Más intervencionismo estatal, menos inversión productiva

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13 de enero de 2021  • 00:00

Las duras y reiteradas quejas de diferentes asociaciones empresariales deberían ser escuchadas por el Gobierno si se aspira a la recuperación del país

Distintas asociaciones y foros empresariales han advertido al gobierno nacional sobre los golpes que está sufriendo la economía del país, con previsibles consecuencias para toda la sociedad argentina. Una vez más instan al diálogo con el objetivo de consensuar las medidas económicas que den previsibilidad a las decisiones empresariales a fin de generar crecimiento económico y promover la inversión que permita lograr la tan esperada como impostergable recuperación del país.

Los empresarios consideran que entre los principales problemas que enfrenta hoy la Argentina se encuentran la inseguridad jurídica, la falta de confianza en las políticas del Gobierno, la inflación y la creciente intervención del Estado en las actividades del sector privado. No menos importantes y por el alto impacto que generan, subyacen también la falta de transparencia, la corrupción y el avance sobre las libertades individuales.

Con el título "El sector privado, actor clave en la recuperación de la Argentina", el Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea a 80 instituciones empresariales, sostuvo que "la repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos".

El texto menciona las decisiones oficiales que justifican su preocupación, tales como la intervención en el mercado de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones; la prohibición de las exportaciones agropecuarias; el congelamiento de precios de alimentos y de tarifas de electricidad y gas, y la cancelación del aumento primeramente autorizado para la medicina prepaga.

El comunicado continúa diciendo que "los efectos adversos de estas medidas ya se conocieron en el pasado: disminución del área sembrada de los cultivos cuya exportación está prohibida o limitada, pérdida de cabezas de ganado, disminución de la producción de gas y petróleo que trae como consecuencia la necesidad de importar combustible como ya se está previendo para el próximo invierno, desabastecimiento de productos y una consecuente pérdida de inversiones y empleo".

Por su parte, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa calificó como compleja la situación que atraviesa el país y denunció el avance sobre las libertades individuales. En su comunicado, la academia expresa que "el gobierno nacional ha determinado una escalada en prácticamente todos los niveles de la República Argentina". Resume su preocupación señalando que "la permanente intención de avanzar sobre la Justicia, la insistencia en sancionar una nueva ley de medios, la intención de entrometerse en la actividad agropecuaria atacando al sector que más divisas extranjeras aporta al país y la contención de las tarifas a través de la restricción de aumentos -con todas las distorsiones que genera en la economía- revelan un avance sistemático y contundente sobre la actividad privada. Como corolario, la decisión de dejar sin financiamiento al sistema de salud privado dificultará, en plena pandemia, la continuidad de la atención médica de la población".

También la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que nuclea a dueños de las empresas más grandes del país, criticó en los últimos meses del año pasado los cambios en las reglas de juego, los controles de precios y congelamientos de tarifas impulsados por el gobierno de Alberto Fernández, y pidió defender la propiedad privada y las instituciones, una Justicia "verdaderamente" independiente, la división de poderes y la libertad de prensa.

Los empresarios allí reunidos concluyeron que la Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. "El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos", señalaron. Y finalizaron sosteniendo que "la condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa", sin dejar de mencionar que "debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas".

En su célebre obra "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853", Juan Bautista Alberdi nos recuerda que "en todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor, siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución. La idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica".

Solo mediante el fortalecimiento de las instituciones y la vigencia plena del Estado de Derecho se alcanzará la reclamada seguridad jurídica y se mejorará el clima de negocios, requisitos indispensables para ofrecer al inversor un ambiente atractivo que sea sano, justo, eficiente y confiable, que brinde seguridad a toda inversión y que contribuya al desarrollo económico y social del país. Seguir repeliendo al capital con discursos críticos anclados en el pasado es negar a las jóvenes generaciones cualquier posibilidad de desarrollo en su tierra a futuro.

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