Peligrosa amenaza chavista

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25 de septiembre de 2019  

Las revelaciones conocidas a través de una reputada revista ( Semana) que probarían la connivencia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Colombia y las nuevas denuncias de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre ejecuciones extrajudiciales y torturas en Venezuela merecen la máxima atención.

Según los datos de la alta comisionada, la electrocución, los castigos, los ahogamientos e incluso la violencia sexual son tácticas que se están empleando contra los prisioneros del régimen, a quienes se niega su derecho al debido proceso y, en muchas ocasiones, se inculpa sin evidencias. El informe reportó que los escuadrones de la muerte del dictador venezolano son responsables de más de 6800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Paradójicamente, Venezuela tiene casi asegurado un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar del citado reporte, que señala groseras violaciones de esos mismos derechos. Es casi seguro que la República Bolivariana será elegida, porque solo hay dos escaños disponibles para América Latina en el Consejo y hay solo dos países -Brasil y Venezuela- que se postulan para la elección del 16 del mes próximo. Para evitar tan escandalosa victoria diplomática chavista, los países latinoamericanos que han denunciado a Venezuela deberían proponer a un tercer país de la región y hacer una apresurada campaña, cuando las postulaciones suelen concretarse con un año de anticipación. Para graficar la importancia de integrar el Consejo a la hora de protegerse de acusaciones, baste mencionar que países como Arabia Saudita, China y Cuba ya lo integran.

Por otro lado, los documentos reservados del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) demostrarían el apoyo y asistencia que el gobierno bolivariano brinda a los grupos sediciosos, permitiéndoles actuar en territorio venezolano.

De acuerdo con las fuerzas militares colombianas, se estima que hay cerca de 1000 hombres del ELN y 600 de las disidencias de las FARC.

Las declaraciones del presidente colombiano, Iván Duque, sobre el guerrillero Márquez y sus seguidores alzados en armas como "una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Maduro" provocaron otra desmesurada reacción del gobierno de Caracas, que dispuso un irresponsable despliegue militar, aumentando la tensión entre ambos países.

El dictador venezolano formuló una dura advertencia: "Ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada". Y agregó, con marcado cinismo: "La violencia de Colombia que se quede en Colombia. En Venezuela queremos paz, concordia, trabajo, producción y convivencia".

Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó reclamó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un mecanismo diplomático en el contexto de la OEA, el que eventualmente podría tener aplicación en la actual coyuntura venezolana y dada su relación conflictiva con los países de la región. Un grupo de 12 naciones -entre ellas, la Argentina- aprobó la activación del tratado en una movida que apunta a elevar la presión sobre el régimen de Maduro y enviarle una señal de advertencia en medio de una creciente tensión con Colombia, cuyo gobierno no debe caer en las provocaciones de Maduro, quien nuevamente busca tender otra cortina de humo ante la cada vez más grave crisis política, social y económica que vive su país.

La presencia de buena parte de los delincuentes y guerrilleros colombianos en Venezuela junto a la de las fuerzas armadas bolivarianas en la frontera colombiana no solo resulta una amenaza para el país cafetero, sino también un desafío a la estabilidad y la tranquilidad de la región.

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