Más vale tarde que nunca

El acuerdo entre el gobierno argentino y el Club de París constituye un avance, aunque hay que lamentar que no se haya alcanzado mucho antes
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31 de mayo de 2014  

Ha sido un paso positivo el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con los entes financieros oficiales de los países agrupados en el Club de París .

En más de una ocasión desde esta columna editorial se expuso la necesidad de superar la situación de default. Se trataba de una circunstancia perjudicial, no sólo por la imagen negativa transmitida al resto del mundo, sino también porque impedía formalmente los seguros de crédito en los préstamos para financiar importaciones de bienes de capital e inversiones en nuestro país.

Esta situación se mantuvo durante más de 12 años, incluso luego de los acuerdos de la Argentina con los acreedores privados en 2005 y en 2010. Los cargos punitorios, que se estiman en 3800 millones de dólares, incrementaron innecesariamente la deuda con el Club de París hasta los 9700 millones ahora reconocidos. Hay que lamentarse de que este arreglo no se alcanzara en el momento debido, pero hay que aceptar que peor sería que no se lo haya resuelto ahora.

El motivo de tanta demora en formalizar el arreglo ha sido la resistencia del gobierno kirchnerista a aceptar al Fondo Monetario Internacional como ente auditor de las reestructuraciones de deuda acordadas con el Club de París. Ésta fue una tradición sostenida desde la creación de este grupo, aunque no responda a un estatuto escrito que en rigor no existe. Esta entidad siempre ha funcionado sin una conformación legal. Sólo en los casos en que la deuda se ha cancelado de contado o en períodos cortos, la opinión del FMI ha sido soslayada.

Por este estrecho desfiladero de interpretación, el gobierno argentino ha logrado que su propuesta de excluir al FMI haya prosperado. Un pago inicial y un período de cancelación relativamente corto (cinco años con la posibilidad de dos más) lo hicieron posible. Los miembros del Club de París han aclarado que el acuerdo tendrá formalmente inicio cuando se complete el pago inicial de 1150 millones de dólares en mayo de 2015. No se ha dicho, pero surge de los antecedentes, que si se hubiera contado con la auditoría del FMI podría haberse evitado un pago inicial y haberse logrado un plazo total de diez años. El futuro gobierno y los contribuyentes del próximo lustro lo hubieran agradecido.

La Presidenta ha destacado como un logro, no tanto la normalización de esta deuda, sino que se la haya conseguido sin la participación del FMI. Seguramente ha satisfecho de esta manera a una parte de la opinión pública que tiene una posición ideológica adversa a ese organismo. Éste es un punto sobre el cual cabe una reflexión seria y profunda, libre de apelaciones dogmáticas, emotivas y carentes de verdadero sustento. El FMI tiene actualmente 188 países miembros, o sea prácticamente todos. Sobran los dedos de una mano para contar los países que no cumplen por alguna razón voluntaria con la revisión anual del capítulo IV del Estatuto. Esta revisión es considerada importante por cualquier analista que deba recomendar una inversión en algún país miembro. La negativa a esa cláusula lleva a suponer que no se quieren exponer cifras desdorosas. En el caso argentino, esta suposición se refuerza cuando se hacen evidentes los groseros falseamientos de las estadísticas oficiales.

Los condicionamientos que acompañan el otorgamiento de préstamos del FMI se hacen únicamente presentes cuando el gobierno de un país ha debido recurrir a los denominados segundo o tercer tramo de crédito por problemas serios de endeudamiento y falta de acceso a otras fuentes. No parece tener sentido perjudicar a nuestro país, que no está en esa situación, rechazando el cumplimiento de las normas que se aplican a todos los países miembros. Tampoco parece razonable actuar en prevención frente a un supuesto y demonizado enemigo, que opera normalmente con el resto del mundo.

El arreglo con el Club de París, de la forma en que se lo ha hecho, tiene frente a la lectura positiva que sostenemos al inicio de este editorial, también una probable mirada de escepticismo desde el resto del mundo. ¿Por qué el gobierno argentino está dispuesto a pagar condiciones más duras a fin de evitar la revisión del FMI? No hay que olvidar que la medición del riesgo país la definen los mercados, según la rentabilidad que les exigen a los bonos soberanos de ese país en relación con la que pagan los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Son las opiniones de miles de analistas las que determinan ese riesgo país y el costo del crédito para las empresas o el Estado argentinos. Las señales positivas o negativas valen más que la concreción formal del acuerdo. La Argentina está comprometida, por su pertenencia al G-20 y no sólo por ser miembro del FMI, a tener una revisión anual de sus cuentas públicas y de su situación económica. Pero no hemos cumplido con este compromiso, tensando nuestra permanencia en el G-20 y dando argumentos a otros países que aspiran a reemplazarnos.

Dado este paso positivo, debiera el gobierno de Cristina Kirchner considerar seriamente una verdadera normalización de sus relaciones con el mundo. Tanto más fácil será cumplir con este propósito cuanto mayor esfuerzo se aplique a corregir las falencias y graves consecuencias que han tenido en el plano institucional, económico y social, las erradas políticas aplicadas en los últimos años. Esta reflexión también vale para lo que suceda en los próximos días con la posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre las sentencias en los juicios con los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda propuestos por la Argentina. Una resolución adversa sólo podrá ser compensada con un giro profundo y creíble de las políticas internas.

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