Más Biden y menos Disney

Con 27 tuits, Cristina Kirchner elogió el reciente discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos, haciendo una defensa de la intervención del Estado en la economía y, en particular, del American Jobs Plan que implica un fuerte aumento del gasto público para promover empleos y ayudar a los más vulnerables durante la pandemia. La vicepresidenta de la Nación quiso utilizar esos anuncios como una forma de avalar la expansión del Estado en la Argentina, incluyendo la emisión monetaria, la presión fiscal y el impuesto a la riqueza.

Las palabras de Biden no deberían sorprender a quienes conocen la historia de los Estados Unidos. Desde el New Deal de Franklin Roosevelt en la Gran Depresión (1933) hasta ahora, la principal diferencia en materia económica entre los partidos Demócrata y Republicano se refiere al gasto público y al debate respecto del aumento o la disminución de los impuestos como herramientas anticíclicas y de promoción social.

Pero esas discrepancias ocurren siempre dentro del marco institucional del sistema republicano, con sus frenos y contrapesos: la división de poderes, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa, entre otros. Eso está fuera de discusión. Demócratas y republicanos respetan el Estado de Derecho (rule of law) y ambos reconocen que la potencia estadounidense radica en la iniciativa privada, el esfuerzo individual y la cultura del mérito. Por esa razón, cruzan la frontera millones de extranjeros, por tierra o en balsas, buscando mejorar sus vidas con trabajo verdadero, no con empleo público.

La gran diferencia entre las medidas impulsadas por Biden y las que impulsa la vicepresidenta radica en algo muy sencillo: solo puede gastar más quien tiene recursos para hacerlo. Estados Unidos puede, la Argentina no. Y la diferencia está, precisamente, en las instituciones.

Si además de visitar Disneyworld, cuando Máximo y Florencia eran niños, Cristina Kirchner hubiera aprovechado para estudiar las instituciones norteamericanas, habría aprendido varias cosas que, por lo visto, ignora. Además del Ratón Mickey y el Pato Donald, existieron John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, entre los “padres fundadores”.

Por lo pronto, que la división de poderes no se originó en la Revolución Francesa, como ella cree, sino en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Las ideas del francés Montesquieu no fueron adoptadas por Francia, sino por los Estados Unidos y son la principal característica de su sistema institucional. Francia tuvo que esperar casi cien años, entre guillotinas y dos imperios, para conformar una república duradera (1870). La Argentina las hizo suyas en 1853 y, con ello, se convirtió en el “país estrella” al cumplir el centenario.

Como “abogada exitosa” hubiera disfrutado la lectura de Marbury vs. Madison (1803), la sentencia icónica de la Corte Suprema norteamericana, que dio fundamento a la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes atribuyendo al Poder Judicial la facultad de revisar actuaciones del poder político y dejar sin efecto aquellas normas que violen la Ley Fundamental. Al ejercer esa atribución, los jueces aseguran el Estado de Derecho, no dan “golpes blandos” ni hacen política partidaria.

La reforma de la Constitución para eliminar la división de poderes que persigue el kirchnerismo colisiona con los principios a los que adhiere Biden

Detrás de cada dólar que emite la Reserva Federal y de cada bono que coloca el Tesoro está Marbury vs. Madison, están la división de poderes, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa. Desde 1787 hasta ahora.

Detrás de cada peso que emite y cada bono que coloca nuestro país están los nueve defaults de su deuda externa, su inflación del 50%, su riesgo país de 1500 puntos y la ausencia de moneda. En síntesis, el quebranto institucional que genera desconfianza e inseguridad jurídica. Desde 1975 hasta ahora.

Cuando la vicepresidenta se opone a la reducción del déficit fiscal con una visión electoralista, priorizando su impunidad, no emula a Biden, sino todo lo contrario. La inflación es el impuesto a los pobres y, por eso, la mitad de los argentinos es pobre.

Cuando Cristina Kirchner sostiene que el “modelo de derrame” favorece la desigualdad y propone, en cambio, la necesidad de crecer “desde abajo hacia arriba”, utilizando el gasto público para aumentar el consumo, no advierte que sin instituciones no hay posibilidad de crecimiento. Cuanto más gasto financiado con emisión, más fuga de capitales, menos moneda, menos inversión, menos empleo, mayor pobreza.

Cuando la vicepresidenta manda sus tuits, llamativamente, nada dice sobre el espectacular y eficaz programa de vacunación contra el Covid-19 instrumentado por Biden.

Del mismo modo, ignora –o simula ignorar– la dimensión moral del discurso de presidente norteamericano. La tradición demócrata, desde Woodrow Wilson en adelante, incluyendo a John F. Kennedy y su Alianza para el Progreso, procura expandir al mundo sus principios democráticos, a diferencia del aislacionismo republicano. Por ello, Biden condena tanto a la dictadura de Nicolás Maduro como al régimen autocrático de Vladimir Putin y las violaciones a los derechos humanos en China. Al referirse a estos dos últimos casos, señaló que “ese tipo de líderes creen que, en el siglo XXI, las democracias no pueden competir con las autocracias, por el tiempo que demanda lograr un consenso”.

La idea kirchnerista de reformar la Constitución nacional para eliminar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial jamás podría conciliarse con los principios a los que adhiere Biden. Y muchísimo menos, si esa embestida institucional tiene un objetivo tan rastrero como la impunidad de Cristina Kirchner y su entorno por enriquecimiento a costa del erario público.