Los menores: de todos y de nadie

Los juzgados de menores tratan diariamente con las más crudas realidades sociales que afectan a adolescentes y niños, pero con muy escaso reconocimiento social y apoyo institucional. La imagen que presenta el fuero de menores recuerda la de una alarma, que suena desde hace mucho tiempo sin que nadie le preste atención a pesar del estado de emergencia en que se encuentra.

Es por ello, quizá, que el Premio a la Excelencia Judicial 2005 al Juzgado de Menores Nº 4, a cargo de María Cecilia Maiza -otorgado por Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, y patrocinado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires-, tomó por sorpresa hasta a sus propios funcionarios.

Fue elegido entre los siete juzgados de primera instancia y los tres tribunales orales de menores por los altos niveles de eficiencia con que trabaja para resolver cuestiones que van más allá de la simple aplicación de las leyes, prácticamente sin más incentivo que el de la tarea bien hecha.

La doctora Maiza acompañó personalmente a la presidencia de la Cámara Criminal y Correccional para verificar el estado de los establecimientos oficiales de internación para menores en conflicto con la ley penal, con sincera vocación de servicio y preocupación para hallar soluciones a la crítica situación que tradicionalmente presentan estos institutos. Demostró también una sincera vocación de servicio al permanecer en ellos durante muchas horas -incluso hasta entrada la noche- para verificar el estado general, eventuales anomalías, y detalles como la calidad y cantidad de la comida que se brinda a los niños internados. Asimismo realizó visitas no programadas o sorpresa para optimizar el resultado de sus inspecciones.

Preocupa cada vez más el número de delitos cometidos por niños y jóvenes menores de 18 años, quienes -en muchos casos- resultan de difícil recuperación para la sociedad. Robos y hurtos, muchas veces en banda y con armas, con grados de sadismo y alevosía crecientes, son los hechos más frecuentes. El antecedente es, por lo general, la absoluta exclusión de cualquier contención familiar o social. Este círculo vicioso se realimenta cuando los menores reciben la "escuela de la calle", donde inevitablemente adquieren malos hábitos -en especial relacionados con las drogas y el alcohol- que hacen aún más difícil su recuperación.

Entre las consecuencias indeseables de la saturación, se produce la desatención de la función tutelar sobre los menores (seguimiento de su evolución, atención a los padres, visitas a los institutos), tareas críticas para contribuir a la solución del problema de la responsabilidad penal juvenil. El retardo en la atención de menores, además, contraviene disposiciones expresas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los tribunales orales de menores tienen a su cargo más de 800 casos. La acumulación de causas conlleva el dictado de sentencias tardías, que perjudican a los niños, adolescentes y adultos imputados.

La escasez de programas alternativos a la internación o de una rápida derivación a otro sistema configuran otra triste cara de un panorama desolador en los institutos de menores. Los establecimientos son deficientes: no reúnen mínimos requisitos edilicios ni con equipos técnicos suficientes, todo ello agravado por problemas de superpoblación.

En medio de tantas sombras, el juzgado de la doctora Maiza todavía responde a la alarma que suena casi en vano. Funciona como un ejemplo para quienes viven la judicatura como una vocación, enfrentando con compromiso la situación negativa. Es de esperar que el premio que comentamos no sea sólo un aliento aislado proveniente de la sociedad civil para éste y los demás tribunales de menores. Los tres poderes del Estado tienen responsabilidades concurrentes que deben asumir.

El Consejo de la Magistratura debe dotar los medios suficientes a estos juzgados. Es un deber que no puede seguir evitando. La sola ubicación de los siete juzgados de primera instancia de menores en los inaccesibles últimos pisos del Palacio de Tribunales es toda una señal de la poca importancia que se les asigna. Por su parte, el Congreso puede hacer su aporte a la solución, modificando la normativa para que los tribunales orales de menores atiendan exclusivamente la situación de menores de edad en conflicto con la ley penal. Finalmente, el Poder Ejecutivo debe comprometerse a asignar las partidas presupuestarias para que el sistema tutelar sea efectivo y contribuya a reinsertar a los menores en la sociedad.

Los menores son responsabilidad de todos nosotros, pero parecería que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Lejos de las contiendas electorales y puestos a trabajar en los asuntos que importan, los gobiernos y la sociedad les debemos la igualdad de oportunidades que se merecen.