Más secretismo, menos democracia y república

Pese a la natural tendencia del gobierno kirchnerista a confundir las cuestiones de Estado con secretos de Estado, no ha dejado de sorprender negativamente que el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , señalara días atrás que el Poder Ejecutivo Nacional no remitirá al Congreso el texto completo del acuerdo recientemente celebrado con el Club de París .

En tanto que el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que, entre las muchas atribuciones del Poder Legislativo, se encuentra la de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", no pueden menos que causar indignación las expresiones del jefe de Gabinete.

Puede sospecharse que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pretenda ocultar los detalles del reciente acuerdo con el grupo de países acreedores para que no se conozcan supuestas concesiones que las autoridades argentinas efectuaron no sólo a la contraparte, sino también a su propio relato. Pero la realidad es mucho más grave que eso: el secretismo oficial es absolutamente contrario a los más elementales principios republicanos y democráticos.

La falta de acceso a la información pública, además de limitar la democracia, torna dificultoso el ejercicio ciudadano en el control del poder político. Y el abuso del secreto desde el Gobierno sólo puede conducir a la imposición de un relato oficial que, en la mayoría de los casos, tiende a ocultar lo que realmente ocurre.

Ejemplos de lo señalado abundan en la gestión nacional del kirchnerismo. Por citar sólo un caso, no parece razonable que aún se desconozca el contrato que liga a YPF con la empresa norteamericana Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. Tampoco resulta criterioso que los argentinos no podamos saber a cuánto asciende el sueldo del presidente de YPF, Miguel Galuccio. Si bien es cierto que la principal petrolera argentina es una sociedad anónima, por el hecho de que el Estado nacional sea su accionista mayoritario, correspondería que la ciudadanía tuviera acceso a una información mucho más detallada y transparente.

La serie de cuestiones poco transparentes no termina allí. La reglamentación de la ley de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, aprobada el año pasado, ha provocado que la información al alcance de la sociedad sobre cada uno de aquéllos sea muchísimo más escueta, lo cual disminuye notablemente la capacidad de control ciudadano. A tal punto que, si esta reforma se hubiese puesto en práctica hace varios años, probablemente ni el vicepresidente Amado Boudou ni el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime estarían siendo hoy investigados por la Justicia por sospechas de enriquecimiento ilícito y de negocios incompatibles con la función pública.

El secretismo oficial ha llegado ahora al ocultamiento de los índices de pobreza e indigencia, cuyos últimos datos, correspondientes a mediados de 2013, arrojaban una insólita cifra de apenas el 4,7 por ciento de pobres, que contrasta con estudios privados que la estiman en torno del 30 por ciento.

La excusa oficial de que existiría un problema de "empalme" a partir de la nueva base de datos para medir la inflación no resiste el menor análisis técnico. Así las cosas, todo parece indicar que el gobierno nacional parece más preocupado por seguir ocultando datos que puedan contradecir las bondades de su falaz relato.

El secretismo también alcanza, entre muchas cosas, a algo que no pocos argentinos quisieran conocer: la metodología que utiliza la AFIP para determinar qué ciudadanos pueden ser habilitados a adquirir moneda extranjera y quiénes no. Lejos de una política transparente y respetuosa de las libertades constitucionales, reina en esta materia una discrecionalidad absoluta por parte de la autoridad.

Pocos meses atrás, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al gobierno nacional, mediante un fallo ejemplar, que cumpla con su deber de permitir el acceso a la información pública, al que definió como un derecho de la ciudadanía y no como una gracia de las autoridades de turno. Esa sentencia se originó en una demanda presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), como patrocinante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), al que el Gobierno le había negado información sobre los padrones de beneficiarios de planes sociales.

La solicitud de información databa de 2006 y la Justicia llegó ocho años después, por lo cual la obtención de los datos requeridos en su momento pasó a ser completamente secundaria. Sin embargo, el fallo de la Corte instó a los legisladores nacionales a que sancionen la postergada ley de acceso a la información pública. Esto ha movido a que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados fijara para el segundo semestre un cronograma de trabajo para acordar un proyecto común a partir de 11 iniciativas presentadas en ese cuerpo para garantizar la información.

En tanto que la Argentina siga sin contar con una ley nacional de acceso a la información de las agencias públicas y de todos los negocios que involucren fondos del Estado, la calidad de nuestra democracia continuará descendiendo, en función de un permanente y premeditado retroceso en materia de transparencia republicana, que sólo puede apuntar a garantizar impunidad para algunos funcionarios.