Regresión institucional en Tucumán

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1 de junio de 2006  

En estos días se está discutiendo en Tucumán la reforma de la Constitución provincial. El lunes de la última semana, tras quince horas de sesión -y en un proceso cargado de denuncias de irregularidades-, la Convención Constituyente aprobó una serie de modificaciones a la Carta Magna de la provincia.

Uno de los cambios más cuestionados es el de la reelección; se prevé que los gobernadores, vicegobernadores, legisladores e intendentes puedan ser reelegidos por un período consecutivo, pero, como no se considerarán los mandatos en ejercicio al momento de sancionar la reforma, los actuales funcionarios, en caso de presentarse y vencer en las elecciones del año próximo, podrían ser reelegidos en 2011 y permanecer en sus cargos hasta 2015.

En un claro avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, la reforma también dispone que sea el gobernador quien designe a jueces, camaristas, fiscales y defensores sobre la base de un dictamen vinculante del Consejo Asesor de la Magistratura, organismo cuya integración y mecánica de trabajo será también definida por el mismo gobernador. Incluso se prevé la creación de un jurado de enjuiciamiento, con clara primacía política en su integración.

Las voces de rechazo no han tardado en llegar. El Colegio de Abogados de la provincia presentó una demanda judicial para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de todo lo tratado con referencia a este nuevo organismo, ya que "la convención reformadora de la Carta Magna provincial debe tratar estos temas desde la comisión del Poder Judicial y no desde la comisión del Poder Ejecutivo", según explicó el presidente de la entidad que agrupa a los abogados de la provincia.

Otra iniciativa cuestionada es la de modificar los requisitos necesarios para una posible acusación y juicio político del gobernador o vicegobernador. La reforma establece que, en lugar de los dos tercios actuales, se requerirán las tres cuartas partes de la comisión de juicio político para la acusación, mientras que para la destitución será necesario el 75 por ciento de votos de los legisladores que conformarán el tribunal de enjuiciamiento.

En otro orden de cosas, según el nuevo régimen electoral aprobado por la Convención, ningún legislador podrá ser obligado a tomar licencia en el caso de decidir ser candidato para un cargo político -situación que no está permitida según la Constitución de 1990- y su banca podrá ser ocupada provisionalmente por quien le sucede en la lista.

Junto a la del Colegio de Abogados, hubo otras cuatro denuncias presentadas: el Partido Obrero y el diputado nacional Esteban Jerez objetaron judicialmente el reglamento interno de la Convención, mientras que el legislador Rodolfo Danesi pidió a la Corte la inconstitucionalidad de la elección de convencionales, y el abogado Luis Iriarte presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia.

La Convención será llamada esta semana al recinto para que apruebe el despacho de la Comisión de Texto Unico Integrado, encargada de redactar la Ley Fundamental con la incorporación de los cambios sancionados. Posteriormente, sólo restaría publicar la nueva Constitución en el Boletín Oficial de la provincia para que ésta entre en vigencia.

Si bien la fecha límite para finalizar el proceso es el 14 del actual, los convencionales oficialistas han tratado de acelerar los tiempos para evitar que la Justicia, frente a las denuncias presentadas, termine echando por tierra lo actuado en la Convención. Sin embargo, dado que la redacción del texto para la nueva Carta Magna debe ser muy detallista y cuidadosa, es prácticamente imposible que pueda hacerse antes del 7 u 8 del actual, es decir, una semana antes de que expire el plazo disponible. Después, según lo declaró el propio gobernador José Alperovich, no se esperará hasta el próximo 9 de julio para que los funcionarios que ocupan cargos públicos la juren, sino que "en junio estará jurada".

La aprobación de la nueva Constitución de la provincia de Tucumán, cuyo proceso se llevó a cabo sin un serio debate, es simplemente otro eslabón en la cadena de reformas constitucionales a las que se están dedicando febrilmente los gobernadores provinciales -como en Jujuy, Misiones, Corrientes y Entre Ríos-, olvidando que la Constitución de un país o de una provincia no es un instrumento que pueda modificarse a cada rato o de acuerdo con las circunstancias y hasta el capricho de los funcionarios de turno. Es de lamentar, también, que esos cambios intenten justificarse, como en el caso de la de Tucumán, con la excusa de que "en la práctica, será una Constitución mucho más operativa" porque "las cláusulas nuevas son superadoras de otras que tienen casi un siglo".

Como ya lo expresamos en estas columnas, una Constitución es el ancla profunda que mantiene a un pueblo férreamente unido al sistema de valores morales y filosóficos que presidió, históricamente, su nacimiento como Estado independiente y autónomo. Se trata, pues, de un instrumento que debe estar a salvo de las coyunturas o de los intereses políticos de corto plazo, lo cual lamentablemente no ocurre en el caso aquí planteado.

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