"Trapitos" y limpiavidrios: una extorsión inadmisible

La necesidad social no debe ser motivo para legitimar la ilegalidad mediante decisiones coyunturales y demagógicas que no resuelven los problemas de fondo
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17 de abril de 2014  

Por cuarta vez en menos de un lustro, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires se apresta a debatir proyectos antagónicos sobre una problemática de vieja data: qué hacer con la actividad de los denominados "trapitos" que actúan en la Capital.

Mientras los legisladores macristas proponen prohibirlos directamente, los representantes del kirchnerismo en el Parlamento porteño propician la creación de un registro de cuidadores de vehículos, por entender que quienes se desempeñan en ese tipo de actividades en la vía pública son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Un tercer proyecto del Movimiento Socialista de los Trabajadores también busca regular la actividad con registros, permisos y control público, con pago voluntario, no compulsivo.

Así, la discusión oscila entre la prohibición total y la legalización de una actividad que hoy ya está prohibida en el Código de Contravenciones, pero cuyas sanciones casi nunca se aplican porque la misma ley hace casi imposible a los automovilistas demostrar que son extorsionados. A los damnificados por los "trapitos" se les exige, entre otras cuestiones, contar con testigos del "apriete" o que las autoridades de control los pesquen in fraganti y luego se animen a denunciarlos. Y se sabe de la poca, por no decir nula, predisposición policial a hacer cumplir esa norma, ya sea por desinterés o porque, en no pocos casos, o tienen temor o participan económicamente del producto de esas mafias.

Desamparados, muchísimos automovilistas porteños y visitantes de la Capital terminan por acceder a esas presiones que, cada vez en mayor medida, derivan en incidentes graves, como ocurrió con la muerte de un cuidacoche en una disputa de poder con otros grupos igualmente ilegales, a fines del año pasado en Plaza Italia. O como ocurre diariamente en los corredores comerciales de alta concurrencia de público, donde son frecuentes los enfrentamientos, las agresiones verbales y hasta los golpes entre quienes defienden su derecho a estacionar en lugares públicos no tarifados y entre quienes hacen de esa práctica un negocio.

El espacio público, que es de todos, termina así siendo apropiado indebidamente por personas que no siempre se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como quieren hacer constar quienes promueven los registros de cuidadores de coches. Ese argumento resulta inaceptable. Creer que los cuidadores de vehículos que extorsionan a los automovilistas dejarán de hacerlo porque estén anotados en una lista o porque se cree una comisión y se nombren más funcionarios es de una inocencia supina, de una demagogia extrema.

Los porteños, que ya pagan sus impuestos y tasas, no deben ser obligados a pagar más para sostener una nueva estructura burocrática con el fin de legitimar una actividad que se presta a prácticas de lo más dudosas. Por otro lado, estimar que esas personas operan ilegalmente porque carecen de un marco regulatorio es desentenderse de la razón por la cual han llegado a procurarse el sustento de esa forma. Es atender -y de la peor manera- a las consecuencias de la enorme exclusión social que se registra en el país, en lugar de buscar las soluciones que correspondan para sacarlas del estado de indefensión que dicen querer reparar.

Por otra parte, si de lo que se trata es de contribuir a superar la situación de vulnerabilidad social -que debería ser realmente probada en cada caso-, en la ciudad ya existen mecanismos, como la autorización que ofrece el distrito a ese tipo de personas otorgándoles permisos para cuidar vehículos en la vía pública, las que se encuentran debidamente identificadas. Desde ya que esas autorizaciones, sin los necesarios controles, tampoco resultan efectivas. Hoy en la ciudad, muchos de esos cuidacoches habilitados cobran "en negro" una tarifa por estacionar, sin entregar el debido comprobante que acredita ese pago y que debe ser expuesto en la luneta de los vehículos, con día y hora de vencimiento. En esos casos, no puede dejar de citarse también la responsabilidad de los automovilistas que aceptan esa negociación incorrecta.

Pero el caso se torna aún mucho más grave cuando, como sucede cada vez con mayor frecuencia, se pone en juego la integridad física de víctimas y victimarios e, incluso, la carrocería de los vehículos cuyos dueños se niegan a pagar la extorsión. Del mismo modo, deben considerarse las presiones que ejercen los limpiavidrios callejeros que se lanzan sobre los autos detenidos en los semáforos exigiendo una contribución a los conductores, generalmente bajo amenaza. Está probado que muchos de ellos actúan en connivencia con asaltantes que aprovechan ese momento para apoderarse de los bienes de las personas.

El Código de Contravenciones no establece actualmente sanciones para quienes operan como limpiavidrios. El proyecto presentado por Pro dispone penas tanto para los "trapitos" como para los limpiavidrios y para aquellas personas que circulen por la calle con palos, cadenas o cualquier tipo de arma no convencional que pueda ser usada para intimidar o agredir. La oposición parlamentaria ya había logrado convertir en ley un proyecto similar al que ahora promueve, el que fue vetado por el Poder Ejecutivo local.

Es hora de que oficialismo y oposición en la ciudad decidan a conciencia la mejor forma de solucionar este tipo de graves atropellos. Es tiempo de que los ciudadanos recuperen el espacio público, de combatir con firmeza a las mafias y de desandar el camino de exclusión en el que se encuentran sumidas tantas personas que no logran lo mínimo para su subsistencia. Pero insistimos: esa decisión nunca debe pasar por legalizar lo ilegal ni por el avasallamiento de derechos consagrados en la Constitución y en las leyes.

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