Un camión cargado de soja

Cuesta percibir una decisión gubernamental concerniente al campo despojada de la voluntad objetiva de perjudicarlo. La última temeridad en ese sentido ha sido privar a los productores agropecuarios de líneas crediticias abiertas a raíz de las consecuencias de la pandemia si acopian el 5% o más de las tenencias en soja y en trigo.

Un gobierno que después de más de cinco meses de haber asumido ha sido incapaz de elaborar un plan económico, al menos para discutir con más seriedad con los acreedores del país, es el que viene a descalificar por supuesta morosidad a los productores en lo que es de su estricta competencia. Ya estaban estos lesionados por la política oficial en toda la línea de su actividad. Ahora eso ha parecido poco a quienes ejercen el poder.

Hasta con la regularidad de aquellos cucús de la vieja relojería de la Selva Negra que entre péndulos, cadenas y contrapesos salían cada hora de su caja, una senadora por Río Negro del Frente de Todos se ha descolgado por enésima vez con un proyecto de restauración de la organización monopólica estatal de infausta memoria que fue la Junta Nacional de Granos. Si la motivación fuera más plausible, no dejaría de ser simpático que una legisladora de Bariloche dejara trasuntar la influencia perdurable de tradiciones alemanas en esa gran aldea patagónica.

El espíritu de la decisión financiera que acaba de conocerse es afín a la vieja política intervencionista del comercio exterior que tanto sufrieron las actividades rurales del país. Con el precio de las commodities agrícolas dañado por la marcha de la economía mundial, los productores no pueden menos que determinar según su criterio cuándo vender o no el resultado de sus esfuerzos campaña por campaña. La elección del momento oportuno es una forma de velar por el propio capital de trabajo.

Los mecanismos retorcidos de la política cambiaria determinaron la coexistencia de un número absurdo de cotizaciones simultáneas y diferentes para una misma moneda, como es el dólar. No conforme con aplicar impuestos discriminatorios a la producción agropecuaria, como las retenciones, el Gobierno la golpea aún más, asignándole por sus ventas un dólar cuyo valor es menos de la mitad del que circula en la calle a través del voceo de "Dólar, dólar" a la vista de todo el mundo.

Han pasado veinte días sin que ninguna autoridad oficial haya desmentido el cuadro comparativo que publicamos en medio de este texto. Su autoría pertenece a Néstor Roulet, reconocido dirigente del interior, exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Los resultados que devienen de este trabajo son referenciales, dado que las alternativas de nuestra economía, y no solo por la pandemia, poco resisten el paso del tiempo, que se mensura en ese sentido por días; ni siquiera por semanas o meses. Pero como elemento orientador el cuadro de Roulet sirve de testimonio de una cruel realidad para el campo.

El productor argentino está en evidente desventaja frente a sus homólogos de otros países. En el caso de la soja, percibe un 147% menos que sus homólogos de Uruguay; 136% menos que los de Brasil, y 124% menos que los de Paraguay. La brecha con los productores norteamericanos es aún mayor, del 148%. Una larga política de desincentivos a las inversiones, la erosión monetaria por la inflación y el crecimiento despiadado del gasto público se han sostenido, si es que puede aplicarse el vocablo, a expensas del esquilmado sector privado, y particularmente del sector agropecuario.

Así estamos también de mal respecto del retroceso relativo del país. En el período 1970-2020, o sea, en los últimos cincuenta años, el rango del crecimiento promedio anual del PBI pondera esa argumentación: la Argentina subió el 1,7%; Brasil, 3,4; Chile, 3,9; Perú, 3,2, y Estados Unidos, 2,7.

Las diferencias entre un país normal, en el sentido de que es capaz de mantenerse en la misma línea de los países libres y ordenados del mundo, y un país anormal se evidencian para el campo, según el trabajo de Roulet, en un dato de simple explicación. El productor argentino cobra por la carga de un camión de soja 389.000 pesos. Si la remuneración por la cosecha obtenida después de haber lidiado con un fisco confiscatorio estuviera libre de retenciones o del sometimiento a un diferencial cambiario, por cada camión cargado de granos de soja el productor recibiría 1.038.000 pesos.

Nada indica que en el futuro inmediato se alivie al campo de tanto desaliento padecido.