¿Sobresueldos o sueldos en sobre?

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27 de abril de 2004  

La corroboración por parte de ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem sobre la existencia del pago de sobresueldos a altos funcionarios públicos, que en algunos casos llegaban hasta los 50.000 pesos mensuales, debe implicar una profunda investigación judicial, al tiempo que la ciudadanía merece que, en honor a la transparencia, se den a conocer los montos y destinatarios de los pagos realizados en los últimos años a funcionarios con dinero proveniente de fondos reservados.

La justicia federal ha comenzado a investigar el pago de sobresueldos a raíz del testimonio que brindó un ex secretario del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, en el juicio oral por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray.

Por otra parte, la Sala I de la Cámara Federal ordenó la reapertura de una causa -que el juez Bonadío había ordenado archivar- en la que se investiga si en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, diputados del Partido Justicialista (PJ) cobraban sobresueldos. Los legisladores que reportaron la maniobra aseguraron que el entonces titular del bloque del PJ ofreció sobresueldos por 2000 pesos y señalaron que algunos miembros de la Cámara baja habrían aceptado el convite, que cobrarían sin recibo alguno.

El dinero así percibido sería fruto de fondos reservados, para lo cual se habría recurrido a una ley secreta sancionada en 1956 y conocida como S-18.302. Es comprensible hasta cierto punto que todos los gobiernos cuenten con algunos fondos reservados para su funcionamiento en el área de seguridad, en tanto su publicidad podría dañar el interés nacional en términos de soberanía, amenazas bélicas o terrorismo. Pero es un secreto a voces que el uso de estos fondos ha estado más relacionado con gastos políticos que benefician al gobierno de turno, respaldando financieramente campañas políticas, asesorías y mejoras en los sueldos de ministros y otras autoridades.

En este último caso cabe señalar que, en la actualidad, las remuneraciones de los funcionarios, al estar atadas a un tope de 3000 pesos mensuales que rige desde la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, son realmente magras. Este hecho conspira contra el reclutamiento de los técnicos más capacitados, que en el sector privado seguramente ganarían mucho más y, en algunos casos, puede constituir una fuente de corrupción.

El eficiente funcionamiento de los gastos reservados presupone dos principios fundamentales. El primero es asegurar el destino de esos recursos; es decir, que sean efectivamente invertidos en los fines determinados. El segundo es la obligación de los gobernantes de optimizar la utilización de los recursos disponibles. Inevitablemente, para lograr estos principios es necesario que los fondos estén sujetos a una fiscalización adecuada que compruebe que el dinero se está destinando a las actividades que la ley estipula.

Así por ejemplo, en los Estados Unidos el "black budget" (presupuesto negro) debe ser autorizado por un grupo de parlamentarios integrantes de comisiones legislativas que fiscalizan en forma reservada la información detallada del presupuesto. En Alemania, una comisión de cinco diputados representantes de las principales corrientes políticas fiscaliza y, además, participa en el debate del presupuesto. Finalmente, en España, el Parlamento creó una comisión legislativa para controlar estos gastos secretos, los cuales sólo podrán destinarse a la defensa y a la seguridad nacional.

Es de desear que las investigaciones iniciadas en la Justicia esclarezcan la cuestión del pago de sobresueldos a funcionarios públicos y para el caso de que corroboren los testimonios aportados en las diferentes causas judiciales, se tipifiquen los delitos que se habrían cometido y, si así correspondiese, los responsables fueren sancionados. Por otro lado, y en tiempos en que la transparencia es requisito indispensable para un buen gobierno, es de esperar que las partidas confidenciales o gastos reservados tiendan a limitarse a lo mínimo indispensable y que sean fiscalizados por algún organismo estatal que garantice su correcta aplicación y destino.

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