Privilegios australes

Los beneficios impositivos para empresas instaladas en Tierra del Fuego que ensamblan piezas son poco justificables
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16 de junio de 2012  

El encomiable objetivo de desarrollar la provincia más austral de la Argentina ha seguido caminos que han creado un enorme costo para el resto de los habitantes del país, habiendo alternativas más eficientes y menos onerosas.

Las empresas radicadas en Tierra del Fuego se benefician con un régimen denominado Area Aduanera Especial, donde no se pagan impuestos nacionales. Esta resignación de impuestos le costará este año al Estado unos 5200 millones de pesos. Como en su mayor parte el fisco resigna impuestos coparticipables, por cada 100 pesos que no recauda, las provincias dejan de percibir 45 pesos y los jubilados, 28.

Además, hay un sobrecosto para quienes en el resto del país consumen productos importados que puedan competir con los provenientes de Tierra del Fuego. El Gobierno duplicó el IVA para los productos importados, lo que implica adicionar un 21 por ciento al ya elevado derecho de importación. Pero esa protección se volvió más severa a raíz de las restricciones cambiarias: ahora la importación de los productos que compiten con los que venden las firmas fueguinas, está virtualmente cerrada. Resulta así fácil entender por qué un televisor de marca líder, con pantalla de cristal líquido de 32 pulgadas, cuesta cerca de 800 dólares en Buenos Aires y alrededor de la mitad de ese precio en Chile. El subsidio de los consumidores a la industria de Tierra del Fuego es aún mayor que el costo fiscal.

El denominado polo tecnológico de Tierra del Fuego se presenta como un enclave de producción avanzada. Sin embargo, se parece mucho más a un gran centro de ensamblaje que apenas consigue agregar valor a productos procedentes de China y de otros países. Cuando se examinan las resoluciones de la Secretaría de Industria que conceden estos beneficios, se advierte que la exigencia de incorporar real producción local es mínima. Los componentes para determinar si un producto es originario de Tierra del Fuego incluyen verificaciones visuales, pruebas, ensamblajes, publicidad y seguros, etiquetas autoadhesivas, placas de identificación, certificados de garantía, el manual de instrucciones y las cintas de embalar. Es decir, elementos y servicios que no admiten ser presentados como la señal de un salto modernizador.

La Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte), que representa a los beneficiarios de las ventajas fueguinas, defiende este régimen alegando la cantidad de puestos de trabajo que se han creado: 10.000 en cuatro años. Pero para evaluar esa ventaja hay que tener en cuenta que cada uno de esos empleos tiene un costo fiscal del orden de 100.000 dólares por año, más otro tanto que pagan como plus de precio los consumidores y usuarios de sus productos electrónicos. Como resultado de los subsidios, la relación entre ganancias obtenidas y empleos creados por estas empresas cuadruplica a las de otros sectores industriales en el resto del país. En rigor, en Tierra del Fuego el Estado está facilitando por ahora una formidable plusvalía a meros ensambladores.

La Secretaría de Industria ha otorgado beneficios de este régimen a empresas que se comprometieron a fabricar 40.000 microondas por año con apenas cuatro empleados, o 35.000 notebooks y netbooks, con sólo 14. En los considerandos de esas resoluciones que les extienden el privilegio fiscal, se consigna además que el Gobierno comprará sus productos para abastecer el programa Conectar Igualdad. Es decir, el Estado no sólo libera a estas empresas de toda carga impositiva, sino que, además, se compromete a comprarles lo que vendan.

En los últimos meses, que se caracterizaron por un cierre muy drástico de la economía, a las ventajas aquí consignadas se le agregaron otras muy atractivas. Las empresas radicadas en Tierra del Fuego no son castigadas como lo son las del continente con un régimen arbitrario de licencias no automáticas. Y tampoco deben esperar meses, como sucede en el resto del país, para poder sacar las mercaderías del puerto. Esas compañías son eximidas de esos costos, que son altísimos. El régimen completo supone, además una opción innovadora del Gobierno en materia de comercio exterior. En los hechos, China pasa a ser un socio comercial importantísimo, superior incluso a Brasil.

La viabilidad de este régimen debería condicionarse a que sus beneficiarios mejoren su competitividad y logren una mayor integración y valor agregado fabril. De lo contrario, es fácil advertir que seguramente hay alternativas menos costosas para inducir el desarrollo industrial y de servicios. Con menos recursos fiscales y menor costo para el resto de los habitantes del país, podrían promoverse radicaciones en Tierra del Fuego de actividades con mayor valor agregado y demanda de empleo. Además, el enorme peso sobre el Estado nacional del régimen vigente bien podría traducirse en obras de infraestructura de interés turístico en viviendas, en escuelas y universidades, en investigación o en servicios de salud. El creciente desajuste de las cuentas públicas de la Nación hará más notable este tipo de distorsiones.

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