Nuestros bosques, sin presupuesto

El Gobierno no cumple con la ley al asignar fondos ínfimos para la preservación de nuestras reservas forestales
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19 de octubre de 2011  

Desde el punto de vista ambiental, el debate del presupuesto resulta esencial. El monto asignado al desarrollo de una política ambiental adecuada define las posibilidades de garantizar una respuesta acorde con temas críticos como la problemática del agua, la energía, la protección de la biodiversidad, el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso de todos nuestros valiosos recursos naturales que tanto contribuyen a la calidad de vida de todos los argentinos.

De nada sirve contar con grandes leyes o suscribir convenios internacionales si no podemos lograr que se cumplan. Los recursos para la autoridad ambiental permiten definir si será posible poner en su verdadera dimensión los principios consagrados en los convenios internacionales, y los preceptos de nuestra Constitución sobre el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo y a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.

La ley de protección ambiental de bosques nativos dispone la creación de un fondo que tiene como objetivo compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, no puedan poner en producción los territorios en cuestión. Ahora bien, el proyecto de presupuesto para 2012 enviado por el gobierno nacional al Congreso dispone una partida de apenas 267 millones de pesos que serían destinados al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, lo cual representaría poco menos de la mitad del total contemplado para Fútbol para Todos.

Esto es muy preocupante, ya que la misma norma señala: "Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional". Esto significaría que para el año que viene deberían girarse 2200 millones de pesos, de manera que si ello no ocurriera se estaría violando la propia ley, cosa que ya viene ocurriendo en los años anteriores. Para el presupuesto del año pasado, se implementó un Fondo de Conservación de Bosques por 300 millones de pesos, cuando la asignación a las provincias debería haber sido por lo menos de 1300 millones.

Resulta lógico que los gobernadores de las provincias reclamen una asignación mayor por parte de la Nación, puesto que a partir de los fondos mencionados no se llegaría a cumplir con los objetivos de conservación de bosques nativos consagrados por la norma, a través del ya conocido mecanismo de pago por servicios ambientales, perjudicando su correcto funcionamiento y fomentando la utilización y expansión de grandes territorios para la producción agropecuaria.

La responsabilidad del Estado en los aspectos ambientales tiene como fundamento principal la cooperación e integración entre los tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, tanto sea para el dictado de normas como en lo que respecta a su correcto funcionamiento y acatamiento.

El umbral de percepción de nuestros representantes es tan bajo que parece que este tipo de dilemas escapan a sus responsabilidades. La crisis dirigencial también se ve en esta materia, donde se percibe una falta de educación adecuada a la complejidad del problema. No se advierte su magnitud y ciertamente prevalece una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas parecen ajenos a la realidad.

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