Por derecha y por izquierda

El enorme gasto público heredado y reprimido con impuestos y altísimas tasas de interés no nació de un repollo ni fue magia. Es fiel reflejo de nuestra compleja mentalidad criolla. Para usar una expresión callejera, se expandió "por derecha" y también "por izquierda".

"Por derecha" se subieron al carro presupuestario quienes tienen empleos en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal. Quienes se jubilaron con aportes o sin ellos; los pensionados variopintos; los titulares de AUH y quienes reciben planes sociales. Nada, ni a nadie para recriminar, todos argentinos comunes y corrientes que tomaron lo que se daba. Así se ha configurado la matriz ocupacional de la Argentina, con sus millones de personas en distintas oficinas públicas o cobrando transferencias sociales para subsistir.

"Por izquierda", en cambio, se desfondaron las cuentas de vialidad, obras públicas, energía y transporte con licitaciones arregladas, sobreprecios escandalosos, retornos a funcionarios y ganancias inmorales a empresarios corruptos. Estos pagos fueron hechos "por izquierda", pero a favor de la derecha, si imaginamos a esos contratistas sentados a la diestra, como girondinos de 1789. Se estima que los sobreprecios acumulados en 12 años de kirchnerismo ascienden a 45.000 millones de dólares. Evidentemente, gente conservadora.

A la inversa, "por derecha", pero beneficiando a la izquierda, se pagaron casi 20.000 indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado bajo las leyes reparatorias, por un total de casi 2500 millones de dólares. Entre los beneficiarios estuvieron, por ejemplo, los parientes de los 12 montoneros muertos al atacar el Regimiento de Infantería de Formosa (1975) y no los padres o hermanos de los 12 conscriptos que perdieron su vida en la defensa. Esto ya ha dado lugar a nuevos y justos reclamos.

"Por derecha", la Argentina pagó 17.000 millones de dólares a holdouts y por fallos adversos en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Tiene aún contingencias de 4500 millones, por la expropiación de YPF; por la manipulación del cálculo del PBI (Indec), que afectaba los bonos ligados al crecimiento y otras confiscaciones. Se trata de reclamos por negocios espurios ("por izquierda") o impericia de funcionarios como el juicio del fondo Burford Capital contra la Nación, fruto del turbio acuerdo entre Néstor Kirchner y la familia Eskenazi, por la estatización de YPF, sin extender la oferta de compra a los accionistas minoritarios. Se estima que la contingencia asciende a 3000 millones de dólares.

Una situación parecida ocurrió con Aerolíneas Argentinas. En el litigio, el Gobierno estimó un valor negativo de 832 millones de dólares, lejos de los 600 millones de dólares que reclamaba Marsans. Como no se pusieron de acuerdo, el Estado depositó un peso como valor simbólico. Luego, Marsans vendió su reclamo en el Ciadi a Burford Capital, el mismo del caso YPF. La Argentina perdió el arbitraje y debe abonar 320 millones de dólares.

Un juicio fuera del radar es el que lleva el exbanquero Eduardo Saiegh contra el Banco Central por más de 140 millones de dólares invocando lesa humanidad. A diferencia de Burford Capital, Saiegh prefiere litigar en la Argentina, con el apoyo del kirchnerismo y miembros de la agrupación Justicia Legítima, como no lo hubiera logrado en un tribunal internacional.

Si lograse un fallo a su favor, sería la indemnización más grande jamás abonada por dicho concepto. Según Saiegh, quien era dueño del Banco Latinoamericano, liquidado en 1981, junto con el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Oddone, su caso es distinto. Pero no convenció al exministro de Economía Carlos Fernández en 2008, quien se negó a pagar el reclamo por falta de fundamento. Fue entonces cuando armó una causa alegando lesa humanidad, para que fuera retroactiva.

De ese modo, 30 años más tarde, alegó torturas y vejámenes ordenados por funcionarios del Banco Central para apropiarse de su banco, como parte de una acción sistemática contra empresarios por "subversión económica". Nunca se ha visto que el Banco Central necesitase torturar a nadie para retirar la autorización a una entidad financiera y, mucho menos, para "apropiarse" del banco de Saiegh, liquidado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por vaciamiento y autopréstamos. Como plan B, sostuvo que le robaron de la caja fuerte el paquete de control de Austral Líneas Aéreas, para poder estatizarla, cuando esa empresa ya pertenecía al Estado y era operada por Aerolíneas Argentinas. Esta causa avanzó a todo vapor con el apoyo inicial de la Secretaría de Derechos Humanos, en tiempos de Eduardo Luis Duhalde. A tal punto que Saiegh sostuvo que ese aval público implicaba un reconocimiento oficial de las torturas y vejámenes que motivaban su reclamo por 140 millones de dólares. Hace tres años, aquella secretaría, advertida de la contradicción, abandonó su apoyo a Saiegh, desistiendo de la querella. El absurdo es aún mayor, pues Saiegh, quien vive en un barrio aristocrático, a metros del Ministerio de Seguridad, tiene custodia domiciliaria de la Prefectura Naval desde hace una década, por temor a una represalia de los policías que, según su relato, lo torturaron en 1980. Un disparate, 40 años después, pero con un costo monetario importante.

El Tesoro nacional es proveedor indispensable de fondos para cumplir los fines del Estado, para atender a los más vulnerables, para hacer obras públicas y para satisfacer las innumerables prestaciones que se agregan mediante nuevas leyes y decretos. Pero también es un barril perforado, donde, "por derecha" o "por izquierda", todos alegan prioridad sobre sus limitados recursos. "Por derecha", la política impulsa designaciones, contratos, pensiones, planes, becas y viajes, mientras que, "por siniestra", se consienten negocios amañados, juicios sin fundamento o arreglos de comité cuyo costo se paga a través de la inflación, el desempleo y las angustias de fin de mes.