Prestaciones que no admiten recortes

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1 de octubre de 2019  

Una reciente resolución de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) introdujo cambios en el financiamiento de los programas de rehabilitación y apoyo a las personas con discapacidad. Se dispuso que los días de terapia semanal en instituciones no podrán exceder de tres. Si la atención se brindara a través de profesionales independientes se reconocerían hasta seis horas semanales de tratamiento a cargo de hasta tres profesionales distintos. Felizmente, la rápida y eficaz acción de numerosas ONG logró que el Poder Ejecutivo suspendiera la vigencia de tan cuestionable norma.

La disposición había generado la legítima preocupación de asociaciones que agrupan a personas con discapacidad, entre ellas la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina ( Asdra), que cuestionaron la medida, y lograron su suspensión. Objetaron que no es posible caer en un recorte de estas prestaciones, sobre todo frente a tratamientos que excedan la limitación mencionada.

En materia de restricciones al derecho a la salud, que deriva precisamente del derecho a la vida, que goza de rango constitucional e internacional por los tratados suscriptos por la república, habrá de tenerse en cuenta que toda disminución de esos derechos, en especial cuanto afecten a personas que tengan algún tipo de discapacidad, está viciada y debe tenerse por no válida. Así lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial al establecer sanción a las cláusulas que "importen renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplíen los derechos del predisponente...". Es necesario, además, que las restricciones contenidas en las cláusulas objetables sean "razonablemente previsibles". Por último, toda la doctrina que emana de la ley de defensa del consumidor veda este tipo de restricciones.

El hecho de que se tratara de una resolución gubernamental no modifica en nada lo expuesto. Al contrario, el Estado está especialmente obligado a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, especialmente cuando afectan a niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.

Temas como el recorte injustificado de pensiones por discapacidad, falta de apoyos escolares para la educación, incumplimiento del Estado respecto de los cupos laborales para personas con discapacidad, aranceles profesionales no ajustados por inflación que conducen a la desatención de los integrantes de este colectivo, falta de sanción a las obras sociales que incumplen y obligan a iniciar amparos judiciales con los consiguientes costos y demoras, son algunas de las impostergables necesidades del sector que merecen control y atención prioritaria.

Habiendo tantos gastos inútiles en la operatoria de un Estado elefantiásico y dispendioso, cualquier justificativo de restricción presupuestaria debe ceder ante situaciones como las descriptas, que contemplan la realidad de una porción de la sociedad que demanda especial atención y cuidado. El derecho a la salud nunca puede ser cercenado, lo cual no quiere decir que no deba controlarse y administrarse eficazmente. Está claro que habrá que arbitrar los medios para que nunca se deba caer en acciones de discriminación o retaceo de prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad que imperiosamente las necesitan.

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