Un año crítico para la institucionalidad del país

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31 de diciembre de 2020  • 00:00

Bajo el paraguas de la emergencia sanitaria se han cometido abusos, se limitaron derechos y se avasallaron poderes del Estado en busca de consagrar la impunidad

Es muy probable que la amplia mayoría de las agendas de los ciudadanos hayan registrado muy poca actividad durante el año que hoy termina. Desde su llegada a la Argentina, la pandemia por coronavirus ha arrasado y aún arrasa con muchísimas cosas. Sin ninguna duda, las más preciadas han sido las vidas que se ha cobrado. Y, lamentablemente, no hay garantías de que, aun con las vacunas -y como consecuencia del desconcierto que el Gobierno sembró en torno de ellas-, la situación vaya a estar controlada.

Desde lo político, ha sido un año sumamente crítico para la institucionalidad del país. Bajo el paraguas de la emergencia sanitaria, tanto el gobierno federal como muchos de los provinciales han desplegado un poder absolutamente discrecional que en algunos casos derivó en recortes de derechos y libertades consagrados por la propia Constitución nacional. En nombre de la emergencia, hubo mandatarios que cerraron las fronteras provinciales creando ilegales aduanas internas. Son harto conocidos los dramáticos casos de hijos que no pudieron despedir a sus padres moribundos, y al revés; de aquellos a los que les impidieron asistir a un familiar enfermo o inhumar a sus muertos, mientras desde lo más alto del poder el Presidente se reunía con dirigentes políticos y sindicales sin respetar ni el aislamiento, ni la distancia social, ni el esfuerzo del encierro al que se sometieron millones de ciudadanos para resguardar aquello que claramente traicionaban quienes ordenaban quedarse en casa subordinando la economía a la salud en una cuarentena extendida, cuyos efectos se sentirán por largo tiempo.

Pasada aquella primera etapa promisoria en que oficialismo y oposición se mostraron juntos en el manejo de la pandemia, las cosas tomaron otro rumbo. La grieta que el Presidente aseguraba que venía a cerrar volvió a profundizarse por acciones promovidas desde la propia alianza gobernante -incluso imponiendo a destiempo el abordaje de cuestiones sensibles que debieron haber esperado mejor momento-, y por las contradicciones de un poder claramente bifronte: un jefe del Estado que dice a todos lo que quieren escuchar y una vicepresidenta que lo contradice públicamente jerarquizando todo aquello que le resulta funcional a su necesidad de protagonismo y de impunidad judicial.

Del "volvimos mejores" al odio militante casi no hubo escalas. Cada uno a su manera, Alberto Fernández y Cristina Kirchner impulsaron acciones destinadas a demostrar poder y a horadar las instituciones: los organismos de control ya no controlan, la Justicia es atacada y cooptada desde todos los frentes posibles y la educación ha pasado a ultimísimo plano, al igual que la seguridad. Ni qué hablar del escaso o nulo reconocimiento profesional y económico al personal de la salud que literalmente da la vida cada día para salvar las del conjunto de la población o a los maestros que desempeñaron un rol clave en la pandemia, tan mal representados por gremialistas cercanos al Gobierno.

Del volvimos mejores al odio militante casi no hubo escalas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner impulsaron acciones destinadas a demostrar poder horadando las instituciones de la República""

El poder político real se materializó de numerosas formas durante 2020: en el descarado manotazo a la empresa Vicentin, en liberar riesgosos presos comunes, alentar tomas de tierras e impulsar pésimas reformas de iniciativas indispensables, como la ley de teletrabajo. También, en vapulear la economía del conocimiento y estafar literalmente a los jubilados con promesas de campaña que auguraban crecimiento económico, pero que consagraron en los hechos un vergonzoso retroceso.

Todo es motivo de revanchismo: se recortan alevosamente fondos a la ciudad de Buenos Aires; se idean organismos tendientes a censurar, retacear y hasta prohibir la libertad de expresión; se ataca a los jueces que intervienen en causas de corrupción en las que se investiga a funcionarios y exfuncionarios, mientras se llenan vacantes con magistrados amigos. Se promueve el juicio político al procurador general de la Nación; se propician cambios a la legislación para reducir mayorías hoy políticamente inalcanzables para el oficialismo; se objetan traslados de jueces y se busca ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la comisión que estudia esos cambios la integra el abogado de la vicepresidenta, motor y una de las principales beneficiarias de las modificaciones que se impulsan. Y hay tiempo también para traicionar acuerdos políticos borrando ascensos a militares por el solo hecho de haber declarado como testigos en expedientes en los que se investiga a representantes del poder en ejercicio. Paralelamente, se sigue reivindicando la guerrilla de los 70, con el fin de imponer una memoria incompleta y una versión forzada de la historia adoctrinando a alumnos desde los primeros años de escolaridad.

Se insiste en el invento de una persecución mediático-judicial mientras que, en un juego de fuerzas en el que siempre se impone la vicepresidenta, se intenta destruir la propiedad privada y el país termina alineándose con varias de las dictaduras más execrables, con una política exterior que poco favorece nuestra inserción en el mundo.

A caballo de una demagogia cuyos lamentables resultados deberemos pagar durante años, se siguen pasando a planta permanente decenas de miles de agentes públicos y el Estado absorbe otros miles de trabajadores provenientes de cinco de las seis concesiones viales a las que el Gobierno les rescindió contrato, comprometiendo también el futuro de infraestructuras básicas.

Como en su momento dijo el entonces ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof, queda hoy demostrado que la seguridad jurídica es para todos los gobiernos de raigambre kirchnerista una "palabra horrible", al igual que la propiedad privada, el campo y el respeto por quienes invierten o podrían invertir en el país . Y como si todo ello fuera poco, el Poder Ejecutivo pone como ejemplos de destacados dirigentes políticos y sindicales a personajes de la estatura moral de Gildo Insfrán y Hugo Moyano .

El año que comienza nos enfrenta a muchos desafíos. Dependerá de nosotros cómo los encaramos y qué y cuánto le exigimos a nuestra dirigencia para que esté a la altura de las circunstancias

Desde el comienzo de la pandemia, el Presidente y sus más estrechos colaboradores vienen reiterando que ahora sí hay un "Estado presente". En rigor, se sigue engordando un Estado elefantiásico que falla cada vez que se le exige garantizar sus deberes básicos esenciales: salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura de servicios y manejo idóneo, claro y transparente de los dineros públicos, que no son otra cosa que los aportes de la ciudadanía mediante el pago de impuestos, hoy agobiada por una presión fiscal sin precedente.

El año que comienza nos enfrenta a muchos desafíos. Dependerá de cada uno de nosotros cómo los encaramos y qué y cuánto le exigiremos a nuestra dirigencia para que esté a la altura de las circunstancias. Sería deseable que haber pasado por tanto dolor, por tanta pérdida, nos ayude a afrontar el futuro con valentía, entereza y mayor conciencia y compromiso cívicos.

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