Sin política de Estado se afianza y crece el narco
Urge la realización sin más postergaciones de un debate serio y profundo que derive en acuerdos básicos para avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas
Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), presentado al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pone bajo la lupa dos cuestiones claves del crecimiento de ese tipo de delitos. La primera es que no basta con dictar leyes ni endurecer penas para desarticular estructuras criminales y terminar con sus negocios ilícitos, pues estos siguen siendo comandados por muchos presos desde el interior mismo de los penales. La segunda, que ninguna batalla contra este flagelo será efectiva si no se termina con la larga cadena de complicidades de las que se valen los detenidos para seguir operando.
El estudio de la Procunar, a cargo del valiente y eficaz fiscal federal Diego Iglesias, es terminante: el tema no tendrá solución hasta que no sea tomado como una cuestión de Estado.
A la nunca neutralizada connivencia entre funcionarios políticos, judiciales y penitenciarios con el narcodelito, se ha sumado en los últimos tiempos la ya harto conocida comprobación judicial de los alcances del vínculo entre el mundo criminal y el mundo financiero al margen de la ley, un círculo vicioso interdependiente que se retroalimenta dejando a su paso un creciente y doloroso saldo de víctimas, muchas de ellas inocentes. A ese dramático panorama se agrega también la alarmante constatación de la que da cuenta el informe oficial respecto de que los jefes de las grandes bandas siguieron –y sigan si no se actúa como corresponde– controlando desde la cárcel mediante el uso de teléfonos celulares sus sucios negocios, entre los cuales figuran maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y delitos vinculados como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos y amenazas.
Entre otros capos del narcotráfico, se han valido de ese método para seguir operando los detenidos Marco Estrada Gonzales, Ariel Cantero, Mario Segovia y Carlos Bareiro, todos de altísima peligrosidad, citados en el informe entre una lista de al menos 20 cabecillas, la mayoría de ellos ya condenados.
En el caso de Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”, se constató que “tuvo a su disposición un dispositivo electrónico tipo tableta, con el que pudo enviar y recibir correos electrónicos y capacitarse en materia de inteligencia táctica, armado y desarmado de materiales explosivos y en cómo adquirirlos”, según el informe oficial que plantea la urgente necesidad de formar una mesa de trabajo interdisciplinaria para elaborar un plan que prohíba la utilización de celulares en casos puntuales de presos por delitos vinculados con el crimen organizado.
Es harto sabido que el narcotráfico genera ganancias como ningún otro rubro de la economía criminal y que la gravedad de la situación viene siendo advertida por valientes policías, fiscales y jueces que se juegan sus vidas en esta lucha muy desigual. El caso de la banda de Los Monos, en Santa Fe, es solo una muestra contundente de hasta dónde ha llegado el accionar del narcodelito, aterrorizando a la población y tomando como blanco directo de sus sanguinarios ataques a dirigentes políticos, judiciales, periodistas y denunciantes.
Presentar operativos policiales de manera ampulosa como los anunciados y hasta tuiteados en los últimos días por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no resuelve la cuestión de fondo, especialmente si se repara en que se orquestan y concretan en época preelectoral en busca de votos y habiendo dejado pasar tanto tiempo sin haber hecho nada productivo para abordar el problema seria y sistematizadamente.
Las comunicaciones por celular de los líderes del hampa para seguir cometiendo delitos aun estando presos no solo evidencian laxitud en centros de detención y seguras complicidades, sino que confirman la falta de compromiso político para intentar extirpar la enfermedad desde sus propias raíces cuando distintos países utilizan tecnología de bloqueo o inhibición de señales de celulares en ambientes carcelarios.
Coincidimos con el reclamo de la Procunar en que no se hallará una solución al tema hasta que no se lo considere una verdadera política de Estado, a la que debería arribarse como consecuencia de un amplio consenso y pensada para regir y ser respetada por más de un período de gobierno.