Temiblemente, México se encamina a registrar uno de los años más sangrientos para la prensa tras el asesinato de cinco periodistas en menos de dos meses, una saga trágica alimentada por la impunidad. El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Salina Cruz, estado de Oaxaca, donde Heber López Vázquez, director del sitio Noticias Web, fue baleado días después de informar sobre corrupción en el municipio.
México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. La ONG Artículo19 (articulo19.org) documentó desde 2000 a la fecha 149 asesinatos, de los cuales la responsabilidad del 40% recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad, policías, militares y otros uniformados.
Con un Estado carente de voluntad política y que no brinda suficiente protección, los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta la libre expresión. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, más del 93% de los crímenes contra periodistas quedan impunes.
El director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, expresó que el enfrentamiento del presidente Andrés López Obrador con la prensa ha sido constante: le ha dedicado expresiones descalificadoras, como tendenciosa, corrupta, injusta, amarillista y conservadora. Tras el asesinato de López Vázquez, calificó a varios periodistas de “mercenarios” y exhibió los salarios de algunos de ellos, como el de Carlos Loret de Mola, quien publicó una investigación sobre una fastuosa casa en Houston, en la que vivió un hijo del mandatario.
Las declaraciones presidenciales fueron condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas, que, además, han considerado que el presidente incurre en abuso de poder por calumniar e insultar a la prensa desde su posición de poder.
Violentar, silenciar y amedrentar el ejercicio periodístico es vulnerar el derecho fundamental e inalienable de la sociedad de informarse y comunicarse, requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.
