Secretario de Culto cuestionado

La reciente designación de Esteban Caselli como secretario de Culto de la Nación ha provocado una fuerte preocupación no sólo en la dirigencia política y en la sociedad en su conjunto sino también -y con el hermetismo que imponen las circunstancias- en el seno mismo de la jerarquía eclesiástica y la comunidad católica.

Su paso por la función pública se remonta a varios años atrás, cuando en 1989 fue nombrado asesor del entonces ministro del Interior, Eduardo Bauzá, durante la primera presidencia de Carlos Menem. Otros nombramientos posteriores -fue jefe de asesores de la Secretaría General de la Presidencia y luego subsecretario general en ese mismo organismo- lo mantuvieron a Caselli siempre cercano al poder político.

En 1997, el presidente Menem lo designó embajador argentino ante la Santa Sede y desde allí cultivó un sólido vínculo con la Secretaría de Estado del Vaticano. Fue visible, en ese momento, el carácter conflictivo de su gestión, que apuntaba a crear una trama que le posibilitara un ejercicio excluyente de la relación con la estructura administrativa del Papado, con ostensible prescindencia, en muchos casos, de la Conferencia Episcopal Argentina. Caselli se ganó el apoyo de sectores estratégicos de la Santa Sede a través del uso de una causa noble: la defensa de la vida en los foros internacionales. Pero sus procedimientos significaron una alteración de los caminos institucionales -más participativos, por cierto- que tradicionalmente habían presidido la relación entre la Argentina y el gobierno vaticano. Además, en algunas esferas se tuvo la nada agradable sensación de que se estaba utilizando la adhesión a determinados principios internacionales caros a la Iglesia y a la vida moral para acallar o entorpecer las muy razonables críticas de los obispos de nuestro país al gobierno de Menem

Fueron inocultables, en ese tiempo, las disputas de Caselli con el embajador argentino ante el gobierno italiano Félix Borgonovo, provocadas -en la mayoría de los casos- por un no disimulado propósito de satisfacer las aspiraciones del entonces presidente de la República en una línea de marcado personalismo político. También deben recordarse sus denodados esfuerzos para bajar el tono a discursos críticos del Papa por la explosión del desempleo en la Argentina y sus febriles gestiones para que Menem fuera agasajado de apuro en Roma días antes de las elecciones de 1997, en lo que procuró ser, en definitiva, una suerte de acto de proselitismo político. A escasos días de la finalización del segundo período presidencial de Menem se le otorgó el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario del país.

Durante la breve gobernación de Carlos Ruckauf, Caselli ocupó la estratégica Secretaría General de la provincia de Buenos Aires. Y fue el propio Ruckauf, en su nueva función de canciller, quien lo condujo equivocadamente a la Secretaría de Culto.

Las sospechas -nunca despejadas- que acompañan a este cuestionado funcionario son variadas y de distinto calibre. Se le atribuyeron movimientos clave, aunque reservados, en campañas electorales y se lo señaló como favorecedor de algunas empresas del fallecido empresario Alfredo Yabrán. También se lo vinculó con el sonado caso del contrabando y la venta ilegal de armas. En ese sentido, se denunció que se encontraba presente junto a Hugo Franco en el aeropuerto de Ezeiza cuando se cargaron los aviones con las armas que debían ir a Venezuela y que en realidad terminaron en Croacia.

En sus nuevas funciones, Esteban Caselli no ha tenido un buen debut y ello debido, como en la oportunidad anterior, a la falta de comunicación y diálogo con los obispos argentinos. En efecto, a poco de asumir su cargo, el flamante secretario de Culto intentó lograr -por motivos que realmente se desconocen, aunque pudieran presumirse- el regreso del actual embajador ante la Santa Sede, Vicente Espeche Gil, diplomático de carrera que ha prestigiado con su desempeño a la embajada y a nuestro país. Los rápidos reflejos de algunos miembros de la Iglesia en la Argentina evitaron -acaso momentáneamente- el desplazamiento del embajador Espeche Gil.

El presidente Eduardo Duhalde ha puesto sus mayores esperanzas en la formalización de un gran entendimiento nacional y en la convocatoria al diálogo social, objetivos en los cuales le cabe a la Iglesia un importante protagonismo. Resulta poco comprensible que el secretario de Culto -canal natural para que el Gobierno se relacione institucionalmente con la Iglesia Católica y con los otros cultos acreditados en el país- no haya participado en ninguna de las reuniones que se llevaron a efecto con esa finalidad.

En su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, Duhalde señaló, entre otros muchos conceptos, que su gestión iba a estar signada por la austeridad y por la transparencia en los actos de gobierno. El actual titular de Culto no parece haber prestado la debida atención a esa consigna. En efecto, apenas traspuso las puertas de sus oficinas encaró una amplia reforma para agrandarlas, como también las de la secretaría privada. Entretanto, promete ampliar la estructura orgánica de la subsecretaría a su cargo, contrariando las expresas indicaciones presidenciales.

El país reclama cambios en la gestión de gobierno y rechaza la presencia de funcionarios que no estén, por sus antecedentes o por su desempeño, a la altura de lo que imponen las circunstancias. La renuncia del actual secretario de Culto ayudaría a despejar una situación conflictiva inocultable.