Que el estado de excepción no sea el nuevo estado

Debemos evitar que con el pretexto de cuidar la salud de la ciudadanía se esté lesionando aún más gravemente la salud de la república

Como todos los virus, el Covid-19 es oportunista. Entre otras cosas, eso implica que es capaz de causar mayores daños en los sistemas inmunológicos más debilitados.

Desde el 3 de marzo, en que se conoció el primer caso de coronavirus en nuestro país y, especialmente desde el 20, cuando todos ingresamos en una cuarentena obligatoria de la que muchos aún no hemos podido salir, el "organismo social" ha respondido obediente y atinadamente a las órdenes de un Poder Ejecutivo que ha llegado a poner en suspenso libertades individuales en nombre del resguardo del bien común. Hemos debido aceptar que, en defensa de la salud colectiva, algunos de nuestros derechos individuales y fundamentales queden, como el organismo humano, jaqueados frente a la emergencia de la hora. La concentración de decisiones en un solo poder del Estado no fue cuestionada en un principio. Las medidas estaban justificadas por el estado de excepción impuesto, precisamente por una situación marcadamente excepcional: la pandemia por coronavirus.

Al primer decreto de necesidad y urgencia le siguieron muchos más. El DNU inicial por el que se dispuso el estado de aislamiento obligatorio se encontró con un Congreso paralizado, protegiendo la salud de sus propios miembros y sin que se registrara ningún tipo de actividad legislativa. Con el paso de los días y ante el reclamo ciudadano, esa situación cambió. Hoy, el Congreso funciona de manera virtual. De hecho, ha aprobado ya varias leyes, como la exención transitoria del pago del impuesto a las ganancias a algunos rubros que componen los haberes del personal de salud y seguridad; la creación del programa de atención al personal sanitario que realiza servicios en establecimientos donde se hacen prácticas relacionadas con la pandemia, y la actualización de una vieja ley que regula la relación de la Cruz Roja con el Estado.

Sin embargo, la última prórroga de la cuarentena (la quinta) volvió a dictaminarse por decreto. Eso ha derivado en que se levantaran voces desde distintos sectores reclamando el fin de la discrecionalidad presidencial, que también se registra en otras decisiones, como la reciente intervención a la empresa Vicentin, también basada en la excepcionalidad de la pandemia e, inexplicablemente, en que resulta "imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución nacional para la sanción de las leyes", según reza el documento oficial. Nada más alejado de la realidad.

Tampoco debería ocurrir lo que se prevé que pasará en materia jubilatoria: que el Gobierno siga usando decretos para definir, por ejemplo, los aumentos en el monto de esos haberes. Aquí, incluso, se suma otro agravante, ya que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, no para devolverle la iniciativa al Parlamento sobre este tema, sino para que se habilite al Presidente a seguir definiendo tales aumentos por decreto.

Con una percepción más que atinada, hay quienes alertan que el Gobierno está aprovechando la actual situación de excepcionalidad para transformar en regla la excepción. Dicho de otro modo: sacar provecho de un momento de quietud obligada de la sociedad, inmersa en preocupaciones vitales, para inocular el virus del oportunismo, gobernando por decreto, reemplazando al Congreso y aprovechando el parate de la Justicia para intentar, entre otras muchas cosas, aliviar la situación de amigos del poder seriamente comprometidos en causas por corrupción.

En su defensa del uso de los DNU, el Gobierno podrá alegar que está previsto constitucionalmente que el Congreso se expida sobre esos instrumentos, pero esa argumentación no es suficiente. La comisión bicameral que entiende en ese tema no está habilitada para modificar el contenido de los decretos. Ratificarlos o rechazarlos no implica darle debida voz al Congreso en temas de semejante trascendencia. Es en el Congreso donde tienen cabida las expresiones políticas de más diverso cuño, donde pueden manifestarse, debatir y llegar a acuerdos en procura de intentar alcanzar el mejor texto legal. Por otro lado, si la bicameral no se expide en un tiempo determinado, los DNU quedan ratificados automáticamente, sin intercambios de ideas sobre temas tan sensibles como vitales.

Hacia fines del mes último, el senador Luis Naidenoff (Cambiemos-Formosa) sentenciaba: "La pandemia le dio al Gobierno la hoja de ruta de la que carecía. Volvió a mostrar ese rostro al que nos tenía acostumbrados en los 12 años en los que gobernaron antes: la discrecionalidad y, ahora, el gobierno de un solo poder. La cuarentena debería discutirse en el Congreso". Y alertaba el senador formoseño sobre cómo ese mal ejemplo presidencial estaba replicándose en gobiernos provinciales y municipales que, adoptando instancias preconstituyentes, "han hecho prácticamente lo que quisieron con el temor generalizado de la sociedad".

"El Estado de Derecho no puede quedar en suspenso en tiempos de coronavirus o de emergencias en general", decía, con la precisión que lo caracteriza, el doctor Daniel Sabsay, en un reciente artículo publicado en LA NACION.

"So pretexto de preservar la salud de la ciudadanía, se está lesionando gravemente la salud de la república. La república enferma también causa daño a la salud de la ciudadanía", señalaba criteriosamente el lector Juan Pablo Chevallier-Boutell en una carta publicada hace pocos días por este diario.

Sería lamentable que de la ya de por sí dolorosa pandemia en nuestro país se diera paso además a una crisis de derechos humanos, con un cercenamiento constante de libertades y un peligroso y descarado avasallamiento a las instituciones.

Es de esperar que la capacidad de reacción del arco opositor y de la ciudadanía en su conjunto marque los límites que la Constitución prevé para que el estado de excepción no sea el nuevo estado en el que algún extraviado espíritu antidemocrático pretenda que vivamos los argentinos de aquí en más.