Registro de abusadores

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18 de marzo de 2019  

La provincia de Chubut creará un registro de condenados y buscados por delitos sexuales, disponible en un sitio web, en el que se consignarán imágenes y datos personales de aquellas personas que tengan una pena por violación o un pedido de captura por delitos de índole sexual. También figurarán la fotografía, la jurisdicción donde fue condenada o requerida y los antecedentes judiciales.

El ministro de Gobierno provincial declaró que sabía que se trataba de un proyecto polémico, pero que, en materia de seguridad, esa administración no estaba del lado de los delincuentes, sino de resguardar los derechos de los ciudadanos, y que esta era una medida claramente preventiva. El registro podrá ser consultado por los ciudadanos, punto que lo diferencia de la ley nacional que creó el Registro de Datos Genéticos, vinculado al tema por la prueba del ADN en los casos de violación, el cual solo puede ser consultado a instancia judicial.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, la ley nacional de registro de ADN debe ser ampliada incluyendo homicidas, secuestradores y otros autores de delitos violentos, permitiendo la comparación de las muestras de la escena del crimen con ese registro.

Mucho se ha discutido si un registro de violadores o de personas con antecedentes por violación agravia o no derechos constitucionales o implica una forma de discriminación, impidiendo o dificultando su rehabilitación. Los casos de violadores, casi siempre recurrentes, deberían estar registrados en un archivo, con imagen fotográfica, reservado del gran público, pero de fácil acceso para la policía. A tal punto que si alguien tiene fundadas sospechas o hace una denuncia de amenazas o teme sufrir un daño de esta índole, este pueda ser inmediatamente consultado y, al menos, se le brinde una custodia o seguridad especial, además de vigilarse al presunto violador.

La instrumentación de un registro como el que propone Chubut o la iniciativa de ampliación del nacional o la reglamentación de medidas de seguridad especiales, como la restricción del derecho de salida del condenado por violación en el caso que nos ocupa, necesitan ser implementadas cuanto antes. La presunción de inocencia y las garantías del delincuente o violador se enfrentan al peligro social potencial que este tiene, especialmente si se considera la reiteración de este tipo de delitos.

Registros como los que se proponen reforzarían fuertemente la denuncia de peligro, como es el caso de sujetos que rondan las escuelas y los parques, y sería un antecedente invalorable para graduar luego una eventual condena, además del tratamiento psicológico carcelario para el reincidente, una medida humanitaria necesaria y acorde con el sentido que el artículo 18 de la Constitución nacional da a las cárceles de la República.

Queda pendiente la consideración del tema del acceso al registro. Abrirlo a todo el público parecería rozar derechos constitucionales, en tanto que exigir una decisión judicial resultaría sumamente restrictivo. Será necesario encontrar un justo medio, como podría ser un pedido escrito justificando el acceso.

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