López: otro secretario que acumula denuncias

Tiene un sillón próximo a Julio De Vido desde los comienzos de la era kirchnerista, pero ha sido en los últimos años en los que vio crecer su poder a fuerza de tácticas en el uso y abuso de la digitación de la obra pública y la presión a empresarios. Ha tenido un exponencial crecimiento de su patrimonio, cuestionamiento ya convertido en denuncias en juzgados cuyos magistrados comienzan a investigarlo.

Se trata de José Francisco López, un ingeniero civil que se desempeña como secretario de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación Federal, que conduce otro cuestionado funcionario, Julio De Vido. Curiosamente, su llegada a esa cartera como segundo del ministro fue ideada por Néstor Kirchner para que López fuera uno de los dos grandes contrapesos del ministro.

En la lógica del ex presidente, así tenía que funcionar una de las grandes canteras del financiamiento político, como es la obra pública. El otro contrapeso que Néstor Kirchner había elegido para controlar a De Vido fue Ricardo Jaime, investigado en numerosas causas y condenado el 3 del actual en Córdoba a seis meses de prisión por sustracción de pruebas. El primer cargo público de López se remonta a 1991, cinco años después de haberse recibido de ingeniero en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad de Tucumán. Durante tres años fue vocal del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. De 1992 a 1993 se desempeñó como representante de ese distrito ante el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas. Entre 1994 y 2003, antes de obtener su actual cargo, fue presidente del directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz, entre otros cargos que le confieren ciertamente un conocimiento bastante extendido sobre la obra pública y la vialidad.

El problema, por cierto, desde hace varios años ha pasado a ser la forma en que López multiplicó varias veces su patrimonio desde la función estatal, así como sus vínculos con empresas incompatibles con su tarea en el Estado. En el contexto de la causa por su presunto enriquecimiento patrimonial fue que el juez Daniel Rafecas pidió a la Unidad de Información Financiera de Brasil que informe si López tiene compañías, integra sociedades o realiza movimientos bancarios en ese país. El pedido de Rafecas responde a un reclamo de medidas de pruebas realizado por el fiscal Federico Delgado, quien también pidió al magistrado que se investigue si el funcionario está relacionado con tres fideicomisos y una inmobiliaria que comparten domicilio con una de las dos empresas que López tiene en Tucumán, La Araceliti SA, dedicada a la producción de caña de azúcar y a construcciones viales; a proyectos de arquitectura e ingeniería y a obras civiles en general, y a servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas y privadas. No obstante dedicarse a todos esos rubros, cuyo objeto social fue ampliado hace cinco años, sólo en febrero pasado la Oficina Anticorrupción emitió una resolución por la que informa al Poder Ejecutivo que se abstenga de contratar los servicios de esa sociedad, ya que su dueño es el encargado formal de adjudicar y controlar la obra pública.

Pero la mayor operación del ingeniero López en los últimos tiempos se refiere a su vinculación con la empresa Rovella & Carranza SA. Esta compañía, por presunta indicación directa de López, habría adquirido las acciones de la firma Gotti –que perteneció al cuestionado Lázaro Báez–; a cambio de este menester, Rovella, con la directa colaboración de López, habría sido beneficiada con obras públicas, cuyos concursos se caracterizaron en ocasiones por falta de competencia y arreglos entre contratistas que el propio López se habría encargado de llevar a cabo, según fuentes políticas que sospechan que el secretario y algunos de colaboradores habrían utilizado a esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole tanto los mencionados concursos como pagos de certificados incluso antes de su vencimiento.

Más allá de esas investigaciones judiciales, es el proceder de López el que también lo pone contra las cuerdas. Sin temor a equivocarse se puede decir que en el país nadie construyó una casa con dinero público sin haber tenido que aceptar las condiciones de su secretaría. Junto con Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto que hizo su carrera política al abrigo del kirchnerismo santacruceño y que falleció el año pasado, manejó toda la construcción de viviendas de la última década.

Desde Buenos Aires, digitaban dónde, cuándo, a qué precio y quién construía en el país. Armaron una red de funcionarios cercanos que respondían a su impronta en todos los fondos nacionales de la vivienda (Fonavi) provinciales. Más allá de que los funcionarios de esa dependencia debían ser nombrados por las administraciones distritales, desde las oficinas centrales de Planificación Federal se imponía a los candidatos.

López siempre estuvo sospechado de haber utilizado la construcción de viviendas como una herramienta para premiar o castigar a gobernadores e intendentes, algo que De Vido también ejercita cada vez con menos disimulo. Fue, además, uno de los inspiradores de la construcción encarada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Nuevamente, Néstor Kirchner había encontrado en esa entidad el instrumento apto para poner otro contrapeso, esta vez al propio López, que debió tejer una relación de conveniencia con Sergio Schoklender, de quien terminó molestándole su crecimiento dentro del área de la edificación de viviendas. Hoy es el propio Schoklender, ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, quien lo responsabiliza por la causa en la que se lo investiga por desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales y otras maniobras de lavado de dinero.

En las últimas semanas, López inscribió un nuevo capítulo en su controvertido historial vinculado con la obra pública a raíz de la fuerte presión que ejerció sobre las empresas constructoras que perdieron la licitación de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, cuya adjudicación –anunciada públicamente por la Presidenta– le correspondió a la firma Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, otra compañía que creció fuertemente al calor del kirchnerismo. López ha sido uno de los artífices de esta escandalosa licitación, que representa una de las contrataciones más oscuras e ilegítimas de la era kirchnerista.

Según publicaciones periodísticas, López llamó a las empresas derrotadas en la licitación y las amenazó con cortarles los pagos pendientes si impugnaban la adjudicación a Electroingeniería. Ese apriete explicaría que no hubiera presentaciones ante la Justicia por parte de los otros oferentes, tal como en un principio insinuaban con hacerlo Lázaro Báez y Eduardo Eurnekian, cuyas firmas quedaron fuera de la licitación. Lo cierto es que Báez aspira a ser contratado por el consorcio ganador por contar con la maquinaria pesada en la zona de las obras. Es decir, un círculo de intereses que termina retroalimentándose desde el propio poder. Un poder que ha venido fomentando y protegiendo a empresarios funcionales a nefastas estrategias políticas y económicas, cuyos actos y maniobras la Justicia debe investigar y castigar. En este sentido, López no ha podido evitar que distintos diputados denunciaran penalmente esta licitación y a todos los funcionarios que intervinieron en ella. A pesar de la grave denuncia que pesa sobre ellos, el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, donde ha quedado radicada la causa, se ha negado a darles acceso al expediente de la licitación a los diputados denunciantes, entre los que se encuentran Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido, quienes tuvieron que iniciar un amparo para poder tener acceso a actuaciones que, por su naturaleza, debieran ser públicas. Ciertamente, siempre que se compartan los principios republicanos, que funcionarios como De Vido y López evidentemente desprecian.