Oscuro financiamiento de la política

El tema de los fondos para las campañas sigue estando en la agenda pública, pero aún sin transparentarse a la ciudadanía
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17 de marzo de 2012  

A más de dos años de la sanción de la ley de reforma política, que en los hechos debe entenderse como una modificación al régimen electoral, todavía hay importantes cuestiones pendientes de reglamentación, que atañen a uno de los puntos más oscuros del sistema político: su financiamiento, y en él, la determinación del llamado "módulo electoral". Debido a este módulo que funciona como una unidad de medida que el Congreso debería determinar anualmente en el presupuesto general de la Nación, queda en manos de los legisladores la definición de los límites de gastos de campaña de las agrupaciones políticas y los topes máximos que los partidos pueden recibir anualmente.

Ahora bien, en 2011 –primera oportunidad en la que debió aplicarse–, el módulo electoral no fue determinado en virtud de que los consabidos desencuentros ocurridos en el Congreso trajeron como consecuencia la falta de sanción de la ley de presupuesto para ese ejercicio. Por eso y porque tratándose de un año electoral la definición del valor del módulo resultaba indispensable, la Cámara Nacional Electoral, luego de reiterados reclamos al Poder Legislativo y al Ministerio del Interior, decidió hacer frente al vacío legal que se había generado y estableció su valor mediante una acordada extraordinaria.

Sin embargo, esa situación, ahora que el oficialismo tiene mayoría en el Congreso, no ha variado para el ejercicio de 2012, pues la nueva ley de presupuesto fue sancionada sin tener en cuenta el punto. Lo notable es que la oposición tampoco reclamó su definición. En este contexto, la Cámara Nacional Electoral debió nuevamente subsanar la situación y resolvió que los valores establecidos para 2011 se mantuvieran vigentes "hasta que se establezca legislativamente el valor del módulo electoral".

Esta medida fue la única vía que encontró la Justicia para resguardar la vigencia de todo el sistema de control del financiamiento político que, ya desde 2002 y a partir de la vieja ley, busca transparentar no sólo la obtención de fondos públicos y privados de los partidos, tratando de equipararlos, sino también el destino de éstos.

Recordemos que existen fundadas sospechas de que en por lo menos dos escándalos del kirchnerismo pudo haber de por medio oscuros fondos que tal vez se destinaron a financiar la campaña oficialista. Nos referimos a la valija del venezolano Guido Antonini Wilson y al triple crimen de General Rodríguez, vinculado con la mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrina.

La omisión en que ha incurrido el Congreso afecta directamente el funcionamiento de los partidos y entorpece el control de la justicia electoral. No olvidemos que, sin esta solución, todo el sistema de financiamiento político habría quedado en la insólita y muy peligrosa situación de no tener límites, lo que en la práctica importaría incurrir en el absurdo de no poder cumplir la ley ni sus objetivos, que estuvieron en el centro de la crisis desatada en 2001.

Sin lugar a dudas, el financiamiento de la política es un tema que ha estado siempre en la agenda pública. Sin embargo, y pese a los extensos debates y a los acuerdos políticos que en definitiva se lograron para llegar a la tan ansiada reforma política, este aspecto no ha sido satisfecho.

Lo más preocupante de todo es que el problema no radica en la ley de financiamiento, sino en los obstáculos que impiden su cumplimiento. Cabe preguntarse, entonces, si la omisión de la bancada oficialista y el desinterés por la cuestión que mostró la oposición para este ejercicio no deja trascender un acuerdo tácito que pone a la clase política argentina de espaldas a la ciudadanía.

Dar cuenta a los ciudadanos, por parte de los funcionarios públicos políticos y de los partidos no es un precepto disponible, sino una obligación constitucional.

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