Un dinosaurio... ¿vivo?

Un decreto que en 2005 concedió beneficios extraordinarios a una empresa patagónica comprada por Cristóbal López derivó en una investigación judicial
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22 de mayo de 2019  

En los años setenta, los gobiernos militares impulsaron el desarrollo de industrias básicas como forma de consolidar la soberanía nacional y evitar la dependencia del exterior. Como esos propósitos coincidían también con el ideario peronista, los distintos proyectos sobrevivieron a los cambios de gobiernos, civiles o de facto.

La particularidad de muchos de estos es que demandaron enormes recursos del Estado por vía de créditos de la banca de desarrollo, avales de la Secretaría de Hacienda y una artillería de mecanismos fiscales para suplir la falta de capital de los inversores con exenciones impositivas o diferimientos de IVA.

Esas enormes plantas se construyeron y se pusieron en marcha con suerte desigual, ya que, en algunos casos, los proyectos no apuntaban realmente a producir insumos en forma competitiva, sino para invertir en exceso fondos públicos y de esa manera obtener "retornos" de contratistas y proveedores. Años después cambiaron de manos y varias fueron vendidas a inversores serios que las pagaron a su verdadero precio. Es decir, por mucho menos de lo que costaron al erario público.

El tiempo ha pasado y esas distorsiones quedaron en el olvido. Quizás sepultadas bajo escándalos mayores, como los ahora ventilados en la justicia federal.

Sin embargo, uno de esos "dinosaurios" (parafraseando a la diva del teléfono) aún ¡queda vivo! y no es necesario visitar el Museo de Ciencias Naturales de La Plata para estudiarlo. Se trata de un enorme saurio del Jurásico, extinguido hace varias décadas, justamente en la Patagonia, uno de los reservorios de fósiles más grandes del mundo. Lo sorprendente es que, siendo presidente, Néstor Kirchner lo resucitó con una imposición de manos normativa, que demostró su olfato para armar negocios desde el poder.

Nos referimos a Alpat o Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de calcio (soda solvay), insumo para la fabricación del vidrio, radicada en Río Negro, donde abundan las salinas y la piedra caliza. La historia de Alpat comenzó en 1973, cuando el Estado nacional celebró el contrato inicial para la construcción de la planta. Sin embargo, hasta el año 2005 no había sido puesta en marcha a pesar de haber insumido más de US$500 millones en fondos del Estado, según estimaciones privadas.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron pesificar sus deudas, refinanciar pasivos y obtener mayores prebendas fiscales, pues la empresa tenía patrimonio neto negativo. Dados los años transcurridos, los cambios en el mercado internacional y los sobrecostos incurridos, tampoco tenía competitividad para operar. El expresidente rechazó el pedido en ese momento, pero la oportunidad surgió cuando falleció el dueño de Alpat, el francés Marcel Degraye, que la controlaba a través de Bergo Anstalt, una sociedad de Liechtenstein.

Para los herederos fue un presente griego, pues la otrora rentable Alpat había dejado de serlo al ponerse en marcha. Agobiada por deudas y por su tecnología obsoleta, no podía ser competitiva sin renovación de los privilegios acordados un cuarto de siglo atrás. El beneficio de facturar sin depositar el IVA, para cuando la planta funcionase, había expirado hacía muchos años. A los antiguos dueños eso nunca los preocupó, pues el objetivo del proyecto no era producir soda solvay, sino obtener fondos del Estado para continuar comprando equipos y pagando servicios, a precios "inflados".

Pero Kirchner advirtió que tenía un buen negocio para sus amigos. Habiendo negado los beneficios solicitados por los dueños, les sugirió que la vendiesen por el monto del pasivo a Cristóbal López . Luego de pactar los términos de la compra, el zar del juego obtuvo del presidente Kirchner el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 475/05, tan urgente y tan necesario como el firmado dos años después para las tragamonedas de Palermo. En un santiamén, Alpat se hizo competitiva, los pasivos desaparecieron, la liberación del IVA se aplicó y se cerró el mercado a las importaciones.

Por orden presidencial, sus escribas redactaron una cuestionable norma, invocando la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo que se trataba de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".

Ese decreto escandaloso, que fue firmado por Néstor Kirchner; su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández , y nueve ministros, derivó, en 2017, en una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, y simularse el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos para el dictado de un DNU. Actualmente, la causa se halla radicada en el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Como Cristóbal López no efectivizó la compra de Alpat hasta no tener asegurados los beneficios del decreto, ello obligó a incluir una cláusula autorizando la transferencia accionaria posterior, modificando una regla de oro de la promoción industrial: no se puede cambiar el dueño de una sociedad con beneficios sin que estos caduquen.

Disfrazado de "Reformulación de los Términos del Proyecto de Promoción Industrial", el decreto 475/05 otorgó nuevamente a esa empresa el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una fábrica con la promoción industrial vencida y con dueños distintos a los originarios.

En junio de 2006, se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S y otras compañías de Cristóbal López, había adquirido el control de Alpat. Para completar el negocio, se concedió a Alpat una protección arancelaria del 10%, sumada al régimen de licencias no automáticas y a la inhabilitación para el desembarco del producto por la aduana de Campana, por donde históricamente ingresaba el grueso de carbonato.

Se refinanció, asimismo, una deuda con el Estado nacional por $162,3 millones (con reducción de tasa y eliminación de punitorios) y se autorizó a Alpat a cancelarla parcialmente con un crédito fiscal de IVA, acumulado por las compras durante la construcción. Este privilegio fue inédito y paradójico, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia de 1986, justamente llamado "caso Alpat", donde se resolvió que los créditos por IVA no son reintegrables por el fisco y solo pueden usarse contra futuros débitos fiscales generados con el giro del negocio.

Años después, el circuito se completó, al convertirse Alpat en otro inquilino de Los Sauces, retribuyendo así a la familia Kirchner tantas necesidades y urgencias con alquileres.

La historia de este "dinosaurio" patagónico debe tener lugar relevante en la paleontología de los desastres económicos argentinos. Quizás al frente de este estudio debería estar alguno de los sagaces integrantes de equipo de Cristina Kirchner , destacados por su perspicacia para detectar conspiraciones de la "antipatria" contra los auténticos intereses nacionales.

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