Recuperar lo robado: cuando ya no quedan más excusas

La decisión del presidente Macri de recurrir a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar los bienes robados al Estado por la corrupción va mucho más allá de lo meramente formal. Con esa frase comenzábamos nuestra columna editorial de hace poco más de un mes. El transcurso del tiempo ha confirmado lo que presumíamos: a la hora de rechazar el DNU todo el peronismo marchó unido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso Nacional .

Si, como muchos interpretaban en aquel momento, el objetivo político del DNU iba camino de forzar una reacción legislativa y, con ella, dejar expuesto dónde se para la oposición respecto de este tema tan sensible, la respuesta es clara: se para en la vereda de los que, con su accionar, siguen facilitando la impunidad de quienes hicieron fortunas personales usando el dinero del Estado.

Esta consideración corre por cuerda separada de los defectos que pudiera contener el citado DNU. Entre las principales críticas que se le han realizado figura el hecho de haber sido firmado mientras el Congreso se encontraba en funciones y que no corresponde usar ese instrumento presidencial cuando se trata de cuestiones que rigen en materia penal.

El tema pasa entonces por determinar cuál ha sido el comportamiento del Congreso mientras ha estado en funciones. La discusión sobre la extinción de dominio se viene demorando desde hace tres años y solo empezó a darse en el ámbito parlamentario cuando una escandalosa evidencia no dejó más resquicio a los legisladores frente a los ojos de la sociedad: la descarada imagen de José López , exmano derecha de De Vido , ocultando bolsos con dólares, euros y joyas en un seudoconvento, acompañado por la entrega de armas a un grupo de monjas que las recibían sin inmutarse.

Otro hecho de corrupción sin precedente, revelado por los cuadernos de las coimas en agosto pasado, volvió a activar la discusión parlamentaria, pero sin que en ninguno de esos dos momentos se llegara a la sanción de la correspondiente ley, una herramienta vital para hacer justicia no solo respecto de los responsables del saqueo a las arcas públicas, sino para que el recupero del dinero y los bienes de esas exacciones vuelvan al Estado, es decir, a todos los ciudadanos.

En esos tres años, el Congreso fue y volvió sobre los proyectos en danza. Primero, Diputados aprobó su iniciativa en 2016. Recién dos años después, el Senado se avino a tratarla, modificándola sustancialmente, por lo que ahora debe regresar en última revisión a la Cámara baja. Si los diputados quisieran mantener su texto original, necesitarán de una mayoría simple. Si no la consiguen, quedarán en pie los cambios del Senado, entre ellos, que la acción de extinción de dominio recién podrá iniciarse una vez que el juez decida la elevación a juicio oral de la causa penal. Diputados habilitaba el proceso con la simple imputación ante la Justicia, ubicando la acción en el fuero civil, sin tener que esperar los aproximadamente 14 años que suelen demorarse los juicios por corrupción.

Otra diferencia: Diputados estableció que esa figura se aplique a causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. En el Senado, rechazaron la retroactividad.

Mañana, el presidente Macri dejará inaugurado en el Congreso un nuevo período de sesiones ordinarias. Es de esperar que la recuperación de lo robado al Estado por la corrupción sea, si no el primero, uno de los primeros temas por debatirse, junto con el financiamiento de las campañas políticas.

Cuando el país está a las puertas de un año electoral , leyes como las citadas adquieren una importancia todavía más relevante.

Los legisladores tienen nuevamente la oportunidad de sancionarlas. De no poner más excusas que traben el proceso y terminen siendo garantía de impunidad. Como ya hemos dicho desde estas columnas, es de esperar que hagan su tarea en el sentido de justicia que reclama la sociedad en su conjunto.