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¿Reforma política o trampa electoral?
Sería de lamentar que se propusiera una modificación electoral sin un acuerdo que respaldara esa reforma
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Desde el corazón del poder, se deja trascender en estos días que Néstor Kirchner pretende impulsar una reforma electoral que modifique de raíz el sistema de elecciones internas de los partidos políticos.
El nuevo régimen adoptaría algunas modalidades que rigen en los Estados Unidos. En principio, la representación sería indirecta. Es decir, los candidatos se elegirían en asambleas integradas por delegados surgidos de comicios regionales. A diferencia del sistema norteamericano, éste sería obligatorio.
Los funcionarios que están divulgando, por ahora de modo discreto, este proyecto aclaran que "su finalidad es permitir a Kirchner postularse como candidato presidencial por el PJ en 2011". El ex presidente calcula que, si se diseñan bien los distritos de esas elecciones, su escaso caudal electoral se vería potenciado. Kirchner se propone contar, en cada región, con el apoyo de los gobernadores con buen caudal electoral.
Debe recordarse que la virtud de cualquier sistema electoral es expresar con la mayor transparencia posible el estado de opinión de quienes emiten el sufragio. El que se está diseñando en el Gobierno tendría la pretensión contraria: producir un resultado que corrija un estado de opinión adverso.
En este sentido, la iniciativa tiene su candor. Suele ser muy difícil que un mecanismo burocrático-procesal compense la falta de encanto popular de un dirigente político. Es muy probable que, cuando un líder no mueve más que emociones negativas en la mayoría de sus compatriotas, no haya ingeniería que pueda salvarlo de la derrota. La última experiencia del oficialismo es aleccionadora en este sentido. Se modificó el calendario y se impulsaron candidaturas fraudulentas y, sin embargo, la victoria comenzó a alejarse más y más para el Gobierno.
Más allá de esa ingenuidad, la propuesta debe ser examinada por las desviaciones que revela. Que una administración que viene de perder las elecciones y que está en su piso histórico de popularidad se proponga impulsar leyes fundacionales no parece lo más saludable. Ya se advirtió ese inconveniente en el actual debate sobre los medios de comunicación audiovisual. Ahora se pretendería, con el mismo déficit de legitimidad, legislar sobre la vida interna de los partidos.
En ambos casos el impulso reformador nace de la misma concepción. La suposición de que la sociedad se equivocó al votar. Y la fantasía según la cual, si los medios le ofrecieran otra información y si la intención electoral del público se procesara a través de otros mecanismos, esa equivocación quedaría subsanada, para que el poder lo siga ejerciendo quien lo ejerce.
Esta aspiración es incompatible con el diálogo político. Pero el diálogo es indispensable para llevar adelante una reforma tan sensible como la del régimen electoral. En especial cuando el gobierno que invita a realizarla carece de consenso. El ensayo que se realizó a los pocos días de la derrota oficialista fue tan infructuoso que las principales fuerzas convocadas lo declararon imposible. Sería de lamentar que la actual administración se propusiera una modificación de las reglas que rigen el voto sin un acuerdo que respaldara esa reforma. Al contrario, ella debería ser el resultado de un gran ejercicio de diálogo.
El repentino interés por la reconstrucción de los partidos resulta también sospechoso por los antecedentes del Gobierno. Kirchner ha mantenido a su partido clausurado aun cuando era él quien lo presidía. El día que perdió las elecciones, abandonó esa jefatura para refugiarse en el entorno más comprensivo de un grupo ideológico-literario.
Ahora, la cuestionada jueza María Romilda Servini de Cubría demora una posible intervención a esa fuerza cuya vida interna se ha reducido a la nada. Es de esperar que la magistrada no repita la experiencia de la anterior intervención, que ella misma confió a un agente de la SIDE. Los gastos y contrataciones que se registraron en esa gestión son inconcebibles para un normalizador.
Si no apreció la consistencia de su propia organización política, el kirchnerismo tampoco tuvo muchos reparos por la de los demás. Desde su llegada al poder se fijó como objetivo pulverizar las agrupaciones ajenas, capturando a sus dirigentes, promoviendo divisiones y aislándolas del proceso de toma de decisiones.
La Presidenta y su esposo tampoco han sido devotos de las buenas prácticas electorales. Cambiaron de distrito electoral como de indumentaria, según la conveniencia de cada momento. Se financiaron de manera tan poco transparente que hoy la Justicia investiga sus campañas ante la fundada sospecha de que podrían haber servido a operaciones de lavado de dinero. Manipularon el calendario electoral según las necesidades de sus listas. Utilizaron los recursos del Estado a favor de las candidaturas de su partido. Postularon a dirigentes a sabiendas de que no ocuparían el cargo por el que competían. La mayoría de esos dirigentes estuvo integrada por gobernadores e intendentes que no renunciaron a sus cargos para llevar adelante el proselitismo.
Estos antecedentes obligan a concluir que, por cierto, en la Argentina resulta urgente una reforma del Código Electoral. Pero su cometido más importante no debería ser introducir al Estado en la vida de los partidos. Antes, debería implantarse una severa línea divisoria entre el Estado, el gobierno y el partido. Sacar también todo el proceso de la órbita del Poder Ejecutivo. Garantizar, además, la transparencia del voto con mecanismos que aseguren que no habrá manipulación ni fraude. Los atropellos que se cometen entre nosotros están penados por la ley en cualquier democracia razonable.
La tarea es necesaria porque los vicios del sistema electoral están en el origen de la crisis de legitimidad que exhibe nuestra dirigencia política. La sociedad argentina debe encontrar mecanismos que mejoren la calidad de la representación y rompan la capa de indiferencia y desdén que viene aislando cada vez más a los electores de los elegidos hasta convertir a éstos en una casta. Una reforma que, por el contrario, buscara ser la alquimia espuria a través de la cual la voluntad popular cambia de destino para que una persona o un grupo político conserve el poder contaminaría a la República con el fraude y determinaría su decadencia.
