Un juez denunciado

La gravedad de las denuncias contra Sal Lari exige que no se defienda a este magistrado por razones ideológicas
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23 de julio de 2012  

Afirmar que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es casi una perogrullada. Es el gran tema y la comunidad no ve satisfechos sus legítimos reclamos en este caso. Es más, permanentemente se tropieza con una fuerte negación gubernamental que, por ejemplo, prefiere ignorar el reclamo como si no existiera. Hablar de "sensación de inseguridad" es un claro ejemplo de negación de existencia de un problema.

Por esta razón ha despertado especial preocupación el emblemático caso del jury al juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, quien ha sido acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires por numerosas presuntas irregularidades en el ejercicio de su función. Los acusadores entienden que se trata de verdaderos delitos en el ejercicio de la función judicial.

Los casos más graves versan sobre su actuación en el asesinato del ingeniero Carlos Regis, y el intento hacia su hija, quien recibió un disparo en la cara por intentar defender a su padre. Los responsables fueron atrapados, pero resultaron excarcelados pues el juez consideró que las armas que portaban no serían utilizadas para delinquir. Está también el caso de Jorge Luis González, una persona que fue liberada por la cámara del fuero y que Sal Lari habría mantenido en prisión durante siete meses adicionales sin motivo alguno; cuatro abusos sexuales con violación en los cuales excarceló a los violadores por considerar que no había peligro, en abierta contradicción con la protección debida a los menores y víctimas involucradas, y así en un total de 16 denuncias iniciales.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y la hija del infortunado ingeniero Regis fueron algunos de los denunciantes.

El tema de fondo es que el juez denunciado, por un motivo o por otro, siempre deja en libertad a los denunciados, excarcelándolos cuando son comprobadamente peligrosos, a todos con excepción del infortunado González, al cual, sin sospecharse por qué, mantuvo en prisión a pesar de haberse ordenado su libertad. El dolor y el temor de las victimas, y la protección de la comunidad ante la creciente ola de violencia desatada requieren una actitud distinta. Y no se trata de postular ni el abolicionismo ni la mano dura o de volver a épocas pretéritas, sino muy sencillamente de aplicar la ley con criterio razonable y sentido común. No parece sensato imaginar que las armas de grueso calibre son para cazar gorriones en San Isidro.

El trámite ante el jury de enjuiciamiento ha sido hasta el presente por demás restrictivo. Se pretende que de todas las denuncias subsista una sola, la de la liberación postergada por Sal Lari. Los denunciantes han planteado todo tipo de incidencias procesales, sin éxito alguno. Parecería que la corporación judicial bonaerense ha considerado erróneamente que se trata de un ataque al Poder Judicial o de una persecución al magistrado, y no la pretensión de que se analicen y traten objetivamente cada una de las denuncias para discernir si la conducta del magistrado ha estado, o no, acorde con sus deberes de juez.

Con todo respeto por las libertades individuales, la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, es indudable que los señores jueces se deben no sólo a sus ideologías particulares, sino también a la comunidad donde son llamados a ejercer su excelsa función. El permanente abuso de las excarcelaciones y el empleo de menores para delinquir, entre otras muchas situaciones, generan la sensación de impunidad en el delincuente, y eso se traduce en la total inseguridad para el ciudadano.

Los organismos destinados a juzgar la conducta de los magistrados no deben convertirse en barreras de defensa corporativa de éstos, sino en severos y justos analistas de las conductas que los denunciantes les someten a su consideración y juicio.

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