una etnia indígena de su país. Ocurre que pocos días antes, la presidenta de Brasil, al asumir su segundo mandato, designó ministro de Hacienda al banquero Joaquim Levy, graduado en la Universidad de Chicago. Precisamente allí, alma máter de Milton Friedman.

Durante su primer mandato, Dilma aplicó al pie de la letra el menú populista, sin olvidar ninguno de sus platos, aprovechando el "viento a favor" que impulsó el consumo en la región, por razones ajenas al mérito de sus gobernantes. Como en la Argentina, pudo mostrar logros en la distribución del ingreso, aunque al precio de grandes desajustes fiscales consentidos por el ex ministro Guido Mantega, un economista heterodoxo con ideas semejantes a nuestro Axel Kicillof.

Al iniciar su segundo mandato, Dilma tiene por delante cuatro años de gobierno y ningún deseo de hundirse en el fango del desempleo y recesión al que conduce la fuga de capitales por el alto déficit fiscal. A diferencia de nuestra presidenta, que se beneficia de las expectativas favorables por la terminación de su mandato, Dilma Rousseff prometió poner en orden las cuentas fiscales como para garantizar la inclusión, el empleo y los ingresos en forma sostenible. Este giro sorprendió, pues era contrario a sus anuncios de campaña y, para muchos, una traición a su electorado, pues semeja el programa de su rival, Aécio Neves.

La séptima economía del mundo se encuentra hoy en una crisis como no experimentaba desde 2002, en la transición entre Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. La inflación ronda el 7% anual, el déficit fiscal alcanzó el 6,7% en 2014 y el déficit en cuenta corriente llegó al 4,2%. La suma de estas dos cifras (déficits gemelos) demuestra que Brasil vive más allá de sus recursos y que peligra su condición de "grado de inversión" que años atrás, el mismo Levy, como secretario del Tesoro, logró obtener con un manejo serio de las cuentas públicas. Lo llaman "Manos de Tijera" por su firmeza en cortar gastos. De un tijeretazo, ha eliminado subsidios a la energía, reducido beneficios jubilatorios, suprimido apoyos al banco de desarrollo BNDS, aumentado impuestos y elevado la tasa de interés. Los observadores confían en Levy, pero desconfían de Dilma, quien lo evita ni le dice: "Vení para acá, chiquito", para demostrar ante la tribuna el apoyo a su gestión.

Tampoco cuenta Dilma con el apoyo parlamentario de los partidos de la coalición que le permitió acceder a la presidencia. Lo peor de un ajuste económico es llevarlo a cabo sin un marco de confianza, pues, sin ingreso de capitales, el ajuste es políticamente insostenible y deriva en renuncias que aceleran la inflación y el desempleo.

Pero ni Dilma ni su ministro preveían que Brasil sufriera este año todas las plagas de Egipto. Una cosa es recuperar la solvencia fiscal en un marco de optimismo y otra es enfrentar las quejas sociales cuando falta agua, se corta la luz, se pierden puestos de trabajo, suben los precios y los escándalos de corrupción se expanden por toda la estructura política y económica de LA NACION. La sequía está afectando el sudeste de ese país, reduciendo la producción de soja en Mato Grosso y subiendo el precio de los alimentos frescos en las ciudades. La caída del nivel de agua de las represas ha impactado sobre el precio de la energía y provocado una crisis en la provisión de agua potable en San Pablo, con gravedad inusitada.

La situación de Petrobras, que se inició con una investigación por la compra en 2006 de una refinería en Pasadena, EE.UU., continuó con las explosivas declaraciones de ex funcionarios luego de "acuerdos de delación premiada" para mitigar sus castigos. Según éstos, las mayores constructoras de Brasil y algunas del exterior formaron un cartel para rotarse los contratos con Petrobras que eran sobrevaluados por cifras millonarias. Los sobornos se tasaron al 2% de su valor. Los contratistas se apropiaron de un monto sideral estimado en 4000 millones de dólares en diez años, compartido con funcionarios de la empresa, el partido gobernante y varios partidos políticos, en una operación denominada "Lava Jato" ("Lavado Rápido", en español).

Petrobras era la firma más grande de América latina, con un programa de inversiones que moviliza toda la estructura productiva de Brasil. Al revelarse la magnitud de estas defraudaciones, todos los contratos fueron suspendidos para su reevaluación y la compañía, que cotiza en Nueva York, puso en duda el real valor de sus activos, al punto que los auditores no firmaron su último balance y debió contratar a una firma especializada para hacer una valuación cierta de sus inversiones recientes. Su valor bursátil cayó un 40% en pocos días.

