Un intendente, a juicio oral por narcotráfico

Se necesitan condenas ejemplares para los funcionarios que tan livianamente traicionan el mandato de las urnas, confiados en que quedarán impunes
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18 de marzo de 2019  

El impresionante auge del negocio del narcotráfico no es posible sin la complicidad de sectores de la política y de las fuerzas de seguridad. Hace pocos días se conoció la resolución por la cual el intendente de la ciudad de Paraná , Sergio Varisco, exdiputado nacional por la UCR , será sometido a un juicio oral por el supuesto financiamiento de bandas dedicadas al narcotráfico. Lamentablemente, no es un caso aislado. Ya ha habido otros jefes comunales investigados por el mismo delito.

Resulta alarmante conocer los detalles de la presunta vinculación de una autoridad elegida por los ciudadanos para conducir los destinos de su comunidad con este delito. Constituye también una alerta preocupante para las instituciones de la democracia.

A partir de esta investigación están detenidos un concejal y otros funcionarios del municipio. La resolución fue dictada por el juez federal de la capital entrerriana, Leandro Ríos, quien rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Varisco. Consideró que el requerimiento del fiscal federal Carlos García Escalada de elevación a juicio "concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada".

En su disposición, el juez detalló que el intendente Varisco, el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira, entre otros, fueron procesados por "financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente". Asimismo, indicó que "debe mantenerse la calificación seleccionada por el fiscal federal", quien, a principios de mes, agregó a la acusación el delito de "peculado". En la presentación de la fiscalía, el intendente de Paraná figura como "financiador y adquiriente" de la droga; el concejal Hernández, como "adquiriente colaborador", y la funcionaria Bordeira, como "adquiriente colaboradora".

La investigación se inició en 2017, cuando fue detenido Daniel "Tavi" Celis, supuesto cabecilla de la organización y puntero que trabajó para la campaña de Varisco en 2015, en momentos en que una banda descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en Colonia Avellaneda, cerca de Paraná. Celis es considerado por la Justicia Federal como "organizador, proveedor y financiador" de una red narco en esa región.

A comienzos de mayo del año último, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y varios domicilios vinculados con el intendente, acciones en las que se secuestraron elementos y documentación, que se sumaron a la causa y que derivaron en procesamientos.

Para el juez Ríos, personas comandadas por Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández, "comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína", con funciones de "organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" en Paraná y Concordia. Según el magistrado, Celis era quien adquiría el estupefaciente y quien financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado en septiembre de 2017 con el intendente de Paraná y con el resto de los procesados vinculados a la función pública. Lucía Lemos, expareja de Celis y también imputada en el caso, declaró que ella misma entregó seis kilos de droga que llevó en una mochila hasta la oficina de Bordeira en el Palacio Municipal de Paraná, por orden de Celis, una dinámica que -aseguró- se habría repetido en más de una oportunidad. La Justicia incluso presume que la cocaína se pagaba con dinero público y luego era vendida al por mayor por empleados y funcionarios del llamado "narcomunicipio", hasta el punto de involucrar camiones de recolección municipal en la distribución.

A pesar de la gravedad de su situación procesal, Varisco es uno de los 16 precandidatos habilitados por el tribunal electoral a competir en las PASO del 14 de abril para dirimir la candidatura a la intendencia paranaense. Él insistió en su indagatoria en que todo se trata de una campaña dirigida a ensuciarlo, afirma que siente "mucha tranquilidad" y niega integrar una red de narcotráfico. Por su parte, la Justicia dictó un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes para mantener su excarcelación.

Es de esperar que la Justicia avance en la investigación y el juicio oral programado hasta esclarecer totalmente los hechos comentados. El combate contra el narcotráfico demanda condenas ejemplares para todos los involucrados en su perversa acción, mucho más cuando se trata de funcionarios que traicionan tan livianamente el mandato de las urnas, confiados en que quedarán impunes. De comprobarse todo lo descripto, una vez más, será la Justicia la encargada de poner en caja estos vergonzosos procederes cayendo con todo el peso de la ley sobre quienes corresponda.

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