The Old Fund: fallos que no sorprenden, pero indignan

El fallo de la Justicia formoseña que sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán, al exvicepresidente Amado Boudou y a su amigo José María Núñez Carmona, entre otros imputados en la causa por el presunto pago de sobornos para la reestructuración de la deuda que el Estado formoseño mantenía con el Estado nacional, no sorprende, pero indigna.

No sorprende confirmar que nada puede esperarse de la Justicia en un feudo donde quien gobierna lo hace en forma ininterrumpida desde 1995 –más ocho años de experiencia previa como vicegobernador–, con mano de hierro a la hora de anular la independencia de poderes, con una Constitución anacrónica que permite la reelección indefinida y con una ciudadanía sumisa que vive mayoritariamente del Estado, inmersa en una pobreza endémica que el propio Estado alimenta sin tapujos mediante subsidios, persecuciones, aprietes e ilegalidades varias tendientes a garantizarse la obediencia que deviene de los votos cautivos.

Por esa misma razón, tampoco sorprende que el juez formoseño a cargo de la causa conocida como The Old Fund, Marcelo López Picabea –reconocido en Formosa por su disciplinamiento político hacia Insfrán–, concluyera en su vergonzoso fallo que ni el gobernador ni Boudou cometieron delito alguno, sin siquiera haber tomado en cuenta las pruebas halladas ni citar a declarar a Alejandro Vandenbroele. Fue el propio Vandenbroele, sospechado como testaferro de Boudou, quien no solo confesó el pago de coimas, sino que intermedió en esa operatoria como titular de aquella empresa fantasma que, al momento del hecho, carecía de experiencia en reestructuraciones de deuda y no tenía ningún antecedente de peso.

No sorprende tampoco que haya pasado tanto tiempo del expediente iniciado a partir de una investigación de LA NACIÓN, que reveló en 2012 el pago de 7,8 millones de pesos –unos dos millones de dólares al cambio de entonces– a The Old Fund por parte del gobierno de Insfrán, que abonó por un supuesto asesoramiento que nunca fue concretado. Según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, se trató de un contrato ficticio para que Boudou, por entonces ministro de Economía, cobrara una comisión a cambio de darle luz verde a esa reestructuración financiera, conforme la confesión de Vandenbroele.

A todo ello, debe sumarse como agravante el hecho de que la deuda que derivó en el cuestionado pago a The Old Fund ya había sido negociada y su convenio, firmado entre el anterior ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, e Insfrán, poco antes de que Boudou asumiera en esa cartera. También debe agregarse que, más cerca en el tiempo y de manera sintomática, los sobreseimientos se produjeron poco después de que la jueza federal de Formosa María Belén López Mace se declaró incompetente y pasó la causa a los tribunales provinciales.

Cabe recordar que ya en 2012 hubo un intento de cerrar el expediente sin investigar lo ocurrido y que se procuraron otras muchas maniobras para que el tema recayera en la Justicia formoseña, donde Insfrán siempre lleva las de ganar.

Lamentablemente, el caso formoseño no es único. En Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de esa provincia, quien motorizó la causa por corrupción por la que terminó condenado recientemente el exgobernador de esa provincia Sergio Urribarri, sufrió constantes presiones para que se diera por vencida y abandonara la investigación. Incluso se armó un jury en su contra, que determinó la suspensión en sus funciones de forma totalmente injustificada. Y ayer se conoció la decisión del juez Julián Ercolini de sobreseer a Cristina Kirchner y a un centenar de empresarios en un tramo de la causa sobre cartelización de la obra pública.

El hecho de que lamentablemente ya no sorprendan tanto atropello, tanta manipulación de la Justicia y tanto juez dispuesto a dejarse manipular hace crecer la indignación de los ciudadanos de bien hasta límites intolerables.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen fallos destinados a garantizar impunidad a quienes han violado sistemáticamente sus deberes de funcionario público, a quienes han cometido delitos de corrupción que, en otros países, con poderes judiciales independientes, jamás habrían sido perdonados.

Desde ya que hay jueces probos, dirigentes políticos y empresarios éticos y honestos, pero por la defensa de esa misma probidad y el sostén de esa noble entrega al bien común es que se necesitan el dictado y la aplicación de condenas ejemplificadoras frente a quienes cometen delitos.

Como sociedad, debemos reclamar insistentemente la división e independencia de poderes y en contra de los autoritarismos encarnados en este tipo de dirigentes que, al estilo de Insfrán en Formosa y de Cristina Kirchner hoy en el Senado de la Nación, intentan apoderarse del Estado perpetuándose en el poder con el fin de garantizarse total impunidad tanto para ellos como para sus secuaces.