Sin presupuesto y sin plan

Una tan intempestiva como agraviante intervención de Máximo Kirchner en el Congreso días atrás demolió el precario acuerdo con la oposición para regresar a comisión el proyecto de ley de presupuesto. Con su rechazo en el recinto, se frustró la última posibilidad de modificarlo para que pudiera ser aprobado. Fue la primera vez que el cambio de composición de la Cámara de Diputados dejó al oficialismo sin la facilidad de conceder al Ejecutivo sus deseos.

La carencia de aprobación conduce a la prórroga del presupuesto del año anterior. No es una situación favorable. Expone una debilidad institucional y no ayuda en la particular situación de tener que negociar con el FMI la reestructuración de la deuda. El Gobierno debió haber considerado este perjuicio cuando elaboró y sostuvo un proyecto con aspectos inaceptables o que perdieron vigencia. También debió haber sopesado el diputado Kirchner la situación cuando provocó la reacción de la oposición, así como debió haberlo hecho el bloque opositor cuando aquella reacción terminó derribando la última posibilidad de aprobación de la iniciativa.

Las razones de quienes se oponían a la aprobación giraron alrededor de tres ejes. Uno fue la total inconsistencia de los supuestos macroeconómicos con la realidad actual y la prevista para 2022. Principalmente, la inflación y el tipo de cambio. Otro eje fue la imprecisión en identificar las fuentes de financiamiento del déficit. Algún diputado incluso cuestionó que se proyectara un déficit propiamente. El tercer eje se refirió al inaceptable abuso en la delegación de poderes al jefe de Gabinete y a otros miembros del Gobierno para introducir cambios en cuestiones fundamentales, lo cual convertía al presupuesto en papel descartable y, al Poder Legislativo, en un mero hombre de paja. Seis artículos delegaban facultades que desvirtuaban el límite impuesto por la ley de administración financiera y control del sector público nacional, que solo permite al jefe de Gabinete redireccionar partidas de gasto hasta un 5% y siempre que el total de la partida no se modifique. Debe aclararse que esa ley no contempla la inflación y, ante su existencia, debería aceptarse un mecanismo para mantener el valor real de las partidas presupuestarias. Pero de ninguna manera puede permitirse modificar la estructura relativa aprobada por el Legislativo. También es necesario reconocer que, frente a la crónica inflación, han existido históricamente, en mayor o menor medida, disposiciones para facilitar la adecuación del gasto a esa realidad. El proyecto rechazado no se autolimitaba ni preveía ajustes exclusivamente por inflación, sino que los admitía con carácter discrecional. Más grave aún es que partía desde el primer día de 2022 con precios y salarios desfasados ya en más de un 30% por sobre los considerados en su elaboración.

Otra de las cuestiones que debe comprenderse de un presupuesto es el diferente carácter que tienen las cantidades cuando se refieren a gastos o a recursos. En el primer caso dice “fíjase” mientras que en el segundo es “estímase”. Al resultado, sea de superávit o de déficit por diferencia entre recursos y gastos, se aplica “estímase”. Lo relevante en una ley de presupuesto es la autorización a gastar y no la estimación de los ingresos. De ahí que es menos grave subestimar el supuesto de inflación que sobreestimarlo. Claro está que no es bueno que esta subestimación sea de la dimensión que mostraba el proyecto rechazado. Pero peor será aun la del prorrogado.

El rechazo de la “ley de leyes” como instrumento de política económica y planificación gubernamental ha limitado la capacidad del Gobierno de sustentar un plan plurianual para ser presentado a la opinión pública y al FMI. El Presidente ya ha hecho conocer esta dificultad, aunque cabe decir que, transcurridos dos años de su gobierno sin nada que lo impidiera, no hemos conocido un programa económico. Mientras tanto, el riesgo país ha trepado un escalón más, se continúan perdiendo reservas a pesar de un cepo cambiario asfixiante y la inflación no cede pese a un destructivo control de precios y tarifas. Es un panorama crítico al que se ha agregado la carencia de un presupuesto seriamente elaborado, discutido y aprobado. Un nuevo tiempo se abre en el Congreso. El renovado juego de fuerzas plantea la necesidad de debatir y consensuar, sin agresiones y con respeto. Habrá que aprender a escuchar.