Narcotráfico, ¿el año de la toma de conciencia?

Dos hechos revelaron la gravedad de la amenaza que representa la droga: el atentado al gobernador santafecino y el duro documento de la Iglesia
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30 de diciembre de 2013  

El año que llega a su fin vio sucederse dos hechos inéditos entre nosotros que es de esperar que hayan marcado sendos puntos de inflexión en lo que hace a la percepción del narcotráfico y su constante e inaudito incremento en nuestro país. Paradójicamente, ambos hechos permitieron que, por fin, buena parte de la sociedad tomara conciencia de ese avance arrollador que ha comenzado a infiltrar nuestras instituciones. En cambio, el Gobierno y los funcionarios que deberían combatirlo a fondo y con seriedad, no lo hacen y, mientras tanto, crecen las bandas de narcos.

El primero de los hechos decisivos fue el atentado a balazos que, en octubre pasado, sufrieron en su domicilio el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, y su familia, al que luego se sumó una amenaza al mandatario enviada mediante un mensaje de texto al celular de la jueza que investigaba el ataque.

Ya hay policías detenidos en forma preventiva por ese hecho que se atribuye, precisamente, a policías santafecinos vinculados con narcotraficantes. En 2012, el comisario Hugo Tognoli tuvo que renunciar como jefe de la policía de la provincia tras resultar acusado de presunta participación en el tráfico de drogas. Anteriormente, Tognoli se había desempeñado al frente de la División Drogas Peligrosas, de la Policía de Santa Fe. El gobernador no fue el único amenazado tras avanzar en la limpieza policial. También lo estaban el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, y el jefe y subjefe de la policía, Omar Odriozola y Raúl Ardiles, respectivamente.

Lo ocurrido en Santa Fe mostró hasta dónde llegaba el poder y la osadía de los narcotraficantes. También la cúpula de la policía de Córdoba resultó infiltrada por los narcos y el gobernador se vio obligado a llevar a cabo una limpieza en la fuerza.

El otro hecho decisivo no puede escindirse de los sucedido a Bonfatti. Se trata del duro documento en el que la Iglesia argentina denunció el mes pasado el avance del narcotráfico y la complicidad del Estado. Así, la Iglesia tuvo que ocuparse de lo que es responsabilidad del Gobierno. No se trató sólo de un documento, porque los obispos convocaron a dirigentes políticos a firmar un compromiso para establecer políticas públicas para prevenir el consumo de drogas y combatir el narcotráfico.

La respuesta del Gobierno fue una chicana política. Puesto que la Iglesia y su iniciativa apuntaban a incentivar una masiva toma de conciencia, la Presidenta acaba de elegir a un sacerdote de su confianza, el padre Juan Carlos Molina, como director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), cargo que estaba vacante desde marzo último. Como obviamente es nula la experiencia del padre Molina en el combate contra el narcotráfico, el Gobierno resolvió que la Sedronar se limite a la prevención, mientras que la lucha esté a cargo del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien sólo acumula fracasos en su combate contra el aumento de la criminalidad en general.

En una palabra, una vez más salta a la vista el escaso interés gubernamental ante el auge del narcotráfico. Ante la pasividad de las autoridades, poco sirven sentencias ejemplificadoras, como la que la Justicia acaba de pronunciar contra los responsables de la llamada Operación Manzanas Blancas, la mayor incautación de drogas registrada hasta el presente: 3300 kilogramos de cocaína ocultos en cajones de manzanas destinados a España. Las pocas veces que las autoridades se sacuden esa pasividad es para adoptar medidas ineficientes que no logran frenar a los traficantes. Por ejemplo, cuando desplazaron a la Gendarmería de la frontera Norte para enviarla a combatir el crimen en el conurbano. Para reemplazar a los gendarmes en la frontera, el Gobierno envió tropas del Ejército, que tienen vedado por ley el combate del tráfico de estupefacientes.

Por lo tanto, si algo de positivo en el tema que nos ocupa tuvo el año que concluye, ha sido la conjunción de hechos impactantes que podrían marcar el comienzo de una toma de conciencia sobre el desmesurado crecimiento del narcotráfico, antes encubierto bajo falsos eslóganes como el que rezaba que el nuestro sólo era un país de paso.

El resto del balance no puede ser más negativo cuando se tiene en cuenta que la titularidad de la Sedronar permaneció vacante ocho meses, y que continuó la selectiva inoperancia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que debería luchar contra el lavado de dinero, pero se dedica a proteger a los amigos del Gobierno y a perseguir a sus críticos.

Otro ejemplo: hace más de veinte años que en la Argentina comenzó a hablarse de la necesidad de instalar radares en nuestra frontera Norte para disuadir el ingreso de aviones despachados por bandas de narcotraficantes. A medida que transcurrían los años, esa necesidad se tornó más imperiosa y se sumó, al avanzar la década de los 90, a la falta de informatización de nuestros puestos fronterizos. En una palabra, nuestras fronteras eran y son un colador tanto para la droga como para el contrabando en general y la fuga o el ingreso de personas requeridas por la Justicia.

No hubo razones de peso para que se demorara tantos años la instalación de cuatro radares militares en la frontera del Norte, pero lo que pocos imaginaron fue que, como informó este diario, esos radares en nada han ayudado al combate contra las drogas, al extremo de que, desde julio de 2011 hasta la fecha, no han permitido ni siquiera una sola captura, en tanto que se estima que en ese lapso se realizaron 800 vuelos ilegales en la frontera Norte.

La información brindada por esos radares no se usó para decomisar avionetas de los narcotraficantes ni fue de utilidad para desbaratar organizaciones criminales. Los cuatro radares instalados en el Norte sólo aportan el dato de la ubicación del vuelo ilegal o no identificado durante dos horas, hasta que la avioneta sale de su radio de alcance. Una vez que se pierde el contacto, la avioneta tiene cientos de kilómetros sin radares para aterrizar en improvisadas pistas. Si no se los emplea en combinación con sistemas para interferir los vuelos, esos radares sirven solamente para contar la cantidad de aviones que efectúan vuelos ilegales, no para impedirlos. La Gendarmería relevó 242 lugares en los que hubo movimientos de avionetas ilegales desde mediados de 2011.

Hoy, cuando ya nadie puede llamarse a engaño, pues la realidad va demostrando día tras día que la Argentina es un país productor, consumidor y exportador de estupefacientes, el tema de los radares se ha revelado como lo que es: otra burla.

Esta burla, montada y consentida por las autoridades nacionales para hacer creer que se combate el narcotráfico, se complementa con otra, también informada por este diario. Se trata del envío a la frontera Norte de tres aviones militares fabricados en los años 60 y repotenciados en los 70, que arribaron a la Argentina en 1978. Son aeronaves de entrenamiento, de un solo motor, instrumental limitado y una velocidad inferior a los 400 kilómetros por hora que apenas supera la de las avionetas narcos que deben perseguir. Mientras tanto, debe discutirse en el Congreso si conviene o no contar con una ley de derribo de aeronaves que desobedezcan a las patrullas argentinas.

Es sabida la enormidad de recursos con que cuenta el narcotráfico, que entre nosotros ha infiltrado a las policías de varias provincias. Por eso es que, como hemos dicho tantas veces desde esta columna, no existe en las autoridades nacionales una voluntad genuina de combatirlo. Pretender enfrentarlo con radares simbólicos y antiguallas volantes equivale a consentirlo.

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