Pesadillas compartidas

Con el lapidario informe que la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió a mediados de mes, volvió a los primeros planos el cuestionado programa Sueños Compartidos , cuya causa penal, como se recordará, había estado en manos del juez Norberto Oyarbide por dos años, cuando estalló el escándalo por las desavenencias entre Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender por el manejo de los fondos públicos, hasta que finalmente éste fue apartado de ella. El citado informe no sólo señaló severas irregularidades del programa de viviendas, ejecutado en su momento por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También desnudó las responsabilidades por falta de control en el manejo de los fondos públicos destinados al plan por parte del Ministerio de Planificación y de los gobernadores en cuyas provincias se recibieron las obras.

Con una inversión total de casi 1300 millones de pesos, se han construido sólo 822 viviendas de las 4800 prometidas y a precios siderales, ya que según lo constatado por la AGN en el 76,9 por ciento de los casos el valor del metro cuadrado de esas viviendas superó el costo del programa Techo Digno, que ejecuta el Gobierno por intermedio de la Secretaría de Vivienda. Otros datos, también preocupantes, son que hay además una deuda pendiente con los trabajadores del programa por más de 145.000 millones de pesos, y que -advierte también el documento- "se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control, por una suma de 225.000 pesos".

Por supuesto, la descalificación del informe de la AGN no tardó en producirse, al día siguiente de la presentación, y fue hecha por el jefe de Gabinete. En efecto, Jorge Capitanich acusó al organismo de ser una "herramienta de oposición política" para "atacar al Gobierno", en lo que pareció una respuesta a la revelación de que hay funcionarios involucrados en las maniobras de desvío de los fondos. Vale la pena hacer constar que el informe de la AGN fue aprobado por unanimidad tanto por los auditores oficialistas como por los opositores.

Las viviendas del programa Sueños Compartidos auditadas por la AGN son las emplazadas en Chaco (cuando era gobernador Jorge Capitanich, hoy jefe de Gabinete), en los municipios bonaerenses de Tigre y Ezeiza (territorios de Sergio Massa y Alejandro Granados, respectivamente) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mauricio Macri).

El dinero era enviado a las provincias (municipios o distritos), que contrataban a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, y sin licitación previa. Justamente sobre este punto fue también muy crítico el informe, ya que por ese sistema de contratación previa se facilitó eludir las normas nacionales y provinciales que restringen la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, con la afectación de los principios de libertad e igualdad de concurrencia de oferentes, publicidad de los actos de gobierno y transparencia en los procedimientos.

En suma, lo que muestra el impecable informe de la AGN, desarrollado a pesar de las enormes dificultades para conseguir la información, es que el escándalo Madres-Schoklender, que bien podría ser rebautizado como "Pesadillas compartidas", no admite ni explicaciones superficiales ni que los funcionarios de las áreas involucradas se escuden en ambigüedades o en falsas indignaciones para disimular la gravedad de los hechos comprobados.

Pero hay un aspecto altamente positivo en esta última etapa para destacar, y es que, sin duda, toda esta nueva documentación debería contribuir a inyectar más fuerza a la causa en la Justicia, hasta que los responsables sean juzgados como corresponde.