Esa parálisis ha provocado un verdadero "choque en cadena" de contratistas y proveedores, como un accidente en una autopista. Se ha interrumpido la cadena de pagos y muchas firmas han debido despedir personal y convocar a acreedores. A su vez, esta crisis se refleja en el sistema financiero, ya que los bancos deben aprovisionar sus carteras por la súbita iliquidez de sus clientes en áreas como petróleo y gas, petroquímica, construcción, logística, azúcar y etanol, por un monto global de 50.000 millones de dólares, de los cuales, la cuarta parte son préstamos a Petrobras. Ello significa también una fuerte restricción del crédito.

Inicialmente, la Justicia detuvo a los principales ejecutivos de Petrobras involucrados en las denuncias y también a funcionarios de varias empresas constructoras brasileñas reconocidas mundialmente. Pero el escándalo no parece terminar ahí. Graça Foster, presidenta de Petrobras, designada por Dilma Rousseff, debió renunciar a su cargo, ya que no podía ignorar lo ocurrido. La combinación del ajuste económico con el escándalo de Petrobras ha dejado aislada a Dilma, pues sus propios socios en la coalición de gobierno tomaron distancia de ella y designaron a Eduardo Cunha (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), su crítico acérrimo, como presidente de la Cámara de Diputados. Cunha ya anticipó que "no será sumiso" a los deseos del Partido de los Trabajadores (PT) y formó una comisión bicameral para ahondar en estos ilícitos. Por su función, es el segundo en la línea sucesoria presidencial, tiene la facultad de fijar la agenda legislativa y, también, la potestad de aceptar o rechazar la iniciación del juicio político a los funcionarios.

El principal problema político es que Dilma Rousseff presidía el Consejo de Administración de Petrobras durante la gestión de Lula da Silva y cuando se aprobó la transacción de la refinería de Pasadena que implicó un perjuicio al Estado por 792 millones de dólares. Otro problema es que el PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares de sobornos. Las causas judiciales, que inicialmente se limitaban a directivos de Petrobras y sus contratistas, se extendieron a niveles inquietantes para la presidenta. Hace pocos días, la Justicia detuvo a João Vaccari Neto, tesorero del PT, para tomarle declaración, sin notificarlo previamente.

Con un lenguaje y un estilo muy parecidos al kirchnerismo, Dilma Rousseff ha politizado el caso, denunciando un intento de desestabilización tras esta investigación, aunque no ha atacado a la justicia ni han sido amenazados los fiscales. En su reciente discurso por el 35° aniversario de la fundación del PT, advirtió que no puede mancharse al PT, pues es el partido identificado con "los movimientos populares, los sindicatos, las iglesias, los intelectuales, con los que lucharon contra la dictadura y con los empresarios progresistas del país". Lula acusó a "los golpistas" y a la prensa por "criminalizar sin importar si son verdad o no" las imputaciones de corrupción. En ausencia de un jefe de gabinete, Dilma y Lula toman el micrófono para defenderse.

Muchas similitudes pueden ahora encontrarse entre la situación actual de Brasil y de la Argentina. No solamente Youssef se llama el mediador en los pagos de Petrobras y Yussuf el presunto intermediario con el gobierno de Irán para dificultar la búsqueda de la verdad en el caso AMIA. El ajuste que conduce Dilma Rousseff es un anticipo de las medidas que deberá adoptar el gobierno que asuma en la Argentina en diciembre. La investigación por corrupción en Petrobras también tiene una similitud con el proceso que actualmente se sigue a Cristina Kirchner por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Y permite vislumbrar las derivaciones que puede tener sobre toda la economía nacional una encuesta profunda sobre el manejo de los recursos públicos durante la gestión kirchnerista, incluyendo la Anses, Aerolíneas Argentinas, las compras de gas licuado, las obras públicas digitadas por el Ministerio de Planificación, la maraña de fideicomisos, la gestión de las decenas de empresas en poder estatal, los privilegios a empresarios amigos, los subsidios otorgados por razones políticas y todos los desvíos de fondos verificados durante los últimos doce años para sustentar el relato.

Mientras las dos presidentas se observan de reojo, el barbero afila su navaja antes de decidir a cuál de ellas afeitará primero.

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