Nicaragua: escala la dictadura

En una nueva embestida contra la oposición, la Asamblea Nacional de Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, clausuró en apenas tres días casi 180 organizaciones sin fines de lucro, una medida que, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, busca eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente.

Desde 2018, el dictador Daniel Ortega emprendió una persecución contra el derecho de asociación, llegando a declarar como ilegales a más de 440 organizaciones sin fines de lucro. Las clausuras fueron en aumento a partir de la aprobación de la ley de agentes extranjeros en octubre de 2020, la cual establece un riguroso registro para las entidades que reciban apoyo del extranjero.

Las razones de las clausuras se fundamentaron en la falta de inscripción como agentes extranjeros, en el incumplimiento de presentar sus estados financieros y en la falta de detalle de las donaciones indicando su origen y su beneficiario final.

Muchas de las ONG canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en materia de salud y trabajo psicosocial con personas traumatizadas; a brindar ayuda a la infancia en dificultad; a la educación, el desarrollo comunitario, la nutrición y la gestión ambiental.

Entre las organizaciones clausuradas, la dictadura dispuso la cancelación de la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que había sido otorgada en 1928. Ello originó duras críticas, entre otras, la de la Real Academia Española (RAE), que se manifestó defensora de las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia.

Las cancelaciones de las ONG obedecen a tener una sociedad sin capacidad organizativa para que no puedan hacerle frente a la dictadura y tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera de la establecida por el régimen de Ortega, ya que no comprenden solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino a organizaciones artísticas, medioambientales, periodísticas, educativas, científicas y sociales, que también son víctimas de persecución.

Ortega y Rosario Murillo están creando una cárcel mental, impidiendo que los nicaragüenses amplíen su mirada hacia otras partes del mundo. La deriva del populismo, el intervencionismo total en la vida de los nicaragüenses, el silencio obligado, la mentalidad subvencionada y el aplastamiento de toda libertad han llevado al país al borde de su propio precipicio.