Los malos hábitos de la UBA

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26 de enero de 2002  

EL repentino final del gobierno de Fernando de la Rúa desencadenó en diversos ámbitos reacciones en cadena en las que algunos de los acólitos de la administración caída han insistido en dar mal ejemplo. Así, el trastorno institucional puso una vez más al desnudo el objetable uso que se hace del Estado para dar empleo a dirigentes políticos, de un día para otro obligados al ocio, o en camino de ello.

Tal como era previsible, la maltratada Universidad de Buenos Aires no podía ser excepción en cuanto a esos abusos, y su vicerrectora, Susana Mirande, se ha visto en el caso de tener que denunciar recientes designaciones hechas -o propuestas- por el rector, Oscar Shuberoff. Quien hasta hace poco se desempeñaba como director nacional de Relaciones con la Comunidad, Facundo Ramos, fue inopinadamente nombrado asesor, en tanto que aguardan la finalización de trámites de rutina designaciones similares de Lautaro García Batallán, ex viceministro del Interior, y de Luciano Olivera, gerente de Programación de Canal 7, personas relacionadas con el hasta hace pocas semanas denominado "grupo sushi", y cuyo común origen partidario está en la agrupación Franja Morada.

No se ha podido conocer qué repentina necesidad de asesoramiento experimentó el rectorado de la UBA durante este receso estival, al punto de considerar necesarios los servicios de estas personas.

Sin posibilidad de disimulo alguno, las circunstancias y el momento de esas designaciones generan la sospecha -tal como lo indican la vicerrectora Mirande y la propia FUBA- de que no se trató sino de dar ubicación laboral a militantes abruptamente desocupados. En verdad, la forma elegida para hacerlo fue por demás infortunada y hasta provocativa, pues casi todos relacionan el término "asesor", utilizado en la administración pública o en la paraestatal, con canonjías o, peor aun, con un mero eufemismo para evitar hablar descarnadamente de "ñoquis".

Es una lástima que la UBA vuelva a ser noticia mediante una reiteración de procedimientos impropios, relacionados según es usual con Franja Morada y sus inveterados intentos por hegemonizar el control de las casas de altos estudios. De nuevo, además, se proponen gastos inexplicables, precisamente cuando a la UBA y a las restantes universidades nacionales se les viene exigiendo restricciones presupuestarias acordes con la emergencia provocada por la crisis fiscal. A no dudarlo, duras críticas al respecto se harán oír muy en breve, en la inminente discusión del presupuesto nacional, pues gastos como éstos privan de legitimidad a quienes incurren en ellos, y también a quienes los defienden.

Sería de sumo interés que se hicieran públicos todos los nombramientos realizados en la UBA y otras universidades nacionales en los últimos dos meses para verificar si casos como los denunciados constituyen un hecho aislado o son la punta del iceberg de una reprochable y generalizada práctica que debe ser desterrada. En aras de la transparencia es de desear, asimismo, que se publique la nómina de todos los agentes públicos para que la sociedad pueda ejercer el debido control de las designaciones, y no se halle reducida, como pasó en este caso, al conocimiento casual, pues los detalles consignados trascendieron sólo como producto de un conflicto entre facciones azuzado por la cercanía de las elecciones en que la UBA debe designar un nuevo rector.

Días atrás, desde esta columna se señalaba la imperiosa necesidad de contar con una administración pública reducida, con funcionarios y empleados idóneos y bien remunerados. Nada de ello será posible, y mucho menos mientras persistan hábitos prebendarios como los denunciados. Al respecto, vale la pena recordar que el propuesto asesor Lautaro García Batallán tenía a su cargo, paradójicamente, el diseño de la reforma política, uno de cuyos pilares era y es la reducción del gasto político y la transparencia del financiamiento de la política.

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